Médicos Sin Fronteras exige respuestas por el asesinato de tres compañeros en Etiopía

Hace un año, en Médicos Sin Fronteras (MSF) publicamos nuestra investigación sobre el brutal asesinato de tres de nuestros compañeros —María Hernández Matas, Tedros Gebremariam Gebremichael y Yohannes Halefom Reda— en Tigray Central, Etiopía, el 24 de junio de 2021.

La investigación confirmó que se trató de un asesinato intencionado y selectivo de tres trabajadores humanitarios claramente identificados. También estableció que un convoy de las Fuerzas Nacionales de Defensa de Etiopía (FNDE) estaba presente en el momento del incidente y en la misma carretera donde María, Tedros y Yohannes fueron ejecutados.

Un año después de nuestra publicación, y cinco desde el asesinato, seguimos sin tener respuestas sobre lo que ocurrió aquel día, a pesar de los incansables intentos de entablar contactos con la República Democrática Federal de Etiopía (RDFE). Ni MSF ni las familias de las víctimas hemos recibido respuestas creíbles. Solo podemos suponer que no hay voluntad política suficiente para compartir los resultados finales de una investigación. No se trató de un fuego cruzado ni de un trágico error. Nuestros compañeros murieron en lo que únicamente puede describirse como un ataque deliberado.

En el año en el que conmemoramos el décimo aniversario de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —un compromiso internacional destinado a blindar la asistencia sanitaria en las guerras—, el caso de Tigray es emblemático de los peligros a los que se enfrentan los trabajadores humanitarios y de un fracaso colectivo a la hora de investigar los ataques contra ellos. Ataques que se están normalizando y cuya impunidad los propicia.

La Resolución 2286 nació del horror de los ataques sistemáticos a los servicios médicos en Siria, donde aprendimos el significado del doble bombardeo: una táctica que lanza primero un ataque contra un objetivo y luego otro más sobre el personal médico que llega después a atender a los heridos. Nació también de la destrucción de nuestro hospital de Kunduz, en Afganistán, que costó la vida a 42 personas, y de los ataques reiterados a los hospitales en Yemen. Pero 10 años después, no hay nada que celebrar. En 2025, la Organización Mundial de la Salud reportó 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que causaron la muerte de 1.981 trabajadores médicos, humanitarios y pacientes, el doble de las 944 muertes registradas en 2024.

En los últimos 10 años, hemos documentado al menos 255 incidentes que afectaron a nuestros servicios y personal, más de un tercio concentrados en 2024 y 2025, lo que ilustra la aceleración y la escalada de la violencia. El 81% de los ataques a instalaciones médicas en 2025 fueron perpetrados por ejércitos regulares, bajo la responsabilidad de Estados. No son accidentes. Son el producto de decisiones políticas y estrategias militares deliberadas. Estrategias cada vez más indiscriminadas que, con el uso de artefactos como los drones o la inteligencia artificial, no hacen sino aumentar el número de muertes de civiles. El personal nacional, más numeroso, esencial y vulnerable que el personal médico internacional, concentra el 95% de todas las muertes.

El derecho internacional humanitario es el instrumento que vela por la protección de los civiles y los no combatientes en un conflicto. El derecho internacional humanitario es claro sobre la protección de los hospitales. Esta solo puede suspenderse bajo condiciones muy estrictas: con advertencia previa, para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para pacientes y trabajadores; con proporcionalidad en el ataque respecto a la ventaja militar que se pretende obtener, y con precaución, para reducir al mínimo los daños sobre la población y las infraestructuras civiles. Sin embargo, asistimos a la banalización de los incidentes y a la inversión de la carga de la culpa y de la prueba: ya no justifica su acción quien bombardea, sino que el personal de un hospital se ve obligado a probar por qué no deben ser atacados. La acción y los servicios médicos se criminalizan, y las acusaciones de colaboración con terroristas o del uso ilegítimo de una instalación sanitaria amparan los ataques contra los hospitales.

Si hay un hilo que conecta estos 10 años de fracasos es el de la impunidad. Ningún responsable de atacar un hospital ha rendido cuentas. La impunidad no es un efecto secundario de la guerra; es su combustible. Ni en Kunduz, ni en Siria, ni en Gaza, ni en Sudán, con miles de ataques documentados, ningún responsable ha sido procesado. Este hecho incluye, trágicamente, el asesinato de María, Yohannes y Tedros, ejecutados en una carretera cuando se dirigían a atender a heridos. Lamentablemente, no es una anomalía. Es el patrón.

Instamos a una acción internacional más firme en favor de la seguridad de los pacientes y del personal humanitario, así como de la rendición de cuentas. Exhortamos a los Estados a cumplir sus compromisos de respetar y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario.