Gobierno español inicia cambios para endurecer expulsiones de inmigrantes irregulares

En plena crisis migratoria sin precedentes en Ceuta, el Gobierno central ha dado el primer paso para endurecer los trámites de expulsión de extranjeros en situación irregular. Se trata de una Ley de Asilo de nuevo cuño y una reforma de la Ley de Extranjería que buscan acelerar procedimientos y retornos en un plazo máximo de 12 semanas. Estos cambios buscan adecuar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), aprobado en mayo de 2024.

El primer cambio introduce un procedimiento acelerado para resolver solicitudes de protección internacional en tres meses, en lugar de un año y medio como actualmente. La segunda novedad regula que los inmigrantes que llegan ilegalmente y no cumplan requisitos para ser acogidos deben ser retornados en un plazo máximo de 12 semanas de manera "eficaz y garantista".

El Ministerio del Interior argumenta que estos cambios conjuran la gestión de fronteras con el respeto a los derechos humanos, incorporando garantías como la consideración de la persecución por género, identidad y discapacidad. Sin embargo, la oposición y ONGs han expresado preocupaciones por la posible violación de derechos humanos.

La tramitación de estos cambios se encuentra en una fase embrionaria, con anteproyectos enviados a ministerios y instituciones para su aportación. No se ha estimado una fecha para su presentación al Congreso, pero dada la proximidad de las elecciones generales, su aprobación antes de estas parece poco factible.