Pueblos otomíes bloquean casetas y carreteras en Michoacán por daños de geotermoeléctrica y otros reclamos

Ernesto Martínez Elorriaga Corresponsal Periódico La Jornada Miércoles 2 de septiembre de 2026, p. 25 Morelia, Mich., Habitantes de comunidades otomíes adheridas al Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) tomaron ayer tres casetas y dos carreteras federales para exigir solución a los daños ambientales y de salud provocados por la geotermoeléctrica Los Azufres, en el municipio de Hidalgo, así como medidas que permitan la conservación del lago de Zirahuén, la liberación de la defensora de los bosques María Cruz Paz Zamora y una consulta real entre pueblos originarios en materia de Ley Indígena, entre otras demandas.

El dirigente de la organización, Pavel Guzmán, informó que las movilizaciones empezaron a las 9:30 horas y al cierre de esta edición continuaron, pues no llegaron a ningún acuerdo con las autoridades estatales y federales.

Precisó que los inconformes se apostaron en las casetas de Zirahuén, de la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas; en la de Taretan, en esta misma vía, y en la de Panindícuaro, de la carretera Occidente, a unos 40 kilómetros de la desviación a Morelia.

Además cerraron el acceso principal de la planta Los Azufres porque, aseguraron, a la fecha la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no reconoce los perjuicios ambientales que ha provocado en la zona y que han dejado decenas de enfermos por insuficiencia renal –debido a que el agua que consumen está contaminada por químicos que provienen de dichas instalaciones– desde hace más de cuatro décadas en comunidades indígenas como San Matías El Grande y Jarácuaro.

En junio de este año, al menos tres pueblos del municipio de Hidalgo presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que la CFE se responsabilice de las consecuencias de la instalación de la geotermoeléctrica en el oriente del estado.

Según estudios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ésta última cuenta con un total de 33 presas de enfriamiento, de las cuales 18 tienen recubrimiento de concreto reforzado, tres con geomembrana, y 12 aún no cuentan con protección, “lo que significa que 36.3 por ciento de sus embalses son contaminantes, no cumplen con la norma internacional”, señaló Pavel Guzmán.

Investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como otras instituciones de educación media superior y especializadas, han demostrado que el agua en toda esta zona tiene algún grado de contaminación, pero hay sitios donde no es apta para consumo humano, como en San Matías El Grande.

Demandan liberar a defensora de bosques

Otra demanda de los manifestantes es la liberación de la defensora de los bosques Paz Zamora, de la comunidad de Ocumicho, municipio de Charapan, quien está en prisión desde hace más de 21 meses por la presunta desaparición de Óscar Vargas Campos e Israel Vargas, originarios del pueblo de Santa Cruz. “Se ha demostrado que ella es inocente y se trata de una acusación armada”, sostuvieron.

En cuanto al lago de Zirahuén, en la demarcación de Salvador Escalante, recalcaron que es importante realizar acciones efectivas para protegerlo, porque es el único cuerpo de agua de este tipo sustentable en Michoacán; reprocharon que han sido taladas miles de hectáreas a su alrededor para sembrar aguacate y este cultivo desecha gran cantidad de químicos.

“No a la simulación”, pidieron, tras solicitar consultas apropiadas y con los estándares internacionales sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas; “la máxima autoridad de las comunidades son las asambleas generales y a éstas se debe preguntar”, destacaron.