La juez Tardón da tres días a la Policía para que entregue las "alertas" e informes sobre la avalancha en Ceuta

La juez María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha concedido a la Policía Nacional un plazo "improrrogable" de tres días hábiles para remitirle cuantas "alertas", informes y avisos internos se generaron sobre el peligro de una entrada masiva de personas en Ceuta, algo que acabó ocurriendo los pasados 30 y 31 de julio.

En una providencia a la que ha tenido acceso Servimedia, la magistrada requiere al Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que aporte esa documentación "a la mayor urgencia" y, en todo caso, dentro de un plazo "improrrogable" de tres días hábiles. Contra la resolución cabe recurso de reforma en tres días.

En concreto, la instructora reclama "todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva emitida entre los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026". Ese periodo abarca los diez días anteriores a la avalancha y la semana posterior.

La juez Tardón fija así tres días a la Policía Nacional para entregar todas las "alertas" e informes sobre la avalancha sufrida por Ceuta. Además, le exige identificar "los destinatarios de las alertas, la fecha y hora de recepción y las medidas adoptadas en respuesta a las mismas", es decir, quién recibió cada aviso, cuándo y qué se hizo con él.

Este requerimiento se produce después de que la instructora dictara un auto el pasado 16 de septiembre, donde esta petición de datos la extendía a otras unidades policiales, a varios servicios de la Benemérita, a la Delegación del Gobierno en la ciudad y a Interior. Ahora lo reitera solo al centro de comunicaciones policial, con carácter urgente y con un plazo cerrado.

En aquel auto, la juez consideraba esta diligencia de "particular relevancia", porque su finalidad es "reconstruir el flujo de información previo a los hechos y determinar las actuaciones desarrolladas en respuesta al riesgo detectado". La petición la había formulado la Fiscalía y la magistrada la asumió por entero.

La causa indaga la entrada irregular desde Marruecos de miles de personas, en una movilización que el auto de septiembre cifraba "de entre 75.000 y 85.000 personas". La magistrada resaltaba también "la existencia de ochenta y tres fallecidos asociados a los hechos".

La instructora considera clave conocer "la información de que se disponía antes de los acontecimientos, las previsiones existentes" y las circunstancias que determinaron "el colapso operativo descrito en las actuaciones". Por ese motivo calificó de testigos "prioritarios" al jefe del Ejecutivo ceutí, Juan Jesús Vivas, al responsable de la Policía Local en aquellos días y a quien entonces dirigía el Gabinete del delegado del Gobierno.

Aquella resolución pedía asimismo avisos y estudios de riesgo a otras unidades de información y fronteras. Al director del CETI, el centro que acoge temporalmente a inmigrantes en la ciudad, le reclamaba los mensajes que hubiera enviado o recibido sobre la entrada masiva y quiénes fueron sus destinatarios.