La Comunidad de Madrid investiga presuntas irregularidades en las listas de espera del hospital Ramón y Cajal

La Comunidad de Madrid ha anunciado este martes una investigación después de que EL PAÍS revelara el caso de los cambios presuntamente irregulares en la lista de espera del Ramón y Cajal. La noticia la ha dado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante un acto esta tarde en el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha recogido el premio a la política del año entregado por una revista sanitaria. “Desde que hemos conocido esta noticia, hemos abierto unas diligencias de información interna para volver a revisar todo nuestro sistema”, ha dicho Matute a los periodistas presentes, al término de una jornada en la que han arreciado las críticas del sector sanitario y de la oposición al completo por lo sucedido en el hospital, uno de los mayores de la sanidad madrileña.

No obstante, la consejera ha anticipado el resultado: “Quiero dejar claro que en la Comunidad de Madrid no se falsean las listas de espera” y también ha puesto en duda la credibilidad del denunciante que entregó la documentación a este diario, el cirujano Luis Alberto Martos: “La verdad es que es triste el vil ataque que se hace a la excelencia de la sanidad madrileña, que desde luego es el tesoro que tengo que defender”.

La presidenta Ayuso no se ha pronunciado durante su breve intervención al recoger el premio, de la revista ConSalud, que se suma a otros reconocimientos anteriores por parte del sector privado sanitario. Ayuso ha destacado que “el sistema público de Madrid es de primera”.

Ha sido su consejera la que se ha encargado de defender la postura de la Comunidad en este asunto, que combina esa investigación con un cuestionamiento a Martos. “He de decir que es mentira que se estén maquillando las listas, que es un mantra que se intenta hacer ver y que desde luego son en base a las declaraciones de un sanitario que tiene un expediente disciplinario abierto mucho antes de que hiciera estas declaraciones en un medio de comunicación”, ha dicho.

Martos es el médico de 62 años del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología que aportó a este periódico decenas de páginas con información interna que probaban la alteración, por orden de dos responsables: el jefe del servicio, Basilio de la Torre, y el director médico, Rafael Martínez. Además, EL PAÍS contrastó su versión con otros tres compañeros de su servicio.

Los hechos ocurrieron entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025, cuando se produjo la alteración en la prioridad de 57 pacientes que esperaban una operación. Fue rebajada de urgente (que implica que el hospital debe operarlos en menos de 90 días) a normal (plazo de 180 días). De esta forma, según un correo electrónico, se ganaba tiempo para cumplir el objetivo de productividad impuesto por la Consejería de Sanidad, a costa de que esos pacientes esperaran el doble.

Martos no había ocultado a EL PAÍS que en la primavera del año pasado el gerente incoó un expediente de conflicto interno y acoso, a instancia de los dos responsables señalados. Según las pruebas que mostró ese procedimiento se abrió tras haber denunciado internamente a esos dos jefes.