La juez María Tardón ha acordado elevar una exposición razonada al Consejo de Ministros en la que solicita la desclasificación de documentos e informes relacionados con la entrada masiva irregular en Ceuta desde Marruecos. La magistrada de la Audiencia Nacional indica que el Gobierno debe actuar "con carácter urgente" y entregar los datos "en el plazo de 15 días naturales".
Lo hace tras afirmar que el informe del 14 de octubre que le remitió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no le aportó nada que no se supiera por otras vías: "No se informaba sobre ningún extremo que no fuera conocido por otras actuaciones ya practicadas en la causa". Además, los documentos que contenía "aparecían censurados con las mismas tachaduras que las señaladas en la publicación de los informes y comunicaciones difundidos en la página web de la Moncloa".
Resalta que algunas de las preguntas que planteó expresamente "no han sido contestadas en los términos en que se solicitaba". Por ejemplo, a quién comunicó el CNI la información que tenía. La contestación fue vaga y no permite indentificar a esas personas, lo que impide llamarlas a declarar.
También quedó sin concretar qué tipo de contactos mantenía el Centro con su homólogo marroquí y si había elaborado informes después de los dos días de entradas masivas de inmigrantes. Informes que la juez querría consultar.
A ello se suma que el Estado Mayor de la Defensa ha respondido a Tardón que el informe de Inteligencia del 4 de agosto con el título "Evolución dd la Crisis en Ceuta" no se le iba a remitir "porque ostentaba la calificación de reservado".
Entre otros documentos, la juez pide las notas e informes del CNI sobre lo sucedido los días 30 y 31 de julio. En particular, todas las notas e informes clasificados elaborados hasta ahora relativos a la actuación de las autoridades de Marruecos.
Además, pide el listado concreto de autoridades que recibieron las notas de los Servicios de Inteligencia ya desclasificadas, elaboradas el 27 y el 30 de julio y referidas en el informe del CNI remitido previamente a la instructora. También quiere Tardón "cualesquiera otras" notas remitidas con posterioridad, indicando fecha y hora del envío. Deberá acompañarse de la certificación de su recepción por esas autoridades.
Estima que la información que reclama es "indispensable" para el esclarecimiento de los hechos. "Permitirá determinar qué autoridades conocían, y desde qué momento", la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio. "Permitirá también saber qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información y cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos", dice la juez.
La juez considera que la desclasificación de esos datos no afecta a la seguridad del Estado, que "se ha visto en realidad vulnerada, precisamente, por los acontecimientos que se están investigando". "La autoría de ese ataque a la seguridad del Estado es lo que pretende averiguarse".
Tardón precisa que el hecho de que la información se haya declarado secreta o reservada "no constituye un obstáculo jurídico absoluto que impida a este órgano judicial promover su desclasificación cuando resulte necesaria para la investigación de hechos presuntamente delictivos".
La resolución notificada este martes precisa que todo el material que se desclasifique se incorporará en la pieza separada que está declarada secreta.
