Cuando la lista de imputados del Partido Socialista y el Gobierno es alargada, la convocatoria electoral otorgará cierto blindaje judicial a sus dirigentes en las distintas causas de corrupción que se encuentran en fase de instrucción: caso Zapatero, causa de la financiación del PSOE, procedimiento de las cloacas de Ferraz, caso los amaños por obra pública, el caso Sepi, etc.
Hay una máxima que los tribunales suelen respetar, donde los jueces evitan interferir con sus decisiones en los procesos electorales. Esto no significa que las causas que se encuentran en fase de instrucción se paralicen ni que los juicios que se tengan que celebrar se aplacen sine die, pero sí se traduce en la práctica en que las decisiones judiciales más delicadas por su repercusión política no se ejecutan en precampaña ni campaña electoral.
Tanto en el Gobierno como en el PSOE eran conocedores de que, a medida que avanzase el curso judicial, el escenario en los tribunales sólo iba a empeorar con decisiones como la más que probable imputación del partido como persona jurídica en la causa de las cloacas de Ferraz o el levantamiento del secreto del sumario de la presunta financiación irregular de la formación.
Ahora, es previsible que esas decisiones se pospongan al 29 de noviembre, día fijado por el presidente, Pedro Sánchez, para que los españoles acudan a las urnas.
En la actualidad, la Audiencia Nacional mantiene imputado al ex presidente del Gobierno y ex líder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, al ex secretario de Organización Santos Cerdán o a la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, por integrar una presunta organización criminal dedicada a boicotear las causas de corrupción que afectaban al partido, el Ejecutivo y la familia de Sánchez.
Asimismo, se encuentran imputados en la actualidad la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, así como el ex número dos de la ex vicepresidenta María Jesús Montero, Vicente Fernández. También el DAO de la Policía, Manuel Llamas; el vicepresidente de la Sepi, Bartolomé Lora; la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero Lizano, ex director general de Carreteras. Todos ellos están acusados de delitos de corrupción en distintos procedimiento, habiendo incluso cargos como Santos Cerdán que se encuentran investigados en más de un procedimiento (el ex secretario de Organización socialista está siendo investigado por el amaño de grandes obras públicas desde el Ministerio de Transportes pero también por integrar la trama dedicada a extorsionar a jueces y fiscales a sueldo de Ferraz).
Asimismo, hay otros ex altos cargos de Sánchez que ya fueron condenados como el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos -condenado a 24 años de prisión por nueve delitos de corrupción- o "su" fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que el Tribunal Supremo consideró responsable de la filtración llevada a cabo por el Ministerio Público para perjudicar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, enemiga confesa del Ejecutivo.
