España destaca en la economía europea pero enfrenta límites en su modelo de crecimiento basado en la inmigración

España es el punto brillante de la economía europea. Mientras Alemania lidia con el malestar de su industria y Francia afronta un bloqueo político, el país mediterráneo parecía haber encontrado la respuesta a cómo adaptar la economía europea al mundo posterior a la pandemia: el producto interior bruto está un 15% por encima de los niveles de finales de 2021 y crece a un ritmo anual del 2,5%, más del doble que la zona euro. Pero la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar unas elecciones que difícilmente ganará deja al descubierto los límites de una estrategia basada en subirse a corrientes de opinión populares e impulsar el crecimiento mediante la inmigración.

El adelanto electoral, anunciado por Sánchez ayer, obedece en buena medida a las investigaciones por corrupción que afectan a su esposa, a su hermano y a altos cargos de su Partido Socialista. La incapacidad del presidente para aprobar unos Presupuestos desde 2023 y la reciente crisis de Ceuta, donde el fuerte aumento de las llegadas desde Marruecos desbordó a las autoridades locales, añaden presión.

Con el Partido Popular y Vox, contrario a la inmigración, al alza en los sondeos, la indignación ciudadana por el desahucio el mes pasado de Maricarmen Abascal, de 87 años —al que siguieron rápidamente dos decretos de emergencia que fueron rechazados el viernes— puede representar la última oportunidad de Sánchez para aferrarse al poder.

Las elecciones pondrán a prueba la apuesta económica del presidente por facilitar la inmigración. La población de España ha aumentado en aproximadamente 2 millones de personas desde 2020, lo que ha dado lugar a un millón de nuevos hogares. Aunque la demanda cíclica de mano de obra del turismo y la agricultura influyó, el Gobierno acortó los procedimientos para obtener la residencia, amplió los permisos de trabajo y puso en marcha un programa para regularizar la situación de los inmigrantes indocumentados que recibió 1,2 millones de solicitudes.

El resultado es que el PIB por habitante ha crecido mucho más despacio que el conjunto de la economía, mientras aumentaba la presión sobre el mercado inmobiliario. La vivienda social apenas representa el 3,4% del parque inmobiliario español, y desde 2020 el país solo ha terminado medio millón de viviendas nuevas en total. Antes de 2008, ese volumen de construcción se alcanzaba en un solo año. A Sánchez le costará desmontar las acusaciones de que la inmigración contribuyó a disparar un 26% los precios de la vivienda en dos años.

La escasez de vivienda ha alimentado el enfado entre los españoles de 25 a 34 años, el grupo que más a la izquierda se sitúa en los sondeos y que ahora afronta obstáculos aún mayores para conseguir una hipoteca. Buscan contratos de alquiler blindados que compensen esa incertidumbre. Sánchez, que se ha mantenido en el poder virando según las circunstancias de reformista favorable al mercado a activista progresista, puede aprovechar esa demanda.

Sin embargo, una amplia mayoría de los españoles son propietarios de vivienda. Además, las soluciones que propone corren el riesgo de cerrar todavía más las puertas a las generaciones jóvenes, lo que aumenta el atractivo de la extrema derecha. El temor a verse desplazados por Aliança Catalana, contraria a la inmigración, ya le ha costado el apoyo del nacionalismo catalán tradicional, y la aritmética parlamentaria tras las elecciones no hará sino complicarse.

Para una zona euro cada vez más falta de motores económicos y que afronta una creciente inquietud por la deuda francesa, desmantelar el motor de crecimiento español supondría un problema más. Pero, dado que su combustible es la mano de obra, nunca fue probable que el bum durara.