El cuarto sábado consecutivo de movilizaciones sociales en Francia registró una apreciable caída de participación, entre signos de división entre los organizadores y enfrentamientos con la policía en el tramo final. Las marchas convocadas por los sindicatos y las organizaciones de estudiantes reunieron a unos 146.000 manifestantes en todo el país, según el Ministerio de Interior, casi una cuarta parte de los registrados en la jornada de convergencia del 5 de noviembre.
En París, unos 46.000 manifestantes recorrieron por segunda vez en dos días el trazado entre la plaza de la República y de la Nación de París. La marcha discurrió con relativa calma hasta el momento de la orden de desalojo, contestada con las consabidas consignas de "Todos detestamos a la policía" y el lanzamiento de gases lacrimógenos.
Por su parte, los "chalecos amarillos" decidieron desmarcarse con una concentración "no autorizada" en la plaza de la Concordia que reunió apenas a un centenar de simpatizantes bajo un estricto blindaje de antidisturbios. Pese a los primeros momentos de tensión, la presión policial fue suficiente para desactivar prácticamente el acto de "desobediencia civil".
"Vamos a desobedecer y vamos a hacerlo en un lugar muy simbólico", anticipó Benjamin Ball, coordinador de la nueva versión de los "gilets jaunes", recogiendo el testigo de los activistas que durante 484 días seguidos tuvieron en jaque a las fuerzas del orden y la presidente Macron, bloqueando plazas y rotondas con sus chalecos flujorescentes en protesta por el impuesto a los combustibles.
"Nuestras reivindicaciones van esta vez más allá", advirtió Ball, que se remitió al nuevo manifiesto del grupo: "Queremos recuperar lo que nos han robado: tiempo, dinero, democracia y nuestras vidas. Queremos recuperar nuestro poder para vivir con dignidad y libertad. Para vivir, y no sólo para sobrevivir".
Benjamin Ball acabó siendo detenido ante la Asamblea Nacional, junto a la portavoz del grupo Azelma Sigaux y ante las protestas de los simpatizantes. "No podéis hacernos callar", podía leerse en la pancarta ondeada por una estudiante que se identificó como Lena: "Estamos aquí reclamando nuestro derecho a protestar; no podemos plegarnos ante este sistema opresivo".
En un intento de aplacar la ira social, al cabo de 50 días de bloqueos en los institutos y protestas continuadas, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció la celebración el lunes de una "conferencia social" con la participación de la patronal y de los sindicatos y con el objetivo de "presentar respuestas concretas a las expectativas del pueblo francés".
El ministro de Interior Laurent Nuñez, que llegó a presentar su dimisión (no admitida por Macron) tras la explosión violencia y pillaje del 17 de octubre que se saldó con más de 2.400 detenidos, impartió el sábado órdenes a las prefecturas para disolver manifestaciones "espontáneas" y no autorizadas previamente, ante un previsible cambio de estrategia de los organizadores.
Aunque los enfrentamientos con la policía han ido a menos en los últimos días, las críticas contra la represión policial han ido a más tras las recientes agresiones contra periodistas, que acuden a las marchas pertrechados casi como reporteros de guerra, con cascos y mascarilla antigás.
La agencia France-Presse denunció el viernes "la violencia cometida por la policía contra sus periodistas durante la manifestaciones". El jueves, un fotógrafo de la agencia identificado con su brazalete, sufrió una fractura de peroné y recibió cinco golpes (tres de ellos en su casco) en una carga policial. El 17 de octubre, otro periodista de la agencia fue alcanzado en un muslo con una bala de goma en Lille. Ese mismo día, una videoperiodista fue atacada deliberadamente con un cañón de agua en París.
La organización Reporteros Sin Fronteras ha documentado hasta 58 casos de periodistas a quienes se les ha obstaculizado la labor en las manifestaciones, 35 de ellos con "violencia física", 21 de los cuales fueron protagonizados por las fuerzas del orden (y el resto por los manifestantes).
