Las comunidades autónomas seguirán pisando el acelerador de las rebajas fiscales en los próximos años. De aquí a 2031 han proyectado reducciones de impuestos por unos 2.300 millones en su conjunto, de acuerdo con los datos recopilados por la Autoridad Fiscal (Airef). El mayor impacto negativo en términos de recursos para las arcas públicas se producirá en el IRPF, y se registrará en 2028; el resto se concentrará en los gravámenes relacionados con la tributación inmobiliaria y en sucesiones y donaciones. En el otro lado de la balanza están las medidas de aumento de ingresos, cuya huella será mucho más reducida: unos 250 millones acumulados al final del periodo.
La Airef ha hecho sus cuentas a partir de los proyectos de presupuestos autonómicos para el próximo año, de las medidas ya aprobadas que despliegan efectos en ejercicios futuros y de los anuncios efectuados por los distintos gobiernos regionales en materia fiscal. Las comunidades cuentan con un amplio margen de autonomía para modificar la imposición fiscal a sus ciudadanos, aunque muchas veces quede desdibujado en los datos quién es responsable de qué subida o bajada de impuestos. Es el caso del IRPF, que concentrará cerca del 80% del impacto recaudatorio negativo: un impuesto compartido entre los territorios y el Estado, al que los gobiernos autonómicos pueden aplicar reducciones, deducciones y aumentos o disminuciones de tipo en el tramo que les corresponde.
El impuesto de sucesiones y donaciones es otro de los grandes caballos de batalla de las rebajas fiscales de las comunidades, que tienen competencias normativas y de gestión sobre el tributo. Lo mismo ocurre con el gravamen sobre el patrimonio, pero el margen de maniobra ha quedado reducido por la introducción del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, de naturaleza estatal. En cambio, las comunidades están exprimiendo la capacidad regulatoria sobre el impuesto de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales (IPT/AJD), vinculado a la compraventa de vivienda. El tributo ha vuelto a ganar protagonismo en estos años de crisis de acceso al mercado inmobiliario, como también refleja el último informe del Ministerio de Hacienda sobre los Presupuestos Generales de las comunidades autónomas, en el que se recogen cambios generalizados a la baja en el impuesto, con el foco puesto en la vivienda habitual y los jóvenes.
Todas estas políticas de reducción de impuestos se producen al calor de una economía que marcha a ritmo sostenido y unos ingresos al alza. Este año, las comunidades ya han aplicado rebajas en el IRPF por unos 300 millones, según los cálculos que la Airef recoge en su Informe sobre los Proyectos y las Líneas Fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas, publicado esta semana. Si se añaden los ajustes a la baja en otras figuras y las medidas de incremento de recaudación, el resultado neto es negativo en 474 millones. El año que viene será de 600 millones y de más de 770 el siguiente.
Andalucía es uno de los territorios que ha anunciado nuevas rebajas de impuestos en sus presupuestos de 2027 por un valor de más de 280 millones, en línea con la trayectoria fiscal a la baja impresa por Juanma Moreno desde que llegó a la Junta hace siete años. El proyecto prevé una bajada de un cuarto de punto en la cuota autonómica del IRPF para rentas de hasta 60.000 euros y disminuciones progresivas en los tipos de ITP/AJD a lo largo de los próximos cuatro ejercicios, además de otros cambios y nuevas deducciones en sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre la renta.
La Comunidad Valenciana se mueve en un terreno parecido. Entre finales de 2025 y principios de 2026 aprobó rebajas en distintos impuestos, entre ellos ITP/AJD, sucesiones y donaciones, patrimonio; a mediados de este año apostó por reducciones en la tarifa autonómica del IRPF que empezarán a aplicarse entre 2026 y 2027. El impacto en la recaudación superará, en total, los 640 millones de euros. Madrid, defensor y baluarte de las rebajas fiscales, avanza por el mismo camino, con reducciones ya aprobadas en sucesiones y donaciones, y anunciadas en ITP/AJD. Entre las grandes comunidades, Cataluña es la única que registrará un efecto neto positivo por los cambios tributarios aplicados en 2025 y 2026 y que desplegarán sus efectos hasta 2031, entre ellos cambios en el IRPF, ITP/AJD, tributación de establecimientos turísticos y canon del agua.
Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo de Olavide, considera que el momento no es el más adecuado para bajar impuestos, puesto que en este momento de fase expansiva del ciclo económico correspondería una política fiscal restrictiva o neutral. Pone el foco, además, en las reglas fiscales. “Las perspectivas de cumplimiento de la única regla fiscal vigente, la regla de gasto [las demás no están vigentes porque no se aprobó la senda de estabilidad], son muy negativas; y, como es sabido, las rebajas de impuestos reducen la capacidad de gasto según dicha regla, penalizando su cumplimiento”, zanja.
