El Ministerio de Transportes toma posiciones ante los baches que ha experimentado desde agosto su plan para reparar y conservar 5.000 kilómetros de carretera. Dos meses después de paralizar la recepción de ofertas a un pliego de condiciones que fue recurrido ante un tribunal administrativo por las empresas del sector, el ministro Óscar Puente hizo oficial en un solo día dos movimientos de cara a un fallo que se espera para noviembre. Por una parte, el nombramiento de un nuevo director general de Carreteras y, por otra, la aprobación de tres contratos para otras tantas obras puntuales en carretera a las que destinará 70 millones de euros ante la imposibilidad, al menos de momento, de aprobar una inversión de más de 1.600 millones.
El Consejo de Ministros del martes pasado confirmó el nombramiento de Guillermo Llopis como nuevo director general de Carreteras. Perteneciente al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y con experiencia previa en el Ministerio, volverá a él procedente de la Jefatura de la Demarcación de Carreteras de la Comunitat Valenciana, donde fue responsable de gestionar los efectos de la DANA. Aunque deberá abordar otros asuntos, en Transportes afirman que su nombramiento responde a que "es el mejor en este momento" para llevar este departamento y, entre otros asuntos, también para "resolver" la gran operación que anunció Puente en abril para reparar 5.000 kilómetros de carreteras.
El plan continúa paralizado desde que el 31 de julio el Ministerio decidió suspender el proceso de recepción de ofertas al un concurso público convocado para ello. Fue su respuesta, "con buen criterio", en opinión del sector, al recurso que un día antes y tras conocer los pliegos presentó la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
Oferta más económica, el criterio principal
Denunciaban el diseño por parte del Ministerio de las condiciones de las licitaciones, al considerar que el hecho de que el precio de las obras, la oferta económica, fuera el "principal" factor sin tener en cuenta otros como la experiencia, la capacidad técnica o la innovación de las empresas, convertía a estos concursos públicos en una suerte de "subastas". ACEX recuerda que, de esta manera, se contravenía una directiva europea y la Ley de Contratos del Sector Público, en contra de que el precio sea el factor prioritario porque podría llevar ofrecer a precios tan bajos que provocara "deterioro" del servicio, "menor calidad del empleo" y "pérdida de innovación".
Aunque Transportes suspendió el plazo de presentación de ofertas, lo hizo un día después del recurso de las empresas y no evitó que el TACRC aceptar la medida cautelar que había solicitado ACEX y suspendiera el procedimiento de contratación.
Desde entonces no se han producido más movimientos y las empresas siguen a la espera de que el TACRC resuelva sobre el fondo de su recurso, en un proceso que también ha ocupado a la Confederación Española de Transporte de Mercancías, por su preocupación por el estado de las carreteras -que aumenta la peligrosidad al volante pero también los gastos en combustible y reparaciones de los vehículos- y que el PP ve como el origen del cese de la hasta este verano de la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, dentro de una reestructuración mayor que fortaleció la Dirección General de Movilidad Sostenible.
Las empresas del sector calculan que el fallo del TACRC sobre la licitación llegará en noviembre, ateniendo a la media de 55 días naturales que tardó en resolver los asuntos en 2025, según su Memoria de actividades. Hasta entonces, ACEX sigue defendiendo "un modelo de contratación que combine eficiencia económica, calidad técnica e innovación" para una "adecuada conservación de las carreteras y la mejor utilización de los recursos públicos".
70 millones en obras puntuales
Mientras tanto, el Ministerio sometió este martes a la aprobación del Consejo de Ministros de tres actuaciones puntuales de mantenimiento y rehabilitación del firme de otras tantas carreteras, por una inversión conjunta de 70 millones de euros.
