Plus Ultra prepara un ERE que amenaza a sus 679 trabajadores y recorta flota y rutas tras el polémico rescate de 53 millones del Gobierno

A pesar del polémico rescate de 53 millones de euros que recibió del Gobierno tras la pandemia, la grave situación financiera de la aerolínea Plus Ultra la ha llevado a preparar un procedimiento de despido colectivo (ERE) que pone en riesgo a sus 679 empleados. La medida es parte de un plan de reestructuración que incluye retirar aviones y suspender rutas habituales, consecuencia de un "importante agravamiento, tanto desde el punto de vista económico como operativo y laboral", según avisa en un comunicado del comité de empresa al que ha tenido acceso EL MUNDO.

"No vamos a ocultar la realidad ni a generar falsas expectativas. Tampoco vamos a dar por inevitable aquello que todavía debe analizarse, discutirse y negociarse", lamenta el comité, que se encarga de trasladar el preaviso formal que la dirección les entregó ayer. Aunque la aerolínea ha mencionado la totalidad de su plantilla, todavía no ha concretado la cifra final de despidos ni cómo se repartirá el ajuste por áreas. También aclara que no se ha iniciado formalmente el periodo de consultas ni existe una decisión individualizada sobre la extinción de los contratos.

En cualquier caso, el plan corporativo incluye la reducción de la flota de aviones (compuesta actualmente por 6 aviones operativos de fuselaje ancho) -con el consiguiente impacto sobre la actividad y las necesidades de personal-, el repliegue en rutas comerciales y determinadas operaciones (cuenta con varias rutas regulares de largo radio principalmente entre España y Latinoamérica), la amortización definitiva de puestos de trabajo y la vía de negociar medidas temporales como reducciones de jornada o suspensiones de contrato a través de un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo, que pemitiría suspender temporalmente los contratos o reducir la jornada de sus empleados -entre un 10% y un 70%-, sin que esto suponga un despido definitivo).

"La empresa ha solicitado la constitución de la comisión negociadora y, posteriormente, deberá formalizar el inicio del periodo de consultas y facilitar la documentación correspondiente", informa el comunicado; por lo que los representantes exigirán primero toda la documentación económica, financiera y operativa a la directiva para realizar una auditoría contable que verifique la situación real de la compañía. Asimismo, centrarán sus esfuerzos en defender alternativas temporales que eviten despidos definitivos, velarán por el cumplimiento de la ley laboral y del convenio colectivo, y mantendrán la unidad de acción entre todas las siglas de la empresa. "La constitución de la mesa negociadora no supone aceptar las medidas propuestas por la empresa", advierte.

El anuncio del ajuste laboral llega cuando aún persiste la controversia en torno al rescate público recibido por la compañía durante la pandemia. La ayuda de 53 millones de euros otorgada a Plus Ultra fue una de las más polémicas del fondo gestionado por la Sepi. Aunque la legalidad de la operación fue avalada por los tribunales, el rescate sigue generando derivadas judiciales y políticas, con investigaciones centradas en las gestiones que rodearon la concesión de los fondos.