La jornada escolar continua reduce la fecundidad en España, según un estudio

España cerró 2024 con 1,1 hijos por mujer según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la fecundidad más baja de Europa y una de las más bajas del mundo, y lleva dos décadas ensayando políticas natalistas de resultados ambiguos sobre el número de nacimientos. Entre ellas se cuentan desde el cheque bebé hasta las sucesivas ampliaciones de los permisos, pasando por un número elevado de ayudas autonómicas y locales. Mientras tanto, una decisión organizativa que no suele concebirse como política familiar avanzaba colegio a colegio en dirección contraria. Se trata de la jornada escolar continua, una política educativa que comprime las clases entre las 9.00 y las 14.00 y que no nació de ningún diseño pedagógico, sino de una batalla sindical en los colegios públicos de Canarias a finales de los años 80, desde donde se ha ido extendiendo por casi todo el país a costa de la jornada partida, la que mantenía a los alumnos en el centro hasta las 16.00 o las 16.30 con la comida por medio.

Su expansión ha sido tan silenciosa como desigual. Canarias en 1990 y Extremadura en 2001 la impusieron por ley en todos sus colegios públicos, mientras que el resto de las comunidades fue dejando la decisión en manos de las votaciones de cada consejo escolar, un proceso gradual que la ha convertido en el modelo mayoritario en casi todo el país, hasta el punto de que, según los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), más del 70% del alumnado de 3 a 12 años tiene hoy una jornada escolar de 30 horas semanales o menos. La pandemia no hizo sino acelerar el proceso, elevando la implantación del 51% al 71% de los centros de acuerdo con una encuesta realizada por EsadeEcPol, de modo que solo Cataluña y País Vasco mantienen hoy la jornada partida como norma general.

Pese a su importancia, se trata de una de las políticas educativas de las que se tiene menos evidencia, tanto por el lado del efecto en las familias como en los alumnos. El efecto sobre las familias puede no ser menor, ya que pasar de la jornada partida a la continua equivale a retirar entre dos y tres horas diarias de cuidado infantil público y gratuito justo en la franja horaria en la que la mayoría de los padres sigue trabajando. Un nuevo estudio publicado por Álvaro Muñíz-Fernández en el Journal of Policy Analysis and Management, trata por ello la jornada escolar como lo que es en la práctica, una subvención implícita al cuidado de los hijos, y ofrece la primera estimación de su efecto sobre la natalidad en las regiones que vivieron una mayor expansión de la jornada continua en la última década.

La clave del estudio está en que la expansión de la jornada continua constituye un experimento cuasi-natural, puesto que las comunidades autónomas la adoptaron en momentos distintos y con intensidades distintas, lo que permite construir un escenario contrafactual, es decir, dibujar qué habría sucedido con la fecundidad de las provincias afectadas en un mundo sin cambio de jornada, y realizar la comparativa contra ese escenario. Para ello, el autor emplea datos provinciales del INE entre 1981 y 2016 y el método de diferencias en diferencias, un método de referencia en la evaluación de políticas públicas.

Los resultados son contundentes. En el conjunto de provincias que implementaron la jornada continua, el efecto fue de una reducción de la fecundidad en 0,12 hijos por mujer, un 9% respecto al nivel previo a la reforma, y retrasó la llegada del primer hijo en torno a cuatro meses, un efecto que además no se agota en el corto plazo, sino que se va acumulando con el tiempo. La intensidad también importa, porque allí donde la reforma fue obligatoria y llegó a todos los centros a la vez, en Extremadura, la caída alcanza los 0,38 hijos por mujer y el retraso de la maternidad roza los siete meses, frente a efectos más moderados en las regiones donde la adopción fue voluntaria y gradual y, por tanto, no todas las familias quedaron expuestas al nuevo horario.

El detalle más revelador está en qué hijos se dejaron de tener. El efecto de la jornada continua fue menor sobre los primeros nacimientos, donde su impacto no llega a ser estadísticamente significativo, pero sí recortó de forma creciente los segundos, terceros y cuartos hijos, exactamente el mismo patrón que muestra la caída de la natalidad española de las últimas décadas, en la que los primeros hijos resisten mientras los segundos y terceros no dejan de caer.

¿Por qué el horario escolar afecta a una decisión tan importante como tener un segundo o tercer hijo? La respuesta está en quién pudo esquivar el cambio y quién no. En las regiones donde la jornada se votaba colegio a colegio, la matrícula en la escuela pública cayó 4,6 puntos tras la reforma, señal de que una parte de las familias, precisamente las de más recursos, escapó hacia centros privados y concertados que mantenían la jornada partida o los servicios de tarde, mientras que en Extremadura, donde la escuela privada apenas era una alternativa asequible en dos de las provincias más pobres del país, nadie pudo esquivar el nuevo horario y el efecto fue máximo. A ello se suma que el retraso de la maternidad se concentra en las provincias donde menos mujeres trabajaban, con casi ocho meses de retraso frente a poco más de dos en las de mayor participación laboral femenina, lo que señala que el problema de fondo es la dificultad de compatibilizar el empleo con la crianza.

Ese coste lo había documentado ya para España un estudio de EsadeEcPol con los microdatos de la Encuesta de Condiciones de vida (ECV) del INE. En el 91% de los hogares, los que no hacen uso de servicios de cuidados, tener a los hijos en jornada continua se asocia con una pérdida de 1.850 euros brutos anuales para las madres frente a 970 para los padres, una penalización que escala hasta los 3.550 euros entre las madres con estudios superiores y que, agregada para el conjunto del país, sus autores cifran en 8.048 millones de euros al año, con un 66,4% del coste soportado por las madres. Criar a los hijos en un mundo con jornada continua se volvió más caro en tiempo y en dinero, y las familias respondieron en consecuencia.

España ha desmontado, con una sorprendente falta de debate público al respecto, una de sus herramientas profamiliares más potentes, todo ello mientras multiplicaba ayudas económicas a la natalidad de resultados dudosos o directamente nulos. Y nada de esto ha entrado todavía en el debate educativo sobre la jornada escolar, que sigue extendiéndose cada primavera mediante votaciones en las que el profesorado, su principal beneficiario laboral, defiende que el modelo es mejor para el alumnado, un argumento que la evidencia disponible simplemente no respalda.

La implicación de política pública es incómoda pero clara, la educación a tiempo completo no es solo una cuestión de conciliación o de rendimiento académico, es también política demográfica y laboral, cuyo coste presupuestario podría verse en buena medida compensado por la mejora de los ingresos laborales de los progenitores, generando una situación positiva y justa tanto para familias como para docentes. Sin embargo, mientras el debate siga anclado en evidencias inexistentes sobre su efecto académico y no se quiera admitir que supone un coste directo para las familias, resulta difícil concebir una recuperación de la educación a tiempo completo en los colegios españoles.