La temida banda Tren de Aragua, que nació en una cárcel de Venezuela, ha transformado el tipo de criminalidad en Chile, donde acumula una larga lista de crímenes. El que más evidencia el poder de la organización; el secuestro y asesinato de un opositor venezolano que apareció enterrado bajo una capa de cemento. No solo por la crueldad, sino por la crisis diplomática que abrió entre países.
Células de la Mara Salvatrucha, con histórica implantación en El Salvador, han buscado nuevas alianzas en México, provocando una grave amenaza en la frontera sur. La estrategia expansiva del Primeiro Comando da Capital de Brasil está convirtiendo al grupo en el más peligroso de toda Sudamérica, como un poder paralelo dentro de los Estados. Estos actores criminales han demostrado su evidente capacidad para cruzar fronteras y corromper instituciones en Latinoamérica. Pero aspiran a más: dar el salto definitivo a Europa, aprovechando las rutas de la migración. Y ven en España, que percibe el fenómeno con máxima alerta, una oportunidad por donde empezar, aunque la Policía Nacional piensa ponérselo difícil.
Un pionero grupo de la Comisaría General de Información (CGI), que trabaja de la mano de Policía Judicial y Extranjería, está centrado en la estrategia contra las nuevas amenazas desestabilizadoras de la seguridad interior: un desafío híbrido, que trasciende la delincuencia convencional con el objetivo de atacar la línea de flotación de las instituciones democráticas. En el punto de mira están las anteriores organizaciones criminales transnacionales. Todas ellas, como ha demostrado la experiencia en Latinoamérica, tienen capacidad para generar zonas de impunidad y desestabilización institucional mediante la penetración en el tejido político, económico, y social.
Fuentes de la CGI explican que estas megabandas criminales, como el resto, buscan enriquecerse, pero alteran el orden de los factores para conseguirlo: “Una mafia al uso busca hacer el máximo dinero posible, pero siempre con el miedo a su desarticulación. Sin embargo, si antes de enriquecerse logran insertarse en las instituciones, mediante corrupción o extorsión, las operaciones policiales pueden ir cayendo misteriosamente. Y si no te reprimen...”.
Las organizaciones transnacionales que están en el radar de la CGI operan como franquicias criminales. No como una mafia tradicional, en la que todos los delincuentes están a los mandos de un solo capo. En estos casos, las estructuras locales que pretenden implantarse en nuevos países funcionan de forma autónoma, aunque reportan de los éxitos a la marca, de la que han adoptado las formas de actuar.
En la actualidad, el Tren de Aragua es el máximo exponente de este franquiciado criminal en España, donde trata de echar raíces. Y eso, precisamente, es lo que trata de impedir el grupo de la CGI: no solo perseguir los delitos que están cometiendo–tráfico de drogas, trata de seres humanos, blanqueo de capitales o falsificación documental, entre otros–, sino generar inteligencia para anticiparse a su implantación en el país.
Aquí los éxitos de las operaciones no se miden por los kilos de estupefacientes incautados, el número de detenidos o el dinero hallado oculto, sino por la prevención. Y los hilos de los que tirar.
La operación Intercity es prueba de ello. Arrancó tras detectarse en Barcelona al hermano menor de Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, el máximo líder del grupo que fue asesinado el pasado mes de junio por Estados Unidos. La CGI siguió todos sus pasos para obtener información sobre los lugares que frecuentaba o las personas con las que se relacionaba hasta que una alerta internacional precipitó su detención en marzo del 2024.
Los datos recabados sirvieron para ir uniendo puntos hasta constatar que el pariente de Niño Guerrero pretendía expandir la estructura criminal en España y permitir la desarticulación por primera vez en el país de una célula del Tren de Aragua con 13 detenciones. Entonces, en noviembre del año pasado, la Policía advertía de que continuaban las pesquisas de cara a detectar a más miembros del entramado.
Unos meses más tarde, cayó el siguiente: un fugitivo que se dedicaba a piratear cajeros automáticos para financiar a la organización. Tras otra ronda de cinco arrestos a finales de julio, por tenencia ilícita de armas, robos con violencia, lesiones o detención ilegal, la cifra asciende a la treintena.
Si existe preocupación por la implantación del Tren de Aragua en España es porque existe un caldo de cultivo perfecto para su germinación, a diferencia de otros países europeos: la diáspora venezolana, “que facilita su ocultamiento”, según advierten las fuentes consultadas. Desde 2018, el Gobierno ha otorgado por la vía exprés 240.000 permisos de residencia por autorizaciones humanitarias a venezolanos. Esta comunidad ha pasado en ocho años de 255.000 personas a las casi 700.000 en la actualidad.
Son potenciales víctimas, pero también posibles verdugos. Por un lado, pescan entre su comunidad para el tráfico ilícito de personas o la explotación sexual, pero por otro, cazan nuevos adeptos, cada vez más jóvenes. Desde la CGI reconocen que el Tren de Aragua todavía no se encuentra en una fase de implantación consolidada como en otros países latinoamericanos, pero advierten de la capacidad de captación detectada y del desplazamiento desde Barcelona y Madrid, principales núcleos relevantes por su comunidad venezolana, a más puntos de la geografía.
Y no necesariamente para controlar otros territorios donde hay otras bandas asentadas, sino para ofrecer sus servicios de sicariato, extorsión o secuestros. Es el mismo patrón que las bandas transnacionales han seguido en otros países hasta lograr grandes dosis de deslegitimación del Estado al poner en evidencia su incapacidad para combatir el crimen.
De ahí que la colaboración entre países, para no llegar a ese punto, sea clave. La Policía participa en el Grupo Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional (GICCOT), auspiciado por la agencia estadounidense FBI. Un foro que también tuvo protagonismo en la desarticulación de una subestructura de la Mara Salvatrucha MS13 que pretendía establecerse en suelo español.
Siguiendo instrucciones desde el continente americano, los integrantes de una estructura sólida y jerárquica, asentada en Barcelona y Madrid, se valían del tráfico de drogas para obtener armas de fuego con las que buscarse un hueco entre bandas. La operación se saldó en abril del 2025 con 27 detenidos, algunos de ellos implicados en homicidios.
Los continuos golpes que la Policía está asestando a estas organizaciones, incluso declaradas narcoterroristas, evidencian su intención de instalarse en España. También que detrás de cada célula desarticulada, otra franquicia del crimen, para los que las fronteras no son ningún obstáculo, está esperando su oportunidad. No necesitan desembarcar en el país todas las piezas de su estructura, solo necesitan una que se vuelva invisible para desestabilizar. A la Policía le toca impedir que no encajen el puzle.
