La directora de la Guardia Civil, citada como investigada por la 'fontanería' del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha citado este jueves para el próximo 16 de julio como investigada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, en el marco del caso de la “fontanería” de Leire Díez, según confirman fuentes jurídicas a La Vanguardia.

Pedraz considera que hay indicios de los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, tal y como recogían en su escrito las fiscales.

Esta petición de Anticorrupción, ahora acordada por Pedraz, se une a la ya solicitada por las acusaciones populares que consideran que la investigación judicial ha permitido documentar una relación entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez, investigada en la causa por la presunta existencia de una operación destinada a desacreditar a la unidad central operativa de la Guardia Civil y obstaculizar investigaciones que afectaban al entorno del PSOE y del Gobierno.

Asimismo, Pedraz ha aceptado la práctica de otras diligencias solicitadas por la Fiscalía, como requerir al PSOE para que identifique a la persona que suscribió el contrato de asesoramiento jurídico con el abogado Jacobo Teijelo en las fechas en las que este letrado manifestó que era asesor jurídico de esta formación, de octubre de 2024 a junio de 2055.

Teijelo también está investigado en esta causa por ayudar a buscar trapos sucios de los altos mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. Además de tener conocimiento de su presencia en varias reuniones, incluidas en la Fiscalía General del Estado, también se han detectado varias facturas por 125.000 euros pagadas por el PSOE por labores de asesoramiento jurídico.

El magistrado señala que se tendrá que indicar el cargo que ostentaba y el título habilitante o acuerdo en cuya virtud actuó. Esa diligencia deberá cumplimentarse a través de persona designada con poder de representación del partido, una vez informado del derecho que le asiste a no facilitar ninguna información o documentación que pueda ser incriminatoria para dicha persona jurídica.

El sumario revela que la “fontanera” del PSOE se reunió, al menos, en tres ocasiones con González, a quien instó a iniciar una investigación interna en la UCO –por supuestas filtraciones– para amedrentar a los altos mandos dentro del plan de la trama de lograr anular las causas judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una parte del plan era actuar contra los investigadores por varios frentes.

La UCO sitúa la relación entre Díez y González antes del nombramiento de esta última, en septiembre del 2024, cuando entregó su acta de diputada en el Congreso para volver a dirigir la Guardia Civil –ya lo hizo en el 2023–. Las reuniones constatadas por la UCO son del 30 de septiembre y el 20 de diciembre del 2024 y el 2 de abril del 2025.

Los agentes dicen tener indicios de que la exmilitante socialista “estaría haciendo llegar” a González “información obtenida” en el marco de la actividad de la organización delictiva liderada por Santos Cerdán.

La línea cronológica que señalan los investigadores es la siguiente: el 9 de mayo del 2025, tras publicarse en un medio de comunicación mensajes de WhatsApp entre Sánchez y el ex secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos, Díez “se habría jugado una comida” con González a que “las filtraciones” venían de la UCO. Entre ese día y el 14 del mismo mes, se abrió una investigación en el seno de la Guardia Civil, desconociendo quién la decretó. González tenía activado el borrado automático de mensajes con la “fontanera”.

Cuando la UCO se personó el pasado 27 de mayo en la sede central de la Guardia Civil, lo que requirió fue toda la documentación relativa a esa investigación interna por la supuesta filtración de información a prensa que, finalmente, quedó archivada.

Además, los agentes tomaron declaración a tres altos mandos del instituto armado. Uno de ellos aseguró que el expediente se abrió, pese a que el director adjunto operativo (DAO), el general Manuel Llamas, mano derecha de González, “era conocedor” de que la UCO “no pudo ser origen de aquellas filtraciones”, puesto que salieron a la luz conversaciones que tuvieron lugar en fechas posteriores a las que fueron requisados los móviles del exministro de Transportes. Una versión que luego ratificó un tercer agente.