La Policía Nacional ha localizado, identificado y puesto a disposición del Gobierno regional en Ceuta a 2.168 menores de edad desde el 30 de julio, según han informado fuentes del Ministerio de Interior.
La cifra ha incrementado 270 menores respecto a la última difundida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hace cinco días tras una reunión mantenida con la Delegación de Gobierno de Ceuta, Policía Nacional y Guardia Civil en la que se informó de la prioridad de la filiación de los menores.
Los menores han sido identificados entre las personas que permanecen en la ciudad después de la entrada de entre 70.000 y 80.000 migrantes procedentes de Marruecos durante los dos últimos días de julio.
La ciudad autónoma ha abierto instalaciones, entre ellas dos colegios, para la atención de los menores a petición del Ministerio de Juventud e Infancia, ante la sobreocupación de los espacios existentes en la ciudad autónoma. La capacidad ordinaria de acogida atribuida a Ceuta es de 29 migrantes, cifra que se encontraba ya superada antes de la entrada masiva de finales de julio.
Los menores permanecen ahora en Ceuta a la espera de que se articulen soluciones, ya sea mediante su derivación a otras comunidades autónomas o, cuando se cumplan los requisitos legales, mediante la repatriación a sus países de origen.
Entre ellos también hay niños y jóvenes procedentes de países como Chad o Sudán que huyen de guerras y crisis humanitarias y pueden tener derecho a protección internacional. Save the Children ha puesto especialmente el foco en la situación de mujeres, niñas y adolescentes, que pueden enfrentarse además a matrimonios forzosos, violencia sexual o trata.
Reubicación en otras comunidades
El Gobierno central ha convocado a las comunidades autónomas la próxima semana a una conferencia sectorial para abordar la reubicación de los niños y adolescentes llegados a zonas tensionadas como Ceuta y debatir la transferencia de 25 millones de euros del Ejecutivo a la ciudad autónoma para atender a los menores.
Los gobiernos autonómicos del PP se oponen al sistema planteado, mientras que Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde Vox gestiona las políticas de Infancia en sus gobiernos de coalición, no quieren participar en el encuentro.
Las dificultades para la repatriación
La otra posibilidad, la devolución de los menores a sus países de origen, exige un procedimiento individualizado que determine que el retorno responde al interés superior de cada menor. En la práctica, estos requisitos hacen que las repatriaciones sean poco frecuentes.
El Tribunal Supremo ya determinó que la devolución masiva a Marruecos de menores llegados durante la crisis migratoria de 2021 fue ilegal por la "absoluta inobservancia" de las garantías previstas en la ley de extranjería, entre ellas el análisis individual de las circunstancias de cada joven.
Estas garantías deben respetarse aunque exista el acuerdo alcanzado entre España y Marruecos en 2007 para la vuelta concertada de menores. Para proceder a la reagrupación familiar es necesario, entre otras cuestiones, conocer la voluntad del menor y recabar un informe de las autoridades de su país de origen sobre la situación socioeconómica de su familia para garantizar que estará adecuadamente atendido.
