El Supremo rechaza suspender también el voto de los 189.000 hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Los hijos de los españoles nacionalizados por la ley de nietos que vivan en el extranjero podrán votar el 29-N. El Tribunal Supremo ha renunciado a extender a este grupo la suspensión del derecho al sufragio que decretó en septiembre para los hijos y nietos de la emigración y el exilio que han obtenido la nacionalidad con la Ley de Memoria Democrática. Los magistrados han rechazado la petición de Iustitia Europa y Vox, que reclamaron que la medida adoptada por los jueces para más de 163.000 nacionalizados como descendientes del exilio se extendiera a su vez a los 189.678 hijos de estos, nacionalizados por otro apartado de la Ley de Memoria que no está afectado por la suspensión del voto acordada por el Supremo. La Abogacía del Estado se había opuesto a esa posibilidad y alegó que ampliar la suspensión del derecho al voto pondría en riesgo el cumplimiento de los trámites legales para el 29-N e incluso podría afectar al escrutinio. El tribunal coincide en el primer punto por el “breve lapso temporal” que queda hasta los comicios.

Los magistrados recalcan que la petición de Vox y de Iustitia Europa se planteó “transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña”; y, en el caso de los nacionalizados residentes en el extranjero, a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados. En este sentido, entienden que iniciar ahora un proceso de revisión del censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) ―“además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio”― resulta “contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral”.

El tribunal insiste en que las decisiones que ha adoptado hasta ahora sobre los nietos “han partido y están presididas por la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, concretada en la pureza o certeza del censo electoral que debería aplicarse a los procesos electorales y, por tanto, de los procesos electorales mismos, que son el marco central y fundamental donde se desarrolla el derecho fundamental de participación política de los ciudadanos”. Y recalca que el pasado septiembre, cuando suspendió el voto de los nacionalizados que viven en el extranjero, el escenario nacional no incluía un horizonte electoral inminente.

Los magistrados recuerdan que en este momento las Juntas Electorales, la Oficina del Censo Electoral y la Administración consular “se encuentran en pleno desarrollo de las funciones que les ha encomendado la legislación electoral” y están “ejecutando” las resoluciones que dictó el Supremo en septiembre y octubre. “De hecho, la Oficina del Censo Electoral, en su informe del pasado 28 de octubre, señalaba que quedaban todavía 30.482 registros sin identificar, para poder cumplir la suspensión de la inscripción en el CERA acordada en nuestros autos, y que estaba pendiente de recibir de los consulados información adicional para su identificación en el referido censo”, apuntan. Y añaden que, en lo que respecta al tribunal, todavía está “resolviendo los recursos que están interponiendo las partes personadas”.

Teniendo en cuenta todos estos factores, el Supremo asegura que “tiene serias dudas sobre la viabilidad” de suspender el voto también a los hijos de los nietos nacionalizados, porque dicha medida debería estar acompañada de actuaciones y garantías como “requerimientos a la Administración para identificar a los afectados”, “emplazamiento a los interesados para su personación y presentación de alegaciones”; así como “otras medidas de conservación y custodia de la documentación electoral correspondiente a las personas cuya inscripción en el CERA haya sido acordada”. Así, los magistrados inciden en que el periodo electoral restante “es tan reducido que permite cuestionar la posibilidad de su ejecución en tiempo hábil”; entre otros motivos, subraya, porque “depende de la actuación de múltiples administraciones y terceros, en términos que la Sala no puede prever”. Recalcan, además, que el número de hijos de los nacionalizados (189.678) es “superior” a la cifra de nietos que ya tienen el voto suspendido (162.454).

Así, los magistrados explican que, en este caso, la “valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar”. A su juicio, aceptar la petición de Vox y de Iustitia Europa pudiera generar una “perturbación grave de los intereses generales”.

Fuentes del Gobierno sostienen que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha celebrado la decisión adoptada por el Supremo, aunque apuntan que en La Moncloa lamentan que el razonamiento expuesto este lunes no se haya aplicado a los españoles que obtuvieron la nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática que ahora mismo tienen suspendido su derecho al voto.

Los 189.000 hijos de los ‘nietos’

Los datos del Ministerio de Exteriores incorporados al procedimiento por la Abogacía del Estado cifran en más de 189.000 las personas que se han nacionalizado por el supuesto de la Ley de Memoria sobre el que tenía puesto el foco ahora el Supremo. El alto tribunal ordenó en septiembre excluir del censo a más de 163.000 nuevos españoles que adquirieron la nacionalidad bajo el paraguas del apartado 1.1. de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria, que reconoce el derecho a la nacionalidad, entre otros, a los hijos y nietos de quienes la hubieran perdido tras haberse exiliado por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual. Pero esa decisión dejó dentro del censo a los hijos de quienes tienen el voto suspendido y que se han nacionalizado gracias a ellos. Estos últimos —en muchos casos bisnietos de los españoles que se exiliaron o emigraron en la posguerra— han adquirido también la nacionalidad por la Ley de Memoria, pero por un apartado, el 1.b de la disposición adicional octava. Sobre este grupo es sobre el que Iustitia y Vox habían reclamado que se extendiera la suspensión del voto.

Ese apartado 1.b —llamado Anexo III en los trámites reglados por la instrucción de Justicia— reconoce el derecho a ser españoles de “los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad” por la Ley de Memoria Histórica de 2007 o por el apartado 1 de la disposición adicional octava de la propia Ley de Memoria de 2022. Según los datos aportados por Exteriores, en el censo del 1 de agosto, el que cuenta para las elecciones del 29-N, hay 189.678 españoles nacionalizados por esta vía, pero esta cifra incluye también a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica de 2007, que no está bajo la lupa del Supremo.

El Gobierno no tiene una cifra de cuántos de los inscritos en el CERA han obtenido la nacionalidad por la norma de 2022 y cuántos por la de 2007, pero la Abogacía del Estado ha advertido de que estos últimos no son “en absoluto un colectivo residual”. En respuesta a una pregunta planteada en el Congreso por el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, incorporada a procedimiento que se sigue en el Supremo, el Gobierno cifró en febrero de 2023 en 373.616 el total de nacionalizados por la Ley de Memoria Histórica de 2007, pero no hay datos sobre cuántos residen actualmente fuera de España y están inscritos en el CERA.