La Diputación Permanente del Congreso que ha dado finalmente el visto bueno -con 35 votos a favor frente a 34 en contra- a uno de los dos decretos de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre, ya con las elecciones convocadas, y ha tumbado el otro -con 34 votos a favor y 35 en contra-, ha respondido a las previsiones que se hacían desde el primer momento. Así, sin sorpresas, tanto el Gobierno como las formaciones parlamentarias han empleado sus tiempos en desplegar una sucesión de mítines electorales cuajados de ataques al adversario e interpretaciones contradictorias acerca del resultado de la huelga general, para unos un éxito histórico y para otros un ejemplo de hipocresía y sumisión de los sindicatos al Ejecutivo.
La titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido el voto a favor del decreto que finalmente sí ha sido convalidado por la Diputación Permanente enmendando así la plana a lo que decidió el pleno del Congreso por mayoría absoluta. Rodríguez ha defendido que el Consejo de Ministros siga adoptando medidas hasta el último día pese a estar en campaña electoral a fin de aprovechar el equilibrio de fuerzas de la Diputación que ahora favorece los intereses gubernamentales.
Las medidas
El decreto que ha salido adelante contempla como medidas fundamentales la limitación hasta finales de 2030 la compra especulativa de viviendas para todas aquellas entidades dedicadas a la adquisición de inmuebles o a los grandes tenedores; prohíbe los desahucios de personas vulnerables y sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030; el alquiler de temporada no podrá ser inferior a un mes ni superior a un año y en el caso de los alquileres por habitaciones su suma no podrá superar el precio del alquiler de la vivienda entera y los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 podrán prorrogarse hasta dos años.
Además, la norma incluye bonificaciones fiscales para los propietarios que no sean grandes tenedores si cumplen algunas condiciones y también para los inquilinos. Por lo que se refiere a los alquileres turísticos, recoge un gravamen del 10% de IVA para los contratos inferiores a 30 días y a ello suma la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan recargos para estas propiedades, así como para las segundas residencias que permanezcan vacías más de dos años.
El ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido el segundo decreto que no ha sido convalidado, el que establece la prórroga automática de los alquileres, con un elogio a la huelga general que, en su opinión, "paralizó el país". "La gente está cansada de trabajar de sol a sol para que su sueldo se lo quede otro", ha dicho, dibujando así un panorama angustioso para la mayoría de la población obviando, como se le ha reprochado desde la derecha, que la situación del mercado de la vivienda que describe no ha sido afrontada eficazmente en ocho años por el Gobierno del que forma parte.
El decreto que ha defendido Bustinduy, y no ha pasado el corte, contemplaba la renovación automática de los alquileres e incluía la obligación por parte del propietario, en caso de incumplir la renovación automática, de indemnizar al inquilino con hasta doce meses de renta. Esta multa no se aplicaría si el propietario justifica que la vivienda es para sí mismo o para un familiar directo.
Ione Belarra (Podemos) se ha empleado en denunciar a las fuerzas de seguridad por su "brutalidad y abuso" para tratar de "impedir el derecho a la huelga". El "responsable" de todo esto, en su opinión, es "el Gobierno del PSOE y de Frente Amplio". Belarra ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y ha dado por hecho que la huelga general "histórica" que se produjo ayer "será la primera de muchas".
Maribel Vaquero (PNV), cuyo voto ha sido decisivo para impedir la convalidación del segundo decreto y la aprobación del primero, ha insistido en que "la política no es optar entre blanco y negro". Los nacionalistas vascos abogan por "no dividir a la sociedad en dos bandos". "Algunos buscan culpables para alimentar su relato", ha dicho Vaquero señalando al ministro Bustinduy. La portavoz del PNV ha acusado al Gobierno de no negociar y tratar de imponer sus políticas mediante decreto ley.
Por el contrario, EH Bildu, ha hecho hincapié en que votar a favor de los decretos es hacerlo en favor de los trabajadores vascos. Óskar Matute ha defendido como "justa" la huelga general para "romper el relato falsario" de choque entre generaciones. Esta formación ha insistido en que el decreto que finalmente ha visto la luz es "de mínimos" y "básico", de "medidas de emergencia", no estructurales.
Junts, por boca de Josep María Cruset, ha asegurado que los dos decretos sometidos a convalidación y contra los que su formación ha votado son "una estafa política". Junts ha asegurado que la huelga general fue "contra el Gobierno porque quien siembra miseria cosecha rabia".
Gabriel Rufián (ERC) ha dedicado su intervención a arremeter contra Junts y personalmente contra Cruset. El portavoz republicano catalán ha vuelto a poner sobre la mesa un billete de 50 euros asegurando que esa es "la bandera" de la derecha catalana y ha repetido que él quiere "un Gobierno del PSOE sometido". Rufián ha aprovechado además para acusar a dos diputadas de Junts, sin revelar sus nombres, de "enriquecerse con negocios inmobiliarios".
Vox, con José María Figaredo, ha acusado al Gobierno de haber "creado la situación" que ahora se vive. Figaredo ha insistido además en los efectos perniciosos que en su opinión tiene la política migratoria del Ejecutivo para los servicios públicos y ha prometido que, si Vox llega al Gobierno, construirá vivienda social para todos aquellos que, como ha dicho Bustinduy, "viven en chabolas o en caravanas". "No se puede estar defendiendo las pancartas mientras se escribe el BOE", ha dicho el diputado de Vox.
El PSOE ha defendido los decretos, incluso a sabiendas que uno de ellos no se convalidaría, asegurando que "no se perjudica" a los propietarios e insistiendo en que el Gobierno ha "tomado muchas medidas" en favor de la vivienda en ocho años. Sus diputados, Elisa Garrido y Alfonso Cendón, han culpado a los Ejecutivos autonómicos del PP de torpedearlas.
