La mañana de protestas en defensa de la educación pública en la Universidad Complutense de Madrid ha acabado con una carga policial que ha vuelto a situar a los policías antidisturbios en el centro del debate. Los agentes que han participado en el dispositivo defienden que su actuación respondió a la actitud de los manifestantes, a quienes acusan de desobedecer reiteradamente sus instrucciones y de recurrir a la violencia cuando ellos intentaban contener la concentración.
Su relato, trasladado a este periódico por varios de los agentes desplegados en el campus, se centra en que el dispositivo se desarrolló en un contexto de tensión creciente. Los miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) -nombre técnico de los antidisturbios- sostienen que los participantes en la concentración pretendían cortar una avenida y que les advirtieron "varias veces" de que debían despejar el espacio y seguir las instrucciones policiales. Esta petición, indican, se repitió "hasta tres veces" antes de plantearse una intervención para contener al grupo y evitar que la situación fuera a más.
"Nos empezaron a dar patadas por debajo de la pancarta y no hacían caso a las instrucciones", resume uno de los agentes. Ese comportamiento, destacan, fue determinante para interpretar que la concentración había entrado en una dinámica de confrontación y para decidir una actuación destinada a controlar los movimientos del grupo. La intención inicial, según explican, era encapsular a los manifestantes, una técnica de intervención policial que consiste en delimitar y contener a un grupo para limitar sus desplazamientos y recuperar el control de una situación de tensión.
Los agentes defienden que esa maniobra pretendía evitar que los incidentes se extendieran y que su actuación no fue una respuesta arbitraria contra quienes protestaban, sino una reacción a lo que describen como una actitud "hostil". La secuencia de los hechos, la conducta individual de los participantes y las circunstancias en las que se empleó la fuerza han sido uno de los temas principales del día en todos los medios de comunicación. Tanto es así, que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha solicitado una investigación urgente sobre lo sucedido para esclarecer las circunstancias de la actuación policial y determinar si se produjo algún exceso.
La apertura de esas diligencias resulta especialmente relevante ante la existencia de versiones enfrentadas sobre el origen de los incidentes: mientras los antidisturbios sostienen que intervinieron después de reiterados requerimientos desatendidos y de recibir patadas, representantes de los colectivos participantes han cuestionado que existieran motivos suficientes para cargar.
El malestar en la UIP con las instituciones es manifiesto. Centran su enfado, sobre todo, en la Delegación del Gobierno, a la que reprochan, según su versión, la falta de pautas claras para afrontar este tipo de situaciones. Consideran que se ven obligados a resolver sobre el terreno escenarios cada vez más complejos sin contar siempre con criterios suficientemente definidos sobre cómo proceder, lo que, a su juicio, los deja expuestos a las críticas posteriores, con independencia de las decisiones que adopten durante el operativo.
«Nos dejan a los pies de los caballos», lamentan, en referencia a lo que consideran una falta de respaldo y de instrucciones precisas por parte de sus responsables políticos. La investigación solicitada deberá permitir reconstruir la secuencia de los hechos y establecer si las advertencias previas, la decisión de encapsular al grupo y el uso posterior de la fuerza se ajustaron a los criterios exigibles a una intervención policial.
