La CEOE acusa a Díaz de hacer una "utilización política" del SMI "en vísperas de las elecciones" y pide negociar con el próximo Gobierno a partir de diciembre

Rotundo comunicado de los empresarios tras haber conocido "por la prensa" la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que quiere aprobar Yolanda Díaz. CEOE y Cepyme consideran que el incremento que ha planteado el Ministerio de Trabajo en el texto que ha sometido a audiencia pública sin diálogo social y saltándose la recomendación de su comité de expertos "supone una utilización política de su capacidad legislativa en vísperas de las elecciones generales". En este contexto, la patronal pide negociar con el Gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre "a partir del mes de diciembre".

"El Ministerio de Trabajo convocó este miércoles a los interlocutores sociales para presentar el informe elaborado por los expertos sobre el SMI, que previamente había sido filtrado a los medios de comunicación, y llevar a cabo un supuesto proceso de diálogo. Posteriormente, sin articular ninguna propuesta en esta reunión, el Ministerio ha procedido, en la noche de este miércoles, a fijar una subida del 5,3%, que también hemos conocido por la prensa", arranca el comunicado de los empresarios.

En este contexto, CEOE y Cepyme consideran que "a pocos días del inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, lo adecuado sería reservar esta decisión para el Ejecutivo que resulte elegido, sea del color político que sea, y adoptarla antes de que finalice 2026, respetando los plazos legales".

Según la patronal, esta alternativa permitiría, además, contar con indicadores económicos más precisos "en un contexto de incertidumbre". Por tanto, para los empresarios sí existe una alternativa, contra lo que defiende el Ministerio de Trabajo en la memoria económica que acompaña al real decreto, y es "actuar con lealtad institucional, esperar al resultado electoral y adoptar la decisión con mayor una información técnica".

Para CEOE y CEPYME "la mejora de las rentas más bajas debe ser un objetivo compartido y compatible con la creación y el mantenimiento del empleo, la competitividad y productividad de las empresas y el adecuado funcionamiento de la negociación colectiva". Pero los empresarios advierten de que "estas decisiones afectan, especialmente, a las pequeñas empresas y a los sectores intensivos en mano de obra, además de a numerosas familias que necesitan contratar servicios de cuidados para poder desarrollar su actividad profesional y que verán incrementados sus costes por encima del IPC".

Por último, las patronales que lideran Antonio Garamendi y Ángela de Miguel destacan que "resulta especialmente sorprendente la actuación del Gobierno, que impulsa incrementos salariales mientras mantiene desde hace casi una década sin resolver la actualización de los contratos públicos para permitir que las empresas adjudicatarias puedan repercutir esos mayores costes laborales", una reivindicación histórica de los empresarios cada vez que se abre el debate en España sobre la subida del SMI.