Exteriores admite que será "muy difícil" comprobar a tiempo quién puede votar el 29N por la ley de nietos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido este lunes que será "muy difícil" que los consulados puedan comprobar a tiempo quiénes obtuvieron la nacionalidad en virtud de la llamada 'ley de nietos' y son descendientes de exiliados para que puedan votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo.

En declaraciones en Telecinco, recogidas por Europa Press, el ministro ha asegurado que en cuanto se recibió la notificación del Supremo se remitió un telegrama "con instrucciones muy precisas" a todos los consulados para que actúen "de manera diligente" y "movilicen todo el personal que necesitan", además de anularse todos los permisos de los cónsules.

Albares ha indicado que la Oficina del Censo Electoral ya cuenta con los datos de los nacionalizados en 2025 y 2026, puesto que fueron incluidos directamente a través de DICIREG, el nuevo Registro Civil digital, para poder comprobar quienes efectivamente descienden de exiliados y por tanto tienen derecho a votar.

En cuanto al resto de casos, el ministro ha explicado que se ha creado "una herramienta informática para ir volcando los datos y que los vaya teniendo la Oficina del Censo Electoral", un procedimiento que hay que hacer "manualmente", ha resaltado.

Albares ha recordado en este punto que la Dirección General de Asuntos Consulares ya había informado, a través de la Abogacía General del Estado, de que tardaría "por lo menos hasta enero" en completar este proceso y ha incidido en que si ya era "difícil" llegar a tiempo a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, "en un plazo tan corto se antoja todavía mucho más difícil".

Con todo, ha asegurado que "se están poniendo todos los medios". "Por nosotros no va a quedar", ha añadido, subrayando que "nadie está obligado a lo imposible".

Defensa de los cónsules frente a PP y Vox

Por otra parte, ha aprovechado nuevamente para salir en defensa de los cónsules y del personal del Servicio Exterior ante lo que ha calificado de "campaña de acoso, de insidias, en muchas ocasiones personales, con nombres y apellidos y fotografías de los cónsules de España en el mundo".

Así, ha defendido que no se puede poner en tela de juicio su "honorabilidad y profesionalidad" cuando lo que están haciendo es una "tarea sobrevenida", para la que tienen un "tiempo totalmente exiguo" y que viene a sumarse a sus "tareas cotidianas" como inscribir los nacimientos o expedir pasaportes, además de las tareas relacionadas con el voto exterior de cara al 29 de noviembre.

En este sentido, ha exigido a PP y Vox que cesen en sus ataques porque "está en juego la profesionalidad y la honorabilidad de los cónsules y de todos los funcionarios del Servicio Exterior". "Es realmente algo que yo no voy a tolerar nunca", ha zanjado. "Les voy a apoyar siempre y a defender siempre frente a esos ataques tanto del PP como de Vox hacia su profesionalidad", ha asegurado.

El Constitucional inicia sus deliberaciones esta semana

El Tribunal Constitucional celebrará este lunes y martes reuniones de su Sección Primera, Sección Segunda y el Pleno, que se llevarán a cabo con la cuestión pendiente del recurso de amparo presentado el viernes por el Defensor del Pueblo contra la suspensión de las altas censales por la 'ley de nietos'.

La Sección Primera y la Segunda inician a las 10.30 horas de este miércoles sus deliberaciones sobre diversas materias, sin que en el orden del día figure el recurso sobre la 'ley de nietos'. La resolución sobre este último asunto es urgente, ya que afecta a miles de nacionalizados y su posibilidad de que puedan votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Fuentes del Constitucional consultadas por Servimedia indicaron que es previsible que la Sección Segunda tenga por recibido el recurso del Defensor del Pueblo y empiece a analizar qué hacer. Una de las opciones es que los magistrados opten por trasladar el Pleno del martes sobre si paralizar la suspensión de las altas censales acordada por el Tribunal Supremo en aplicación de la normativa en vigor sobre memoria histórica.