Pareja de Ayuso ratifica que envió foto de periodistas a jefe de gabinete en investigación por filtración de datos

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes en el juzgado que investiga la filtración en 2024 de los datos personales de dos periodistas de este periódico que rastreaban irregularidades en su vivienda, y que fueron identificados por su equipo de seguridad. El novio de Ayuso ha ratificado, según fuentes jurídicas, lo que ya declaró el 6 de mayo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña y único imputado en este caso: que la imagen de los reporteros que Rodríguez envió a varios medios se la mandó él.

La investigación busca dirimir cómo consiguió la mano derecha de Ayuso la fotografía y los datos personales de los redactores de este periódico, que difundió junto al bulo de que estaban acosando a los vecinos. Rodríguez defendió en su declaración que no obtuvo información alguna —como plantean las acusaciones— a través de los policías que se ocupan de la seguridad de Ayuso. Esa supuesta filtración de datos obtenidos por la Policía fundamenta el delito de revelación de secretos del que se le acusa.

Según la versión inicial de Rodríguez, la imagen fue tomada y enviada por “un vecino”, cuyos hijos estaban siendo molestados, siempre según él, por los periodistas. Apenas una hora después, al salir del juzgado, se retractó y matizó que la imagen se la pasó la pareja de Ayuso: “Me he expresado mal porque no creo que haya muchos vecinos en ese edificio que tengan mi teléfono”. Lo que negó en todo momento es haber recabado esos datos personales de la Policía. Pues, aseguró, conocía a los redactores por su labor informativa.

En esa línea se ha pronunciado en el juzgado que investiga el asunto la pareja de la presidenta madrileña, que ha ratificado en todos sus puntos lo que en su momento declaró el jefe de gabinete de Ayuso: que la foto se la pasó un vecino y que él se la reenvió a Rodríguez. Además, según las mismas fuentes jurídicas, González Amador ha afirmado que recibió más fotos de un vecino, que ha identificado, y las ha aportado al juzgado. Y que se las envió al jefe de gabinete de la presidenta madrileña porque es amigo y lleva la seguridad de su pareja, aunque ya no conserva el chat para poder aportarlo. También ha afirmado que conocía a los dos redactores de este periódico.

Los hechos investigados ocurrieron hace algo más de dos años: el 19 de marzo de 2024, los dos periodistas de este periódico acudieron a las inmediaciones de la vivienda donde viven Ayuso y su pareja para preguntar a los vecinos de la zona si recordaban alguna reforma, pues habían encontrado dos órdenes municipales de paralización de obra en un portal urbanístico de acceso público. El asunto se fue agrandando con el tiempo y acabó consistiendo en dilucidar si González Amador había realizado efectivamente la obra, a pesar de las órdenes, como se confirmó más tarde.

El empresario logró, sin embargo, librarse de la sanción por un resquicio judicial: cuando empezó la reforma, en agosto de 2022, comunicó al Ayuntamiento una obra de demolición por medio de una declaración responsable, pero el Consistorio le ordenó la paralización, porque les había informado de que posteriormente ampliaría ese documento, a pesar de que no está permitido. No obstante, González Amador envió ese segundo documento y la administración respondió con una nueva orden de paralización que repetía un texto idéntico al que había usado en su primera resolución de cese.

Ahí estuvo la clave: el Consistorio abrió una investigación —tras una denuncia de Más Madrid— que acabó en una sanción por haber ignorado las órdenes de paralización. Sin embargo, como el Ayuntamiento había respondido con un texto idéntico e ignoró la segunda solicitud de Amador, la pareja de Ayuso acabó tumbando en los juzgados la sanción. El Consistorio de José Luis Martínez Almeida no recurrió la decisión y, en noviembre de 2025, la pareja acabó adquiriendo el ático.

Aquel día de 2024, los dos informadores fueron interpelados por un policía nacional de paisano, miembro de la seguridad de la presidenta. El agente les solicitó el DNI y su acreditación de prensa. González Amador ha afirmado en el juzgado que en un chat de vecinos de la comunidad se comentó que había periodistas preguntando. Unas horas después, el equipo de Ayuso envió un mensaje a distintos periodistas con el nombre y la foto de los redactores de EL PAÍS, acompañada del siguiente texto: “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluidas niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras. Todo se ha denunciado a la Policía Nacional, pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones. El delegado del Gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía. Además, empleados de elDiario.es encapuchados intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”.

Sin embargo, no se produjo denuncia alguna. Rodríguez reconoció después de su declaración en los Juzgados de Plaza de Castilla que la labor de los periodistas no era delictiva y matizó que no denunció en su momento “ningún delito”. La pareja de Ayuso se ha negado por su parte a hacer declaraciones ante los medios, ni por esta causa, en la que participa como testigo, ni por las que protagoniza como imputado por soborno y delito fiscal.