Empresarios investigados por blanqueo usaron un grupo de WhatsApp para sobornar a políticos andaluces

El 24 de octubre de 2023, el grupo de WhatsApp de empresarios de Cádiz y Sevilla investigados en una supuesta trama de blanqueo de dinero del narco con contratos con la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía, estaba especialmente creativo. Tenían prisas por cerrar contratos de patrocinio con la Junta y así expandir su festival de reguetón Puro Latino, nacido en El Puerto de Santa María, a otras localidades. Mario G.L., el narco cabecilla, intenta averiguar si se le ha dado “algo” a un tal Gordo, un cargo de la Administración andaluza, y comienza la lluvia de ideas. “Yo es que para eso soy muy generoso”, avanza. Así que propone una mordida “del 10%” de lo que consiga y “regalitos todo el año”. Miguel V., otro de los investigados replica: “Un jamón y dentro métele tres o cinco mil euros”.

El extracto de esa charla —de la que por ahora no queda claro si, finalmente, ese Gordo recibió alguna dádiva o no— es tan solo una de las tantas que habla de intentos de sobornos a políticos del PP andaluz, que recoge la documentación judicial del caso, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que investiga a 11 empresarios de Cádiz por blanqueo de capitales, cohecho o malversación de caudales públicos. En distintos mensajes y audios enviados entre ellos hablan de la necesidad de presionar y recompensar a cargos públicos de la Consejería de Turismo de la Junta o la Diputación de Cádiz por acelerar o conseguir contratos de patrocinio para sus festivales con los que presuntamente pretendían lavar dinero negro procedente del narcotráfico.

En una esas conversaciones grupales, el 27 de octubre de 2023, Mario G. L., con múltiples antecedentes policiales por narcotráfico apunta: “Primero hay que usar siempre a Germán [Beardo, alcalde de El Puerto y vicepresidente de la Diputación de Cádiz] y PP”. Apenas unos días antes, el mismo investigado alardea en otra conversación de no tener ideología: “Soy de quien me ayuda y El Puerto me ayuda mucho”. Ambas aseveraciones forman parte de las pesquisas realizadas por la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, aportadas al Juzgado Número 5 de El Puerto. En ellas, se desgrana todo el entramado societario que unía a Mario con Pascual Llopis, un potente empresario de la noche y hostelero de El Puerto, amigo de Beardo. Sin embargo, por ahora, la investigación no ha logrado recabar pruebas fehacientes y concretas de si él y el resto de cargos mencionados cedían a esas presiones o aceptaban esos “regalitos”.

En busca de esas pruebas, la Guardia Civil entró el miércoles de la semana pasada en el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz que dirige Beardo para solicitar documentación y correos. Los agentes se llevaron datos de cinco contratos de patrocinio que, en los últimos dos años, había rubricado ese departamento con Bahía Luz Restauración S. L. y Luna Bahía S. L. —controladas por Llopis y su hijo— por seis eventos en los que la Administración provincial abonó 1,1 millones de euros. En el caso de la segunda empresa, el dinero se entregó después de la premisa “incierta”, como asegura uno de los autos, de que el festival Pal Sur había tenido “gran éxito” el año anterior, cuando el evento del que hablaban era otro y ni había sido organizado por esa empresa, que se había constituido apenas tres meses antes de solicitar el patrocinio.

Los investigadores también recopilaron información en la Consejería de Turismo de Sevilla, en este caso para recabar todos los datos relativos a los contratos de patrocinio dados al Festival Puro Latino desde 2023 hasta ahora, en un importe aún desconocido. La única certeza es la que aportaba el propio Mario G. L. cuando, en sus conversaciones con el resto de empresarios, apuntaba a intentar conseguir “un millón y pico”. Para ello, era clave la figura de un cargo de dicha Consejería al que citan como el Gordo —sin llegar a identificar con claridad— y del que Llopis asevera: “A ese le gusta tela”. Además, la trama se organizó para presionar a otro cargo de la Junta de Andalucía e intentar conseguir hueco para su festival en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, al que también hablaron de dar “regalitos”. Ni uno ni en otro caso, en la documentación de la investigación aparecen pruebas de que ambos sobornos se llegasen a materializar de alguna forma.

La investigación contra la supuesta trama de blanqueo por la que Llopis y Mario G. L. están ya en prisión provisional nace del extenso cerco policial por narcotráfico que atenazan al segundo, que aparece investigado en dos operaciones y está a la espera de juicio por un sabotaje del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de Conil en diciembre de 2015. En la denominada Operación Caramelo —en la que se recuperaron 5,5 kilos de cocaína—, la Guardia Civil de Cádiz se hizo con un iPhone de Mario, de cuyo volcado se extrajeron todas las conversaciones de la actual causa. A eso se sumó la detención de un guardia civil en otra operación, la Turister, acusado de colaborar con un grupo que se dedicaba al narcotráfico y el blanqueo. En su declaración hace más de un año, el agente aseguró trabajar para los “dueños de varias discotecas de El Puerto de Santa María y de la organización del festival denominado Puro Latino”.

Resultó que esos supuestos jefes de la trama eran el propio Mario y Pascual Llopis. Ambos se conocían desde 2016 y mantenían un intrincado sistema societario en el que Llopis actuaría como “testaferro”, según asegura el auto que les llevó a prisión provisional. Sin embargo, los investigadores acusan a Mario G.L. de ser el administrador real de esas empresas. Entre ellas destaca Pisgo de Inversiones S. L., que actuaba como nodo central del holding del que pasaron a depender las empresas que gestionan negocios de hostelería y de ocio nocturno de El Puerto. Además, Pisgo también era propietaria al 39% de la empresa que organiza el Puro Latino, un festival que, según la documentación judicial, resultó deficitario en 2022 y 2023. De ahí que Mario inyectase dinero en efectivo de supuesto origen ilícito y el grupo presionase para hacerse con fondos públicos de la Diputación y la Junta.

La mayoría de los detenidos entre el miércoles y el jueves de la semana pasada se acogió a su derecho de no declarar. Los pocos que lo hicieron, además del abogado que representa a Llopis en un vídeo subido a sus redes sociales, aseveraron desconocer el origen en el narcotráfico del dinero bajo la lupa. Sin embargo, la documentación recoge como, tras una detención en 2019 por tráfico de drogas, el supuesto narco realizó una venta de acciones de una de las empresas que compartía con Llopis a favor de su esposa. A eso se suma, de nuevo, las conversaciones en WhatsApp en las que el resto de los investigados llegaban hasta bromear con él sobre su pasado. En una de esas charlas, uno de ellos dijo, hablando de un tercero, que tenía “más antecedentes que el propio Mario”.