La jueza instructora María Tardón, que investiga la entrada masiva a Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio, ha exigido al Gobierno que desclasifique informes y documentación sobre dicha crisis. La magistrada de la Audiencia Nacional, que insta al Ejecutivo a llevar a cabo esa medida “con carácter urgente y en todo caso en el plazo de 15 días naturales”, considera que esa “información solicitada es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado”. “Resulta imprescindible para la averiguación de la verdad material”, apostilla Tardón en una resolución dictada este martes, donde explicita su insatisfacción por el contenido de los datos facilitados hasta ahora por el CNI.
Además, Tardón también ha citado a declarar este miércoles a tres marroquíes que accedieron a la ciudad autónoma durante aquellos días, según confirman fuentes jurídicas. La magistrada les interrogará en condición de testigos y por videoconferencia; y, de esta forma, amplía la ronda de comparecencias fijadas para esta semana. De hecho, este mismo martes se han sentado ante ellas tres consejeros del municipio norteafricano, que han descrito la situación de caos que se generó, así como la pasividad de las fuerzas de seguridad de Marruecos.
Tras recibir una denuncia del partido extraparlamentario Iustitia Europa, María Tardón decidió asumir la investigación sobre la entrada masiva en Ceuta. Aunque al justificar su decisión apuntó principalmente contra Marruecos y señaló que indagaría en la comisión de una supuesta “conducta delictiva” coordinada e intencionada “presuntamente cometida en el extranjero”, una buena parte de sus pesquisas se está centrando en las actuaciones desarrolladas “en territorio español” sobre la “articulación” de los medios de respuesta” y la gestión de las “alertas” ante la crisis. En ese contexto se enmarcan, precisamente, las declaraciones de este martes.
Al convocar a Alberto Ramón Gaitán (Presidencia), Nabila Benzina (Sanidad y Servicios Sociales) y Alejandro Ramírez (Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos), Tardón explicó que los tres consejeros “tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis”. Además, en esa misma línea, la magistrada también pidió a Ceuta “todos los informes” que haya elaborado sobre “la afectación de los servicios públicos esenciales de la ciudad”. Y, de hecho, la ciudad ya le ha enviado un documento que cuantifica los “costes extraordinarios” en 45 millones de euros —gastos que responden, entre otros asuntos, a refuerzo en seguridad o limpieza—.
Según detallan fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios de este martes, los consejeros han insistido en que, durante las jornadas previas al 30 de julio, se había incrementado la llegada de migrantes a la ciudad. De ello, según han apostillado en línea con la declaración del presidente Juan Jesús Vivas, se advirtió al Gobierno central sin obtener una respuesta suficiente de ayuda. En este punto, uno de ellos ha añadido que se le propuso a la Secretaría de Estado de Seguridad (dependiente del Ministerio de Interior) colocar una barrera con boyas para disuadir de las entradas por mar, pero que el Ejecutivo respondió que eso podía generar un riesgo de que los migrantes quedaran atrapados y se pusiera sus vidas en peligro.
Para ejemplificar el caos que generó la crisis en la ciudad, el consejero de Presidencia ha detallado igualmente que las llamadas al 112 se multiplicaron. Según los datos que ha aportado, entre el 30 de julio y el 11 de octubre, se han registrado más de 12.000 avisos, casi un 400% más. Alberto Ramón Gaitán ha remachado que la localidad tiene acogidos a más de 3.500 menores.
Por su parte, según fuentes jurídicas, Alejandro Ramírez ha explicado que la entrada masiva parecía organizada y que los gendarmes marroquíes se encontraban en una situación pasiva —según ha contado, vio a uno mirando el móvil, a otro rezando, a otro dirigiendo a los migrantes para que cruzaran—.
