Gobierno y grupos negocian a contrarreloj un nuevo decreto de vivienda ante el Consejo de Ministros

Protección frente a los desahucios, prohibición de la compra especulativa de viviendas por parte de fondos buitre, “estabilización” de los contratos de alquiler y ayudas a particulares sin ahorros para la adquisición de una casa. Son algunas de las medidas que están sobre la mesa en la negociación que mantienen el Gobierno y los grupos parlamentarios en torno al nuevo paquete de vivienda que el Ejecutivo espera llevar al Consejo de Ministros de este martes, según avanzan fuentes conocedoras de las conversaciones. A ellas se suman un nuevo tratamiento fiscal a caseros e inquilinos, el blindaje del parque estatal, regulación del alquiler de temporada, un golpe fiscal a los pisos turísticos y una rebaja del IVA para la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.

El Gobierno aprieta las últimas horas de negociación del decreto de vivienda que debe ver la luz en el próximo Consejo de Ministros. Los partidos de coalición, PSOE y Sumar, mantienen conversaciones permanentes con las formaciones de la mayoría de la investidura para aquilatar un texto que incorpora algunas novedades sobre los fracasados intentos de primavera y julio, y que ahora vuelve a la palestra tras el punto de inflexión que ha supuesto el desahucio de Maricarmen. En aras de alcanzar un acuerdo han cedido en la reforma de la Ley del Suelo que contenía el texto de julio para agilizar los permisos y concesiones para la construcción. Podemos dijo que era una línea roja porque fomentaba los “pelotazos” pero era una petición que apoyaba el propio PSOE y también Junts y PNV.

Las partes negocian nuevas ayudas a la compra para los jóvenes y medidas para proteger el parque público de vivienda. También se continúa perfilando la restricción a que fondos buitre adquieran inmuebles residenciales o las bonificaciones fiscales a inquilinos, además de a los propietarios que tengan sus pisos arrendados y estén afectados por una posible congelación o prórroga de los alquileres. Sobre la mesa también se negocia que los pisos turísticos tributen a través del IVA para frenar su proliferación; dar ayudas a las personas que quieren adquirir una vivienda, pero no tienen ahorros; y bajar el IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.

Desde el socio minoritario del Gobierno enfrían un poco las expectativas al asegurar que “el texto queda aún lejos de dar una respuesta clara en puntos muy concretos: una protección completa frente a desahucios, la regulación de temporada y habitaciones, la prórroga de los contratos, atajar el fraude de los pisos turísticos, y la renovación de los contratos”, todos puntos calientes de la negociación.

Las mismas fuentes de Sumar aseguran: “No vamos a permitir que se diluyan elementos que son centrales para atajar la crisis de vivienda que sufre nuestro país”. El tira y afloja con los grupos conservadores Junts y PNV lleva a que algunas de las medidas que quieren los partidos más progresistas se queden desdibujadas. “A esta hora estamos lejos de tener un acuerdo sobre el texto y vamos a seguir trabajando durante el día de hoy”, remarcan a EL PAÍS.

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha confirmado este lunes que el Gobierno aprobará el decreto este martes. Si bien no ha aclarado qué medidas concretas contendrá la nueva normativa, ha afirmado que está todo sobre la mesa, con el objetivo de proteger a los colectivos vulnerables y facilitar el acceso a los jóvenes. También ha defendido las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno, incluyendo los programas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los proyectos España Crece, cuyo objetivo es incrementar el parque público de vivienda, informa Álvaro Bayón.

Cuerpo ha confiado en que las negociaciones que lidera la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lleguen a buen puerto. Sí ha reclamado responsabilidad al resto de grupos parlamentarios en el Congreso para que convaliden el texto que proponga el Ejecutivo el martes. Y también al sector privado y a los bancos para que impulsen esas medidas.

El texto inicial que circuló en julio y que no logró pasar el filtro de la mayoría parlamentaria se ha abierto en canal y se añaden medidas a toda velocidad para responder a la inquietud de una calle que se ha levantado en protestas durante el fin de semana en toda España y que han cristalizado con una acampada en la Puerta del Sol en Madrid. El desahucio de la mujer de 87 años la pasada semana ha abierto lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de “ventana de oportunidad”, para sacar un decreto ley que reforme los puntos más dolorosos del mercado inmobiliario y que corrija en parte la crisis de vivienda que hace para muchos jóvenes inaccesible emanciparse. El presidente tiene un acto de vivienda social en Barcelona donde se esperan nuevas protestas.

Aún no está claro cómo se limitará la compra a los llamados fondos buitres de vivienda, una medida muy simbólica pero con muchas aristas. Sumar ya había planteado la prohibición de que personas jurídicas compraran vivienda residencial y se descartó por complejo. Pero ahora estarían afinando la fórmula para que grandes fondos de inversión dejen de especular con la vivienda, sin salpicar el negocio de las miles de pymes que se dedican a ello.

También están abiertas las negociaciones de bonificaciones fiscales. Los expertos no veían con buenos ojos seguir incentivando las medidas de demanda, como ayudas a la compra, ya que pueden tener a la larga un efecto de subidas de precios. Sin embargo, fuentes del Gobierno dicen que se están estudiando medidas focalizadas en los jóvenes para poder acceder a una primera vivienda y también bonificaciones fiscales a los inquilinos.

Las ventajas fiscales a los propietarios que no suban los alquileres eran una exigencia de Junts a la que Sumar se ha avenido desde el principio como cesión para sacar el decreto que negocia la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en primera persona.

Entre las propuestas, una de las que puede tener mayor recorrido es la protección frente a los desahucios, planteada con el objetivo de evitar que vuelva a producirse un caso como el de Maricarmen. También ocupa un lugar destacado la estabilización de los contratos de alquiler, una de las principales reivindicaciones que ha puesto sobre la mesa el Sindicato de Inquilinas, que reclama mecanismos para proteger a los hogares frente a subidas abusivas y frente a la incertidumbre asociada a las renovaciones. El detalle de todas estas medidas está todavía por definir y será precisamente la letra pequeña la que determine el alcance real.

La negociación se desarrolla contra reloj. El Gobierno quiere aprobar el decreto este martes después de meses de conversaciones, en un clima de presión social y política creciente para que la respuesta a la fuerte crisis de vivienda no quede reducida a medidas parciales o cosméticas. El Sindicato de Inquilinas, que capitanea las protestas en Madrid tras el desahucio de la octogenaria, ha dado a conocer sus propuestas y clama para que esta vez desemboquen en un paquete realmente ambicioso.

Sin embargo, al tratarse de un real decreto ley, el texto deberá ser sometido a votación en el Congreso dentro de los 30 días siguientes a su paso por el Consejo de Ministros y necesitará los votos suficientes para ser convalidado. Eso convierte la negociación previa en una especie de cuadratura del círculo. El Gobierno no solo tiene que conseguir que sus socios acepten el contenido del decreto, sino que necesita que el resultado final pueda reunir una mayoría suficiente en una Cámara en la que no dispone de una mayoría propia.