Miembros del Gobierno cuestionan las cargas policiales mientras Marlaska abre una investigación y prohíbe a la Policía el uso de gas lacrimógeno

La jornada de huelga general del 11 de noviembre, además de la movilización en sí, deja en el debate político la polémica sobre algunas cargas policiales que se produjeron durante el día, sobre todo hacia los piquetes de primera hora y en el transcurso de algunas manifestaciones.

Desde los sindicatos ya han anticipado que van a emprender acciones judiciales por lo que consideran un uso desproporcionado de la fuerza y la violación de su derecho a manifestarse. Desde Frente Amplio y Podemos exigen a Pedro Sánchez la destitución del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, algo que en La Moncloa no se plantean. Pero esas cargas generan incomodidad y desaprobación en el Gobierno.

"He visto algunas imágenes que no me han gustado", ha sentenciado Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. "Son los propios mandos policiales, los propios responsables, los que tendrán que determinar si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en algún episodio o en alguna actuación concreta", ha señalado en una entrevista en RNE. Esas cargas son duramente censuradas desde Frente Amplio, socio minoritario -en la figura de Sumar- de la coalición de Gobierno. En el Ejecutivo descartan esa opción y consideran, al menos por ahora, suficiente el paso de que se abra una investigación".

"Son imágenes que nos desagradan profundamente y ante las que el Gobierno no permanece impasible", ha ahondado Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo, en TVE. "Yo he sido delegada del Gobierno en Navarra y la actuación policial para garantizar el cumplimiento de un derecho fundamental, como es el derecho de huelga, y también para mantener la seguridad ciudadana y el orden siempre tiene que ser proporcionada. La violencia no tiene cabida de ninguna manera".

"Habrá que ver tanto las cargas policiales que ayer denunciamos como desproporcionadas y para las que hemos pedido una investigación, como la violencia que se produjo posteriormente por algunos grupúsculos", ha expuesto Ernest Urtasun, ministro de Cultura en TVE. Esa exigencia de explicaciones a Marlaska es refrendada por todos los socios del PSOE: Frente Amplio, Podemos, Compromís, ERC...

"Si no puede controlar a la Policía, es evidente que no puede ser ministro", ha indicado el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez. Por su parte, Enrique Santiago, portavoz de IU, exige que se depuren responsabilidades. "Vamos a pedir sanciones internas, pero también responsabilidades políticas porque es evidente que hay que controlar la penetración de descontrolados en las instituciones del Estado".

De momento, ante la polémica generada, el titular de Interior ha ordenado al director general de la Policía que se abra una investigación para determinar si se cumplieron los protocolos. Marlaska, según señalan fuentes de Interior, ha ordenado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones específicas sobre las distintas incidencias ocurridas durante la jornada de huelga general. Asimismo, el ministro ha dado la orden de que, en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones, que sí fue empleado en algunas actuaciones de este 11-N contra los manifestantes.