Tal y como estaba previsto y con puntualidad sindical, a las 11 de la mañana cientos de personas trataban de rodear el Congreso, pero apenas eran capaces de cerrar media Carrera de San Jerónimo. A esa misma hora, dentro comenzaba una sesión crucial para respaldar, o no, dos reales decretos sobre vivienda. La Policía Nacional, sin embargo, había trazado un espectacular perímetro que aleja la posibilidad de que algún grito alcanzara a sus señorías.
Desde horas antes, cientos de jóvenes habían repetido sobre el suelo de Sol el mismo ritual de los últimos seis días: desperezarse bajo el reloj de las campanadas, recoger mantas y ropas, barrer el cemento, hacer fila para desayunar y comenzar a prepararse para un intenso día. Entre las tiendas se veían este viernes algo más de confort que en días anteriores: termos, esterillas o sillas de jardín y, en general, pocas pantallas. La conversación en el campamento gana a las redes sociales y las noticias del día corren de boca en boca: posibles elecciones.
Sin embargo, que Pedro Sánchez pueda convocar a las urnas en noviembre no parece generar gran conmoción ni tampoco lo que se debate en el Congreso que deja la sensación de asistir a un partido ya jugado donde la votación ya está resuelta.
Sin embargo, un espíritu renovado recorre el grupo que grita intensamente: “Fuera rentistas de nuestros barrios”, “La lucha es el único camino” o “Madrid será la tumba del rentismo”. Ayer las mismas voces golpearon hasta la extenuación durante una hora las cacerolas frente al Ayuntamiento.
Una sensación agridulce recorre la protesta. Por un lado, la sensación de derrota que provoca una votación y, por otro, la victoria que produce haber situado la vivienda en el centro del debate público. “Todos estos perroflautas que ves aquí han logrado sentar en pocos días a los diputados”, dice Jorge Morán, estudiante de Químicas. La posible convocatoria electoral ha terminado de alterar el debate.
Este viernes a Policía ha cortado los principales accesos al Congreso y el grupo grita a unos 190 metros del salón de plenos. Entre los manifestantes no hay especial interés por escuchar lo que sucede dentro. Solo algunos, como Bernardo Brus, profesor de Sociología, siguen con un casco lo que sucede dentro. Brus acaba de escuchar a Oskar Matute pronunciar términos como “situación de emergencia”, “crisis habitacional” o “cabreo”. “Esto es lo que estamos diciendo nosotros. No es tan difícil de entender”, dice sobre la intervención del diputado de Bildu. Olga González, de 51 años, cree que esta movilización social abre a los partidos políticos “una ventana de oportunidad”, aunque “el cálculo electoralista es complicado”, dice. Sobre sus planes para este viernes, explica que estará “aquí” y después subirá a Sol, donde su hijo y otros estudiantes tienen una tienda de campaña. “Voy a vigilar y ver que está bien”, cuenta. “Voy a estar entre un lugar y otro”.
Más que a lo que sucede en el Congreso, el grupo presta más atención a lo que sale del megáfono y de las asambleas coordinadas por el Sindicato de Estudiantes, a la espera de instrucciones y que, según dicen, anunciarán que siguen en la lucha, pero que se levantarán de Sol.
Entre las muchas voces que sobrevuelan la protesta, agrupaciones como Izquierda Revolucionaria y los estudiantes presionan Sindicato de Inquilinas para una votación que conduzca a una huelga general. Sus activistas reparten un folleto en la que insisten en su llamado a la huelga general. “Es el momento de extender y ampliar la movilización”, escriben.
Los gritos frente al Congreso son el penúltimo acto de una intensa movilización que dura nueve días y que encadena golpes de efecto. Comenzó el miércoles 23 de septiembre con el desahucio de Maricarmen. Siguió el jueves con cientos de personas gritando contra Ayuso frente al ático de la Comunidad de Madrid. El viernes Maricarmen envió su primer vídeo desde el hospital después de horas críticas. El sábado miles de personas se echaron a la calle en protestar por la crisis de la vivienda y esa misma noche surgieron en Sol las primeras tiendas de campaña que duran hasta hoy.
Carlota Negrete, de 56 años, dice que no saben si habrá un adelanto electoral, pero sostiene que, haya o no elecciones, ningún gobierno posterior defenderá los intereses de la clase trabajadora. “Va a seguir defendiendo los intereses de rentistas y burgueses”, afirma. Sobre dónde seguirán lo que ocurra con los decretos, señala que permanecerán ante el Congreso: “De momento nos vamos a quedar aquí. Queremos señalar la incapacidad del Gobierno para sacar adelante estos decretos”.
