Los deberes económicos tras el 29-N: vivienda, infraestructuras, Presupuestos y pensiones, entre los más urgentes

Hace cuatro años, en el Reino Unido, cerca de 20.000 personas siguieron en directo el reto disparatado de un medio de comunicación británico titulado “¿Puede sobrevivir Liz Truss a esta lechuga?”. Comparaban la vida política de la entonces primera ministra con lo rápido que se degrada un cogollo de iceberg fuera de la nevera. La líder tory había puesto al país contra las cuerdas con un plan presupuestario muy desequilibrado que proponía la mayor rebaja de impuestos en medio siglo. Como supimos después, ganó la lechuga.

En la actualidad otros líderes viven momentos Truss parecidos. Lula da Silva sintió la fiereza de los mercados después de darle la vuelta a los pronósticos electorales en Brasil; en Japón, la primera ministra Sanae Takaichi lleva tiempo en la cuerda floja debido a la depreciación del yen y esta semana supimos que a los valores de la IA en Bolsa no les ha sentado nada bien la ola demócrata que triunfó en EE UU.

En España la situación macroeconómica que heredará el próximo Ejecutivo, sea cual sea su color, es relativamente confortable, lo que a priori alejará las presiones del mercado. Sin embargo, los expertos consideran que hay una larga lista de tareas que abordar. Algunas son urgentes (como las medidas a tomar con un IPC rozando el 5%); otras son importantes (como el problema del acceso a la vivienda). Muchas parten de dolores crónicos de la economía, como el envejecimiento de la población y su reflejo en prestaciones y servicios sociales o la falta de mantenimiento de las infraestructuras. Otras, más coyunturales, como el fin de los fondos de recuperación Next Generation, supondrán un freno a la inversión sin precedentes. Y todas ellas, en especial el aumento de la productividad, obligarán a adoptar medidas valientes que en muchos casos deberán tener el apoyo de una mayoría amplia del arco parlamentario e, incluso, la complicidad de otras administraciones.

En el corto plazo, el próximo inquilino de La Moncloa puede estar relativamente tranquilo. Desde 2022 el país ha crecido más que la UE, —de media, un 3,7% frente al 1,7% del conjunto de la eurozona— y sigue siendo la locomotora del continente alimentada por la entrada de inmigrantes. Gracias a ello entre 2023, fecha de los últimos comicios, y 2025, las finanzas públicas han mejorado. La deuda se redujo cinco puntos hasta suponer el 100,7% del PIB y Funcas calcula que este año descenderá previsiblemente al 98%. La tasa de paro ronda el 10% y hay más personas que nunca trabajando, 22,8 millones. El endeudamiento de los hogares y el de las empresas cayó el año pasado al 42,8% y 62,6% del PIB respectivamente, registrando mínimos desde hace 25 años, según el Banco de España.

Por ahora, el colchón de ahorro que se generó en la pandemia y la creación de empleo continúan sosteniendo el consumo, aunque la aceleración de los precios aprieta el zapato de la renta real de las familias. Y ahí empiezan las malas noticias. El enquistamiento del conflicto en el estrecho de Ormuz y otras amenazas, como la que estrangula el tráfico marítimo en el estrecho de Bab el-Mandeb, están manteniendo altos los precios de la energía. La poca capacidad de refino en Europa puede seguir elevando los costes de las empresas, lo que alimenta nueva inflación. El IPC avanza un 4,9% y el Banco de España ha advertido de que las oscilaciones al alza persistirán, lo cual puede poner palos en las ruedas del crecimiento. En este contexto hay un farolillo rojo: el diferencial de precios con la UE se ha ampliado, lo que lleva a Raymond Torres, director de Coyuntura en Funcas, a advertir de que se está erosionando la competitividad. Los indicadores de carencia severa dan otras señales sombrías. Sugieren que la buena marcha de la economía “apenas ha reducido el peso relativo de la población con mayores carencias en España, aquella que más dificultades económicas atraviesa en su vida”, sobre todo en familias con niños menores de 16 años. Y aunque el desempleo está en mínimos, el país presenta junto a Finlandia la tasa más alta de toda la OCDE y muestra históricamente su incapacidad para bajar desde niveles del 10%.

En suma, el próximo Gobierno deberá enfrentarse a un horizonte en el que previsiblemente sucederán dos cosas: se mantendrá una alta inflación y se producirá un enfriamiento gradual del empleo y el crecimiento.

Las condiciones financieras de los hogares también pueden empeorar por la persistencia de unos tipos de interés relativamente elevados. El euríbor, índice de referencia de las hipotecas variables, cerró en octubre en el 3,2% y se mantiene en máximos de más de dos años. Lo mismo puede pasar con la financiación del Estado, que ahora disfruta de buenas condiciones en comparación con las de sus vecinos. La prima de riesgo, que en los peores años de la Gran Recesión llegó a los 640 puntos básicos respecto al bono alemán, ahora ronda los 60. La italiana está en 112 y la de Francia, en 145. Sin embargo, el margen fiscal se estrecha rápidamente. En los vencimientos a largo plazo, en lo que va de año el rendimiento del bono español se ha incrementado casi un punto, un signo preocupante para los economistas.

A través de la opinión de una docena de expertos y representantes de organizaciones (la patronal CEOE rechazó participar), resumimos a continuación los principales retos a abordar. No podemos saber qué respuesta tendrán por parte de los partidos porque la mayoría todavía no han publicado su programa electoral. En cualquier caso, es conveniente recordar que Liz Truss dimitió tras estar solo 45 días en el cargo dejando una enseñanza nítida a otros políticos: además de conseguir el poder hay que saber qué hacer con él.

Vivienda

La huelga general convocada para el 11 de noviembre por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas con el respaldo de los principales sindicatos es el resultado de la fiebre de precios que lleva años padeciendo el mercado de la vivienda. La encuesta del CIS publicada en octubre con entrevistas realizadas antes del desahucio de Maricarmen Abascal reflejan que a un 80% de los ciudadanos le preocupa bastante o mucho la situación y un 76% cree que el Estado debe intervenir para garantizar el derecho constitucional de acceso.

El Banco de España, recuerda Pablo Tucat, experto de Ksnet, una empresa dedicada a la evaluación de políticas públicas, proyectó en su informe anual de 2025 que faltan 750.000 casas, una cifra que puede elevarse en otras 300.000 hasta el 2028. La oferta no sigue el ritmo de la demanda y esto es especialmente dramático en provincias como Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga.

El diagnóstico más extendido remite a que faltan viviendas que compensen el crecimiento de los hogares, sobre todo en un puñado de ciudades muy demandadas. “Se necesitan hacer muchas cosas durante mucho tiempo”, resume desde el servicio de estudios de CC OO Carlos Gutiérrez. Ese largo plazo, cree, es el que se ha descuidado en el pasado porque no ha habido políticas sostenidas en una misma dirección. Entre ellas, cifra que es urgente incrementar la vivienda de protección pública.

Para Raymond Torres lo central está en el consenso político: “Algunos plantean como solución la construcción pura y dura; otros se inclinan por más vivienda social, o por el tope en los alquileres… En el pasado había un agravante adicional. Cualquier medida que supusiera gastar más dinero público o una respuesta del sector privado era un problema, porque no había margen de maniobra. Ahora ese debate no lo tenemos, pero falta consenso”. Manuel Muñiz, rector de IE University, lo conecta con el coste de la vida y reclama una política de medidas combinadas para facilitar la construcción: “Está claro que tenemos un reto enorme. Si bien el déficit de oferta no es lo único, debemos resolverlo. Hay un montón de propuestas sobre la mesa: liberalización de suelo, facilitación de trámites, incrementar la vivienda de protección oficial (VPO), fomentar acuerdos entre administraciones…”.

Paloma Villanueva, profesora de la Universidad Complutense, cree que a corto plazo se tiene que dar una respuesta convincente y, a la vez, trabajar a lo largo de la legislatura, porque “no es solo un problema para la población joven”. Por ejemplo, como sugiere Tucat, utilizando la Ley de Arrendamientos Urbanos y obligando a que la vivienda protegida sea de calificación permanente. “El parque actual de VPO no llega al 2% cuando en Europa está en torno al 8% y ese gap se explica porque la vivienda social se ha ido descalificando”.

Javier Soria, investigador postdoctoral en Harvard University, añade otro enfoque novedoso como resultado de su investigación. La política fiscal ha favorecido las donaciones de padres a hijos. Alcanzaron un récord de 225.300 el año pasado, un 13% más que en 2024. Los hijos de las familias que están en el top 10 de ingresos parentales son los que reciben donaciones más a menudo y de un tamaño mayor sin pagar impuesto de donaciones o muy poco. “Ante un stock de vivienda que no se expande, son los hijos de ese 10% más rico los que se benefician principalmente de este incremento de las donaciones, teniendo más fácil aún acceder a una primera vivienda”, expone. Eso agrava la brecha de desigualdad de riqueza. También habla de la necesidad de ceder suelo para, en colaboración con promotores privados, desarrollar vivienda de protección pública, pero no de cualquier manera. “Necesitamos evitar modelos como el de París, donde se construye toda la vivienda social fuera de la ciudad generando barrios enteros de baja renta. Hay que crear barrios mixtos con la perspectiva de reducir la segregación”.

Villanueva lo extiende al régimen de tenencia: la distancia entre las rentas de hogares que alquilan frente a hogares propietarios tiene un efecto negativo. “Y en la esfera productiva tenemos capitales, nacionales y extranjeros, que son atraídos por esas elevadas rentabilidades del alquiler, que no deja de ser una actividad improductiva. Es simplemente una extracción de renta”. En el fondo de sus recomendaciones subyace una idea que necesitará un profundo cambio en la mentalidad para favorecer que la vivienda sea para vivir, no para invertir, enseñando a la población el camino para canalizar su ahorro hacia la economía productiva con medidas fiscales.

Productividad e innovación

Quizá sea el desafío más difícil y el de más largo plazo. El aumento de la productividad es un elemento que los expertos califican de nuclear para garantizar un crecimiento sólido en un mundo cuajado de amenazas. Mejorar la productividad tiene que ver con aumentar el tamaño del tejido empresarial, invertir en innovación y digitalización (incluida la inteligencia artificial), cualificar mejor a los trabajadores y eliminar problemas regulatorios y de fragmentación normativa.

El debate sobre el asunto toca otro punto importante: la política de puertas abiertas a la inmigración del actual Gobierno. Isaac Baley, profesor de la Pompeu Fabra y la Barcelona School of Economics, hace un repaso echando la vista atrás: “Si nos fijamos en el crecimiento del PIB por trabajador, la productividad no ha crecido en los últimos 10 años. Cada trabajador no está siendo más productivo. La economía lo está haciendo muy bien en integrar a nuevos trabajadores, pero es un crecimiento extensivo, no significa que esté siendo más eficiente. Eso hace que los salarios se estanquen”. Carmen Herrero, de la Universidad de Alicante, se alarma por el problema de los bajos salarios unidos a la inflación: “Estamos subvencionando la educación superior pero a la vez estamos perdiendo a los mejores, sustituyendo a jóvenes bien formados por jóvenes mal formados. Las empresas son muy miopes, porque con esos salarios los trabajadores no pueden tener un proyecto de vida”.

El socio de la consultora EY Juan Pablo Riesgo, que fue secretario de Estado de Empleo entre 2015 y 2018, cree que se están viendo los límites de un modelo de crecimiento basado únicamente en el empleo foráneo: “Venimos creando entre 500.000 y 600.000 empleos. El 80% del crecimiento de la economía, según el BCE, deriva de la inmigración. Pero eso tiene un límite. Para hacerlo más sostenible es urgente impulsar la productividad”. ¿Cómo es posible que, con todo ese dinamismo, el paro no sea capaz de bajar del 10%? “Se sigue haciendo uso prioritario del talento extranjero frente a estrategias de activación de desempleados o inactivos”, considera. La tasa de actividad de la población extranjera es diez puntos mayor (del 69%) que la que recoge la EPA teniendo en cuenta a toda la población. “No se ha avanzado mucho en políticas activas de empleo. Con la tecnología que hay hoy disponible me sorprende que no tengamos una app con un perfil de quienes somos y qué dedicación nos gustaría tener, con un itinerario de formación para conseguir ese trabajo”, dice Riesgo.

Aunque hay división de opiniones. Paloma Villanueva sí considera que se ha producido un giro estructural desde la pandemia. “La economía crece no solo en el marco extensivo, sino porque hay aumentos de productividad. Es verdad que son ligeros, pero todo ello acompaña a que estemos por fin ante un comportamiento de la productividad procíclico, y no contracíclico, como hemos tenido hasta ahora”. Los datos respaldan su argumento: el observatorio de productividad de IVIE y el BBVA cifraba a principios de año en el 0,9% el crecimiento de este guarismo en tasa interanual. Entre 2022 y 2025 la productividad anual por hora trabajada creció un 0,7% mientras se mantuvo estancada en la zona euro.

Sean modestos o casi inapreciables, profundizar en los avances es primordial. Sergio Rodríguez, presidente de la Fundación I+E, que aglutina multinacionales como Pfizer, HP o ArcelorMittal, habla de carencias en la inversión en innovación: “La pública debe ser tractora, pero también fallamos en inversión privada. En 2025, aunque se ha incrementado, ha supuesto el 1,52% del PIB cuando el compromiso está en el 3%. Eso sí trae riqueza a un país”. Pide estabilidad institucional, regulatoria y jurídica. Y una política fiscal “que incentive la inversión”.

Inmigración

Es el segundo problema que más preocupa a la ciudadanía, según el CIS, y, quizá, el fenómeno más politizado. El empuje migratorio, en clave económica, tiene un impacto positivo, algo reconocido en abundantes estudios. Pero el sistema de llegadas es perverso: genera amplias bolsas de irregulares que solo a golpe de procedimientos extraordinarios periódicos pueden salir de la economía sumergida. Eso significa que muchas personas tienen dificultades —o directamente no pueden— firmar un contrato de alquiler, emitir una factura o emplearse. Patricia Gabaldón, del IE, lo tacha de problema político. “Hay un rechazo social a las regularizaciones, pero las necesitamos. Hay que encontrar la manera de que el inmigrante pueda trabajar desde el primer día, que no esté en una situación informal demasiado tiempo”. Villanueva apunta a que, además, el país está recibiendo inmigración muy cualificada en ocu