La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cayó en contradicción en una sola sesión al decidir sobre la consulta a personas con discapacidad. El pleno invalidó ayer disposiciones de una ley de Chiapas por incumplir ese requisito, pero mantuvo vigentes normas de Morelos y Durango pese a la misma omisión, debido a que un bloque de cuatro ministros se opuso.
Cinco integrantes del máximo tribunal respaldaron el proyecto de Yasmín Esquivel Mossa para invalidar una disposición de la Ley de Educación de Durango que permite a estudiantes prestar su servicio social como auxiliares educativos o “maestros sombra” de alumnos con discapacidad.
“La consulta es necesaria, no podemos considerar como un gran avance que se incluya a prestadores de servicio social… Tampoco considero que violar la Convención (sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) no tiene consecuencias, sí las tiene y consecuencias graves, sobre todo para personas con discapacidad… Son ellos los que nos tienen que determinar si esta norma cumple con la expectativa”, defendió Esquivel Mossa.
El proyecto fue desestimado al no alcanzar la mayoría calificada, tras votar en contra el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz; Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González. Aunque tres de ellos reconocieron la obligación de consultar, consideraron que invalidar la norma sería menos benéfico para las personas con discapacidad.
Herrerías reconoció que “sería ideal que hubiera consulta… pero si se invalida la norma, entonces estas personas no van a tener ese acompañamiento”; mientras Aguilar sostuvo que “quizás no es la norma perfecta porque no tiene consulta, pero sí implica un avance”.
Loretta Ortiz Ahlf, quien un día antes en otra discusión mostró el implante coclear que usa debido a su discapacidad auditiva, criticó esa postura: “Otra vez estamos cometiendo el mismo error. Perdón, sustituyéndonos en la voluntad de los que deben ser consultados”.
Esquivel intentó retirar su proyecto para evitar que el asunto fuera archivado y permitir el análisis de posibles violaciones a otros derechos, pero el mismo bloque se opuso.
Con igual votación, el pleno desestimó el proyecto de Giovanni Figueroa Mejía para invalidar totalmente la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición de Espectro Autista del Estado de Morelos, aprobada también sin consulta previa.
En contraste, también ayer, la Corte invalidó disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada de Chiapas por la misma omisión. El proyecto de Esquivel sostuvo que corresponde a las propias personas con discapacidad determinar si las medidas que las afectan son adecuadas y accesibles.
La discusión lleva dos días y casi cinco horas. Durante los debates, Batres Guadarrama ha guardado silencio, pese a que el año pasado propuso abandonar el criterio de invalidación automática por falta de consulta, iniciativa que detonó la audiencia pública en la Corte en la que participaron 89 personas con discapacidad y expertos.
