Cuando se es el ministro del Interior más longevo de la democracia, la experiencia es un grado. Por eso, Fernando Grande-Marlaska el martes, y aunque ya hubiera pasado la medianoche, prefirió dejar por escrito en una carta lo que ya había pedido previamente por teléfono: que el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, le informara a la mayor brevedad qué había pasado con un informe que su cuerpo policial había entregado a la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional señalando la colaboración de agentes marroquíes en la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta a finales de julio y del que él no tenía ni idea. El director de la Policía tampoco.
Marlaska decidió redactar esta inusual misiva compartiendo su intención por conocer el informe policial que se había entregado a la juez para tratar de evitar cualquier posible lío con la justicia posterior, explican fuentes de su entorno. En el Ministerio no olvidan cómo comenzaron otras crisis anteriores que terminaron, por ejemplo, obligándole a readmitir a un coronel en la Guardia Civil tras haberle destituido por falta de confianza. Y toda esta mochila, inevitablemente, marca sus pasos y ha encorsetado esta vez su gestión.
La relación de Interior con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras —en la que se incardina el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) , organismo que redactó el informe dirigido a la jueza— a principios de este año, según relatan fuentes policiales, ya había tenido alguna tirantez a cuenta de la regularización extraordinaria de migrantes. El Ejecutivo había calculado que los potenciales beneficiarios eran en torno a unas 500.000 personas, pero algunos informes que circulaban en Extranjería y que terminaron filtrándose a medios de comunicación hacían un cálculo mayor, que superaba el millón. Al terminar el plazo de presentación para la regularización en el mes de julio hubo 1.174.978 peticionarios y, según explica un comisario que trabajó durante años en Extranjería, en el cuerpo había miembros que tenían la sensación de que el Gobierno “no quería saber”.
En estos ocho años de ministro, Marlaska ha tenido que vivir grandes crisis migratorias, pero ninguna comparable con los números que ha dejado la de este verano en Ceuta. En 2024 se produjo una situación de caos en el aeropuerto de Barajas (Madrid) por el “hacinamiento” que sufrieron unos 250 solicitantes de asilo, entre los que había 19 menores, que pasaron meses retenidos una terminal. El 24 de junio de 2022, se produjo un intento de salto a la valla de Melilla de unos 2.000 inmigrantes que terminó con la muerte de decenas de ellos. Marruecos dijo que fueron 23 fallecidos, aunque Amnistía Internacional defendió que al menos 37. Entonces, fue muy cuestionada la actuación de la Guardia Civil y se criticó la opacidad de Interior, que aseguró que no hubo muertos en el lado español, en contra de lo que una investigación conjunta de EL PAÍS y Lighthouse report reveló. Un informe del Defensor del Pueblo concluyó más tarde que España entregó a 470 personas “sin contemplarse las previsiones legales” y criticó la falta de transparencia del ministro, que tardó casi tres meses en comparecer en el Congreso para dar detalles de la trágica jornada.
Un año antes, Ceuta había sufrido otro salto masivo, que ya entonces apuntaba a cifras récord. Entre el 17 y el 18 de mayo de 2021, lograron entrar unas 8.000 personas y las devoluciones en frontera que se produjeron después, también de menores, terminaron plasmadas en una sentencia que, forzosamente, ha marcado el camino no solo de Marlaska, sino del Ejecutivo y la administración ceutí estos días. La Audiencia Provincial de Cádiz condenó a la vicepresidenta de Ceuta y a la delegada del Gobierno entonces a nueve años de inhabilitación para cargos públicos por las devoluciones de niños en caliente. Esta vez, la Policía está filiando uno a uno los menores que han ido llegando.
Los sindicatos policiales han lamentado la falta de medios de los compañeros en el terreno durante el mes de agosto, por ejemplo, con la escasez de ordenadores disponibles (al inicio solo había cuatro) para la identificación de migrantes. Pero fuentes del departamento de Grande-Marlaska defienden su gestión y explican que ahora mismo en Ceuta hay la mayor tasa de agentes por habitante de España. De forma progresiva, se ha ido dotando de guardias civiles (714) y policías (945) hasta llegar a los 1.659 actuales. Además, explican que este lunes se abrirá un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) con cerca de 400 plazas y con 14 equipos para la identificación de las personas, que se unirán a los diez que están ya trabajando.
El responsable de Interior es uno de los cargos que mayor sintonía tiene con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo ha mantenido desde la primera fotografía del Consejo de Ministros en 2018. En la última guerra de versiones surgida en el Ejecutivo entre él y la ministra de Defensa, Margarita Robles, acerca de si hubo avisos previos a la avalancha, la voz que se ha quedado más sola en el PSOE es, de hecho, la de Robles. El pasado de ambos está entrelazado por sus carreras en la judicatura, personas en común y experiencia en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Marlaska se incorporó, a propuesta del PP, por cierto, el año que Robles salía. Y juntos, ya en la política, aterrizaron en el primer gobierno de coalición progresista. Desde el principio, sin tener conexión, cuenta un antiguo colaborador de Marlaska.
Los informes que se han hecho públicos esta semana, con algunos avisos del CENIF de los días 28 y 29 de julio, anticipaban un cambio de tendencia en el flujo migratorio y una posibilidad más alta de entradas a nado, pero nada parecido a lo que finalmente ocurrió. “No hubo aviso de llegada masiva con pruebas sólidas e inequívocas”, insisten en el gabinete del ministro.
En las filas socialistas hay quien critica que no controle ni la Policía ni la Guardia Civil y quien considera que la tensión entre ambos cuerpos con Grande-Marlaska ha entrado en un punto de difícil retorno. En los últimos tres años, la Unidad Central Operativa (UCO) ha desplegado investigaciones contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, cargos de Adif y Renfe, la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la esposa o el hermano del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y David Sánchez. Y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha iniciado una investigación contra uno de los iconos del socialismo, José Luis Rodríguez Zapatero, sin que en la cúpula de Interior prácticamente se enteraran.
El máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es siempre un puesto muy sensible. El narcotráfico, el crimen organizado, la seguridad de eventos multitudinarios, las fronteras, la corrupción, las prisiones o el terrorismo son terrenos tan espinosos que el dueño del maletín que los gestiona nunca está entre los más valorados de un gobierno. A Marlaska se le suma que una parte de su equipo en el instituto armado está imputado por primera vez en la Audiencia Nacional —el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, la actual directora, Mercedes González, y el director adjunto operativo de ese cuerpo, Manuel Llamas, están siendo investigados en el caso Leire— y la UCO registrando las propias dependencias de la Guardia Civil en Madrid, es una imagen que pocos uniformados olvidan. Además, tiene a su otro director adjunto operativo (DAO), el de la Policía, José Luis Santafé, prácticamente en periodo de pruebas, después de que su antecesor, José Ángel González, tuviera que dimitir acusado de una presunta agresión sexual que todavía no ha sido esclarecida.
Tras la tormenta desatada cuando este martes se hizo público el informe policial que apuntaba a la colaboración de la gendarmería marroquí en la entrada masiva por El Tarajal, en la Policía comenzaron a rumorearse ceses. “No había visto esto en la vida. Que se ponga la pelota en el tejado del director. Y aquí nadie dimite. ¿O por qué no lo cesan?“, se preguntaba un comisario, alto mando de la Policía Judicial. Pero durante la tarde del miércoles, el DAO Santafé transmitió tranquilidad en mensajes a compañeros —según cuentan fuentes policiales conocedoras de los mismos— para aclarar que nadie sería apartado. En el cuerpo saben que el ministro tiene muy presente otra sentencia: la que le condenó por haber cesado por “falta de confianza” al coronel Diego Pérez de los Cobos tras no haberle informado de un documento policial que había pedido una juez sobre el 8-M y el covid.
El hecho de que la jueza María Tardón pidiera al equipo del CENIF que guardara reserva sobre el contenido del informe ha molestado mucho al ministro, que lo ha escenificado enviando una carta al Poder Judicial. Considera que la información sobre una entrada “coordinada” y la “pasividad” de los agentes marroquíes en la frontera es de indudable interés para la seguridad nacional y debería haberse compartido. Voces policiales en Extranjería y en Ceuta aseguran que no es posible que los responsables de este Centro de Fronteras no hubieran compartido en los despachos que mantienen los viernes en Interior análisis e informaciones sobre esa hipótesis de la ayuda marroquí. “Semanalmente existe una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad sobre inmigración y flujos”, exponen. Fuentes del gabinete de Marlaska no aclaran si este tipo de información acerca de la pasividad de Rabat ya se había puesto sobre la mesa durante el mes de agosto. Un comisario que ha desarrollado su carrera en Información añade: “Podrían haber impulsado una mesa de crisis con analistas operativos centrales y territoriales. La Comisaría General de Información tiene una unidad especializada de amenaza híbrida y desinformación. El tema lo merece”.
Dentro de Extranjería tienen la sensación de que el Gobierno ha tratado de desacreditar el informe policial poniendo en cuestión, como dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente, que se basara en “fotos de vídeos que rulan por redes y que tienen hasta notas de la comunidad por su falsedad”. “La de horas de vídeos que se analizaron en el asalto al Congreso de Estados Unidos. O en un atentado. Se recopila todo, se clasifica, se purga, se valida y lo que salga deja de ser información para llamarse inteligencia”, razona este comisario. “El CENIF es una unidad que nos da de comer a todos los de Fronteras”, explica un exalto cargo de la Comisaría de Extranjería. “Es cierto que es una unidad pequeña, pero su potencia no se mide en el número. No es una unidad de despliegue o de investigación, sino de inteligencia. Son muy buenos técnicamente. Un punto de contacto de servicios extranjeros o nacionales de todo tipo”, insiste. “Tienen confidentes y trabajan con Frontex, que tiene agentes desplegados en la frontera y entrevistan a voluntarios”, explica un inspector en territorio ceutí. “Cuando hacemos notas informativas, por ejemplo, sobre embarcaciones que llegan, las enviamos al CENIF. Luego, si la embarcación aparece varada en otro sitio, ya saben quién es el patrón. Tienen información de todos los puntos en una base de datos que manejan ellos. Pero claro, explicar todo eso sobre cómo funciona, pues no está bien porque dan pistas sobre cómo controlamos”, repone.
Desde el Ministerio insisten en que se están poniendo todos los esfuerzos y aclaran que, además del refuerzo en seguridad ciudadana y embarcaciones, también se han enviado sobre el terreno seis agentes de la Comisaría General de Información para recabar datos. Insisten en que, como se comprometió Sánchez, se van a seguir analizando “las razones y la autoría” de aquella entrada masiva.
Concluir de forma inequívoca que se trate de Marruecos es algo que todas las fuentes consultadas ven altamente difícil. “Que nadie piense que el CENIF puede demostrar esto como un asesinato. Es información de inteligencia; se analizan indicios, imágenes que llevan a conclusiones. Pero que nadie piense que esto es un análisis forense”, repone el exalto cargo de Extranjería. En este sentido, recuerdan lo ocurrido con la investigación sobre Pegasus en la Audiencia Nacional, que nunca llegó a concluir de forma certera que el reino alauí había estado tras la infección del software en el móvil de Sánchez, Robles y Marlaska (y el intento al ministro de Agricultura, Luis Planas), a pesar de que esa era la sospecha.
El responsable de Interior ha vuelto a ser objeto de muchas de las críticas este jueves en el Congreso, pero fuentes parlamentarias dudan que su puesto esté ahora en duda. “Si no ocurrió en 2022, cuando pasó lo de Melilla, donde él tenía la responsabilidad política, fue reprobado, toda la cámara se posicionó y todos los medios de comunicación estaban de acuerdo en que no podía seguir, no va a ocurrir ahora”, indica un diputado de uno de los partidos socios del Gobierno. En este caso, cree que la responsabilidad está más repartida y que, si el manejo de la situación en Ceuta ha salido mal, no se puede apuntar únicamente a su gestión, que antiguos colaboradores suyos también defienden: “La gente no lo ve, pero ha conseguido mantener los índices de criminalidad como uno de los más bajos del planeta”, expresa. El ministro con más días al frente de Interior prepara ya un nuevo viaje a Ceuta la próxima semana.
