Las comunidades autónomas impulsan nuevas políticas de vivienda para atender la crisis de acceso

La crisis de acceso a la vivienda ha obligado a las comunidades autónomas a replantear sus políticas residenciales. No queda otra que reinventarse para plantar cara a la urgencia habitacional. Con un mercado incapaz de absorber la demanda, especialmente en las ciudades y zonas colindantes, los gobiernos regionales han acelerado la construcción de viviendas e introducido mejoras para su acceso. Y para ello han puesto a trabajar la máquina de la innovación: nuevas fórmulas para atraer inversión privada, procedimientos de adjudicación más ágiles y soluciones constructivas que buscan reducir costes y plazos de ejecución.

Bajo este escenario, Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura o Galicia se apresuran con nuevos modelos a edificar promociones protegidas para llegar a más población. “Estamos en una situación que exige no solo construir más, sino hacerlo con mayor rapidez”, apunta el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo. Su estrategia pasa por “incrementar de forma sostenida la oferta para contener los precios y facilitar el acceso sobre todo a los jóvenes y a las familias”. El Plan de Choque madrileño, que sumará un total de 18.000 nuevas viviendas, incorpora 15 medidas para desbloquear suelo, agilizar trámites administrativos, facilitar la colaboración público-privada e impulsar nuevas promociones.

Su buque insignia es el Plan Vive, para el que la Administración ha cedido suelo público y las empresas privadas edifican y gestionan unos inmuebles cuyo precio es un 30% inferior al de mercado. Entre las novedades del programa Mi Primera Vivienda, que facilita la compra del primer hogar a personas solventes sin ahorros previos mediante avales públicos para financiar hasta el 100% de la hipoteca, la edad para acceder se eleva hasta los 50 años. “Y para los más jóvenes, menores de 35 años, estamos desarrollando el Plan Vive Solución Joven (dentro del Plan Vive), que comprende la construcción de 5.500 viviendas”, añade Rodrigo.

Rentas medias

Otra importante modificación que asumen las autonomías es ampliar el perfil del solicitante. La vivienda protegida deja de dirigirse exclusivamente a los hogares con menores ingresos para abrirse a las rentas medias, uno de los colectivos más castigados por el encarecimiento del mercado. Cataluña permitirá que estas familias puedan acceder a parte de las 50.000 viviendas asequibles de protección pública que han empezado a construirse y que previsiblemente finalizarán en 2030 en un plan cuya inversión se eleva a 2.000 millones de euros. Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha aplicará la decisión de diciembre de 2025 de la Comisión Europea para que puedan optar a la compra o alquiler “no sólo las rentas bajas, sino también las rentas medias que no superen unos ingresos familiares de 3.000 euros mensuales”, señala su consejero de Fomento, Nacho Hernando. En su caso, prevé un parque de 19.0000 viviendas y 500 millones de inversión.

Ambas comunidades coinciden en un diagnóstico generalizado: cada vez más trabajadores con ingresos estables quedan fuera del mercado libre porque no cumplen los requisitos tradicionales de la vivienda social. De ahí que Cataluña haya ampliado de 35 a 40 años la edad para acogerse a su Fondo de Emancipación, que adelanta “hasta el 20% del precio de la compra y permite devolver esa cantidad a los 30 años o cuando se venda el inmueble”, señala Silvia Paneque, consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de Cataluña. Castilla-La Mancha ha optado por préstamos a jóvenes a interés cero mediante un sistema por el que la Junta avala el 20% del importe que habitualmente no financian las entidades bancarias. “El objetivo común es salvar uno de los principales obstáculos para acceder a la propiedad: disponer del ahorro inicial”, destaca Hernando.

En esta misma línea, la Junta de Extremadura ha ampliado su programa Aval Joven hasta los 40 años e incorporado además a familias numerosas y monoparentales. Con una inversión de 951 millones de euros, su Plan Vivienda 2026-2030 representa “el mayor esfuerzo económico realizado por la Junta en materia de vivienda”, según fuentes de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, e incluye ayudas a la promoción, adquisición y construcción de viviendas, así como programas específicos para el alquiler, la rehabilitación, la regeneración urbana y la mejora de la accesibilidad.

Del mismo modo, el programa Habita Extremadura prevé la construcción de 3.500 viviendas protegidas (“con algunas promociones ya muy avanzadas”, señalan fuentes oficiales) que se ofrecen con un IVA reducido al 4%, así como ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada. Podrán acceder a ellas las familias que no tengan otra vivienda en propiedad y cuyos ingresos no superen los 37.800 euros anuales.

Para el impuso de todas estas promociones han sido fundamentales las fórmulas de colaboración publico-privada. Cataluña ha firmado acuerdos con 200 ayuntamientos para la cesión de 670 solares públicos durante 75 años y garantiza a los promotores un precio máximo de alquiler de 10,65 euros por metro cuadrado, además de bonificaciones financieras para incentivar la construcción. “Las viviendas saldrán al alquiler a entre 800 y 900 euros y en la mayoría de municipios no superaran los 500 euros. El precio de compra oscila de 220.000 a 250.000 euros”, apunta Paneque.

También Galicia ha articulado un pacto por la vivienda con todos los agentes del sector y prevé invertir 2.000 millones de euros en la construcción de viviendas públicas, desarrollo de suelo para vivienda protegida y medidas agilizadoras administrativas. Un modelo encaminado a facilitar la construcción de 25.000 viviendas protegidas. “Son casas de 85 metros cuadrados a un coste de 200 euros en régimen de alquiler o de 125.000 euros para adquirirlas en propiedad”, declara Heriberto García, secretario de Vivienda de la Xunta. Y anuncia: “La primera entrega de 4.000 viviendas está prevista para finales de 2028”.

En todos los casos, para acceder al parque público hay que residir o trabajar en la comunidad, destinar la vivienda a domicilio habitual y no tener otra en propiedad.