La Comunidad preveía al menos desde antes de verano un «otoño caliente» como consecuencia de la huelga educativa que sobrevolaba al cuerpo docente desde hacía meses. Lo que no podían imaginar en Sol es que el paro indefinido llegaría en un contexto especialmente complejo: tras la convocatoria de un adelanto electoral nacional, con la crisis por la vivienda sacudiendo el clima social y con otra huelga, en este caso general, acechando a menos de un mes.
Con estas circunstancias, inimaginables hace tan solo unas semanas, se celebra desde hoy la huelga indefinida en la educación madrileña. Ha sido impulsada de forma unitaria por los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto a diversas plataformas, y contará además con el respaldo del Sindicato de Estudiantes y de la comunidad universitaria. CSIF también parará durante las primeras tres jornadas.
La huelga indefinida de la educación madrileña ha comenzado este miércoles con un grupo de profesores cortando uno de los carriles de la Castellana, una de las vías con más tráfico de Madrid. La acción reivindicativa ha sido subida a las redes sociales por el ya muy conocido Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid junto al mensaje: "Empieza la huelga educativa por todo lo alto! Cortamos la Castellana por una educación gratuita, universal y de calidad en todas las etapas Vivienda, educación y sanidad fuera del mercado YA!". La protesta ha durando unos 10 minutos antes de que la Policía Nacional haya obligado a los asistentes a levantarse y desalojar la zona.
También ha habido tensión en la Universidad Complutense, donde se ha producido un encierro nocturno en la Facultad de Ciencias de la Información que ha terminado con una carga policial contra estudiantes que estaban realizando un piquete informativo, además de cinco detenidos por atentado contra la autoridad, según informan fuentes policiales.
Delegación de Gobierno ha indicado que la actuación se ha desarrollado tras el intento de los estudiantes de "rebasar el cordón policial y realizar dos ataques a la policía", con dos agentes que han resultado lesionados leves.
Por otro lado, el portavoz del Sindicato de Estudiantes, Carlos Ochoa, ha indicado a EFE que las cargas se han producido a primera hora de la mañana cuando la policía ha hecho "una carga salvaje" que se ha saldado con "vários heridos y detenidos".
Dos dudas surgen en el Ejecutivo regional ante esta huelga, calificada de «histórica» por sus organizadores por su carácter indefinido. La primera de ellas es precisamente la duración: cuánto se pueden prolongar las reivindicaciones, venidas a más por el ambiente electoral y el éxito de las movilizaciones por la vivienda de las últimas semanas. La segunda es el grado de seguimiento. Los convocantes auguran un paro masivo del profesorado, pero en la Comunidad de Madrid esperan que no sea así y que, además, conforme avancen los días se desinfle la participación.
El temor de las familias a que sus hijos no tengan clases es el primer elemento de esta huelga que la Consejería de Educación trata de solventar. Al respecto, la Administración regional garantiza los servicios mínimos en «toda» la red educativa madrileña. Del mismo modo, se trata de asegurar, ante la amenaza de piquetes en las puertas de las instalaciones educativas o universitarias, que aquellos docentes que deseen acudir a trabajar puedan hacerlo de forma segura.
La evolución de la protesta, en cualquier caso, es completamente impredecible, ya que se dan circunstancias hasta ahora nunca vistas en la región. La Comunidad de Madrid viene avisando desde hace meses que las demandas de los sindicatos (reducir la carga lectiva, mejoras salariales, disminuir la burocracia, más personal en FP y Educación Especial o un nuevo plan de climatización) son «inalcanzables», al mismo tiempo que se afea a los convocantes que se movilicen en paralelo a la celebración de mesas de negociación quincenales en las que la Administración y los docentes están abordando estas demandas.
Pero hay más factores que hacen, a ojos de la Comunidad de Madrid, que sus exigencias sean «imposibles» de cumplir: que muchas de ellas rompan el acuerdo sectorial firmado hace un año precisamente entre la Consejería y los sindicatos, y que tiene vigencia hasta 2028. En él ya se establecen de forma actualizada cuestiones como las bajadas de ratios en primaria y secundaria, así como la reducción de horas lectivas.
Además, la consejera Mercedes Zarzalejo reprocha a los convocantes que no eleven sus demandas al Ministerio de Educación y que centren sus exigencias en el departamento madrileño.
«Nos estamos sentando cada dos semanas para negociar con los mismos sindicatos que están en la calle fomentando ese conflicto. Es una huelga absolutamente incomprensible», denunciaba ayer Zarzalejo, que desde hace meses apunta a que la convocatoria de este paro tiene «otros objetivos» más allá de los vinculados a la educación. En julio, en una entrevista concedida a este diario, la consejera relacionaba la convocatoria de esta «huelga política contra Ayuso» con las elecciones sindicales previstas para diciembre.
«Política» o no, el espaldarazo que han recibido los convocantes gracias a la movilización de la calle por la vivienda, unido a la convocatoria de elecciones adelantadas a nivel nacional, distancian aún más a los actores protagonistas de esta huelga.
La Comunidad remite al acuerdo sectorial para no entrar en negociaciones inviables: «En primero y segundo de primaria se pactó una ratio de 20 alumnos por aula. Recientemente lo que han negociado con el Ministerio es una ratio de 22 por aula. Y ahora piden a la Comunidad que bajemos a 15. Esto no es sensato», recriminaba ayer Zarzalejo.
