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El Gobierno intentó aprobar dos decretos para frenar los desahucios, pero PP, Vox y Junts los rechazaron. La vivienda ha sido una demanda constante desde el 15-M y la PAH, y el caso de Maricarmen ha movilizado protestas desde Ceuta hasta Madrid. Sánchez había prometido en 2015 que no habría más desahucios con un gobierno socialista.
En el Congreso se ha coreado siete veces el “Sí, se puede”. Sonó con la llegada de Podemos a la Cámara Baja, en la investidura de Sánchez como regalo de Navidad en el 2019 o por la convalidación de la reforma laboral. Fue el grito victorioso del 15-M y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Y, sin embargo, en el hemiciclo nunca se ha festejado con ese grito una decisión en materia de vivienda. Ayer tampoco fue el día. PP, Vox y Junts tumbaron los dos decretos antidesahucios del Gobierno y lo que se oyó desde la tribuna del público fue “los fondos buitre gobiernan el Congreso”. Y fuera: “Vergüenza”.\n\nEl desahucio de Maricarmen ha girado el guion político de Ceuta a la Puerta del Sol. De los inmigrantes por retornar a Marruecos a las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas. Y en el enésimo ejercicio de funambulismo, Pedro Sánchez vislumbró una oportunidad de dar respuesta al malestar de la calle, pero erró en el cálculo con Junts. La emergencia habitacional es pragmática, la emergencia electoral sólo sabe de máximos. Y, cuando el Gobierno está acorralado, el crédito se convierte en hipoteca inversa. “Lentejas”, retaba Gabriel Rufián. Junts, las deja.\n\nLos posconvergentes hace tiempo que convirtieron su peso en el Congreso en una ventanilla para los sectores económicos en Catalunya. El miércoles Miriam Nogueras dejó claro en la gala de Pimec que no tenían “ningún miedo” a “quemarse” para defender “los intereses de las familias catalanas”. En el entorno de Junts están convencidos de que no todos los portavoces defenderían como lo ha hecho Nogueras el voto en contra de decretos de protección social. Y no solo por la camiseta de Aina Vidal o las performances de Rufián y sus billetes de 50 euros. Ahí la inquina es mutua. Hasta Sánchez ha advertido a Junts de que su voto les “retratará ante generaciones enteras”. Pero las plagas electorales que amenazan a Junts llegan desde la ultraderecha.\n\nSaben que en la acampada de la plaza de Catalunya no hay ni un solo votante de Junts; no obstante, admiten que sus simpatizantes digieren mal el conflicto y muchos se debaten entre quedarse en casa o votar a Aliança Catalana, aunque no en las generales, ya que no tienen previsto presentarse. En el último CEO, la vivienda era también la principal preocupación entre el electorado de Junts; por el contrario, los simpatizantes de Sílvia Orriols están más atentos a la inmigración y la seguridad.\n\nEl no de Junts a los decretos reitera que la legislatura murió hace meses; y los nuevos indignados se han convertido en una “oportunidad” para el PSOE. El adelanto electoral tiene pros y contras. Los socialistas creen que pueden capitalizar el malestar de la calle y marcar la agenda dejando atrás Ceuta. Luego sacan la calculadora y constatan que a la izquierda del PSOE “no hay nada votable”, tal y como certifica el portavoz de ERC. La movilización es clave, pero ¿cuadran las sumas?.\n\nEl otro riesgo es dar por hecho que el malestar no va con el Gobierno. Que no llega tarde y mal. En el 2015, Sánchez prometió que con un gobierno socialista no habría más desahucios en España. Lo repitió como aspirante a la presidencia de la mano de Ciudadanos al año siguiente. Cuando llegó a la Moncloa en el 2018 prometió una ley de vivienda y poner fin a la compra de pisos por parte de fondos buitre. Hace sólo 15 días el PSOE impidió con su abstención la tramitación de una proposición de ley de Sumar limitando esas operaciones. Estaban a punto de desahuciar a Maricarmen...\n\nEn la última campaña electoral, el presidente lanzó una quincena de compromisos en materia de vivienda. Se prometieron, por ejemplo, 20.000 viviendas asequibles en terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa. Tres años después los proyectos están en “preparación” o “desarrollo”.\n\nEsta semana el Gobierno ha necesitado doce páginas de preámbulo y a Maricarmen para abordar el principal problema que señalan los ciudadanos desde hace dos años. En los decretos se afrontaba la emergencia, pero el problema de la vivienda es también el de los sueldos bajos, los servicios públicos colapsados y el transporte quebrado. ¿Quieres lentejas?
AI outlook — possibilities, not facts
El Gobierno presentará una nueva propuesta de ley de vivienda en las próximas semanas
Likely · Within weeks
Junts mantendrá su oposición a medidas de protección social que considere contrarias a los intereses catalanes
Likely · Within months
The Government suffered a defeat in Congress on housing that shows the breakdown of the investiture bloc and increases pressure to bring forward the elections. Pedro Sánchez is evaluating this option in the face of social unrest, the electoral interest of the PSOE and the opportunity to turn the elections into a plebiscite against the right and vulture funds, although he has not yet made a final decision.
The housing decrees were rejected in the Congress of Deputies after the joint opposition of the PP, Vox and Junts, despite the attempts of the Government and its allies to save them. The vote ended with 178 votes against 172 in the first decree and 184 against 166 in the second. The debate was marked by tensions between parties, accusations of betrayal and accusations that Junts was responsible for the failure, while sectors of the PSOE already consider that the blockade could accelerate an electoral advance.

A survey by Sigma Dos for EL MUNDO reveals that 65.1% of Spaniards approve of the precautionary suspension of the Grandchildren Law by the Supreme Court, while 30.7% disagree and 7.8% do not know or do not answer. The support is mainly justified by guaranteeing the integrity of the electoral roll and avoiding possible distortions in the results of the next general elections, with 39.2% considering the measure necessary to avoid a 'pucherazo' and 22.3% seeing it as a reasonable precaution while the registration criteria are reviewed.

The Popular Party asks Pedro Sánchez to call elections immediately after the repeal of his two housing decrees, although it doubts that he will do so. PP sources remember previous occasions in which Sánchez avoided elections despite pressure, and warn that they will only believe in a call when they see it. Meanwhile, the PP appears prepared to face elections in November or December, confident of achieving an absolute majority with Vox, and criticizes the Government for using housing as an electoral excuse and for alleged attempts to hide cases of corruption.

After the fall of the Maricarmen decrees in Congress, CCOO and UGT consider calling a national general strike for housing, under pressure from the Tenants' Union, while they analyze its legal fit to prevent it from being considered illegal for political reasons.
Junts voted against the housing decrees, withdrawing its support for the Sánchez Government and increasing the likelihood of early elections. The article analyzes the history of political turns of Junts and its leader Puigdemont, from the unilateral declaration of independence to the dependence on their votes for Sánchez's investiture through the Amnesty law. The irony is highlighted that those who previously called for Puigdemont's prison are now celebrating their decision, and there is a warning about a possible polarized electoral scenario between housing, immigration and Ceuta, with massive mobilizations throughout Spain that could define the future of the Government.