Los hijos de los españoles nacionalizados por la ley de nietos que vivan en el extranjero podrán votar el 29-N. El Tribunal Supremo ha renunciado a extender a este grupo la suspensión del derecho al sufragio que decretó en septiembre para los hijos y nietos de la emigración y el exilio que han obtenido la nacionalidad con la Ley de Memoria Democrática. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado la petición de Iustitia Europa y Vox, que reclamaron que la medida adoptada por los jueces para más de 163.000 nacionalizados como descendientes del exilio se extendiera a su vez a los hijos de estos, nacionalizados por otro apartado de la Ley de Memoria que no está afectado por la suspensión del voto acordada por el Supremo. La Abogacía del Estado se había opuesto a esa posibilidad y alegó ante los jueces que ampliar la suspensión del derecho al voto pondría en riesgo el cumplimiento de los trámites legales para el 29-N e incluso podría afectar al escrutinio.
Los magistrados han adoptado esta decisión al considerar que la petición de Vox y de Iustitia Europa se planteó “transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral”; y, en el caso de los nacionalizados residentes en el extranjero, a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados. En este sentido, han determinado que iniciar ahora un proceso de revisión del censo electoral de españoles residentes en el extranjero ―“además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio”― resulta “contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral”.
Los datos del Ministerio de Exteriores incorporados al procedimiento por la Abogacía del Estado cifran en más de 189.000 las personas que se han nacionalizado por el supuesto de la Ley de Memoria sobre el que tenía puesto el foco ahora el Supremo. El alto tribunal ordenó en septiembre excluir del censo a más de 163.000 nuevos españoles que adquirieron la nacionalidad bajo el paraguas del apartado 1.1. de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria, que reconoce el derecho a la nacionalidad, entre otros, a los hijos y nietos de quienes la hubieran perdido tras haberse exiliado por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual. Pero esa decisión de la Sala de lo Contencioso dejó dentro del censo a los hijos de quienes tienen el voto suspendido y que se han nacionalizado gracias a ellos. Estos últimos —en muchos casos bisnietos de los españoles que se exiliaron o emigraron en la posguerra— han adquirido también la nacionalidad por la Ley de Memoria, pero por un apartado, el 1.b de la disposición adicional octava. Sobre este grupo es sobre el que Iustitia y Vox reclamaron que se extendiera la suspensión del voto.
Ese apartado 1.b —llamado Anexo III en los trámites reglados por la instrucción de Justicia— reconoce el derecho a ser españoles de “los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad” por la Ley de Memoria Histórica de 2007 o por el apartado 1 de la disposición adicional octava de la propia Ley de Memoria de 2022. Según los datos aportados por Exteriores, en el censo del 1 de agosto, el que cuenta para las elecciones del 29-N, hay 189.678 españoles nacionalizados por esta vía, pero esta cifra incluye también a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica de 2007, que no está bajo la lupa del Supremo.
El Gobierno no tiene una cifra de cuántos de los inscritos en el CERA han obtenido la nacionalidad por la norma de 2022 y cuántos por la de 2007, pero la Abogacía del Estado ha advertido de que estos últimos no son “en absoluto un colectivo residual”. En respuesta a una pregunta planteada en el Congreso por el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, incorporada a procedimiento que se sigue en el Supremo, el Gobierno cifró en febrero de 2023 en 373.616 el total de nacionalizados por la Ley de Memoria Histórica de 2007, pero no hay datos sobre cuántos residen actualmente fuera de España y están inscritos en el CERA.
Iustitia Europa y Vox reclamaron al Supremo que exigiese al Gobierno la relación nominal de electores incluidos en el censo del extranjero que hayan adquirido la nacionalidad por el apartado 1.b de la ley de 2022 y se identifique al progenitor del que deriva su nacionalidad y la vía por la que la consiguió, una medida que los servicios jurídicos del Gobierno consideran de “imposible cumplimiento”, según avanzaron en las alegaciones a esa petición registradas esta semana en el alto tribunal. “Es imposible porque esa relación nominal que se interesa no existe, y además con el ‘plus’ añadido, y que a estos efectos cautelares es esencial, que haya de enlazarse con su progenitor y con la concreta vía por la que adquirió la nacionalidad”, advirtió la Abogacía. Según los servicios jurídicos del Gobierno, plantear esa petición a estas alturas, cuando ya se ha remitido la documentación electoral y “sin que exista tiempo material posible antes del 21 de noviembre (inicio del proceso de votaciones conforme a lo previsto en el artículo 75 de la LOREG) para realizar ningún tipo de selección, solo puede desembocar en sembrar la duda sobre la legitimidad del voto de estas personas”.
