Rebelión de los psiquiatras contra Sanidad por la nueva ley de ingresos involuntarios: "Deja en el limbo a los enfermos graves"

Hubo cerca de 75.000 internamientos psiquiátricos involuntarios en España en 2025, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este es un instrumento, de último recurso, en manos de los psiquiatras, que requiere de autorización judicial y que siempre ha estado rodeado de polémica: mal regulado y también mal aplicado. El Tribunal Europeo de Derecho Humanos ha resuelto en contra de España por no respetar las garantías de un hombre, al que se le impuso un ingreso psiquiátrico sin proporcionarle una defensa legal adecuada. A esto se suma que el legislador nacional ha desoído el mandato del Tribunal Constitucional de desarrollar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento civil, que recoge los internamientos involuntarios por razón de salud mental, mediante una ley orgánica.

En este contexto, el Ministerio de Sanidad ha impulsado una reforma legal, que entrará en vigor el próximo 23 de octubre, y que endurece los requisitos previos para que los psiquiatras puedan decretar un ingreso forzoso de pacientes con problemas graves de salud mental. De acuerdo con esta nueva regulación, que recoge la Ley 4/2026, el ingreso psiquiátrico involuntario queda reducido a situaciones de "urgencia vital".

"La reforma busca reforzar la protección de los derechos de las personas usuarias de salud mental y dar mayor seguridad a los profesionales en su ejercicio clínico", ha declarado Belén González, comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, ante preguntas de este medio.

Pero, de momento, lo que sí parece haber conseguido esta reforma es enfadar mucho a los psiquiatras, que han elaborado una nota en la que dejan clara su oposición al cambio normativo y, además, advierten sobre sus consecuencias inmediatas para enfermos psiquiátricos y sus familiares.

¿Qué pacientes se quedan en el limbo con la nueva normativa?

La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) ha dado la voz de alarma por el artículo 13 bis de la Ley 4/2026, de 1 de octubre, publicada en el BOE, el 3 de octubre, el único de esta ley que se refiere a la salud mental. Considera que limitar el ingreso forzoso a una "urgencia vital" deja "sin cobertura a pacientes con cuadros graves como psicosis con abandono de autocuidado, trastornos bipolares en episodios de manía graves, trastornos de la conducta alimentaria graves o ideación suicida de alto riesgo sin plan inmediato".

"Proteger a quien, en plena crisis, no puede protegerse también es respetar sus derechos. Sin criterios claros y sin recursos alternativos, esta ley dejará solos a muchos pacientes y a sus familias", apuntan desde la Sepsm.

Y es que la crítica a esta reforma alcanza también la ingeniería jurídica empleada. Que no es poca cosa. Los psiquiatras advierten de la "inseguridad jurídica" que genera esta regulación y de sus contradicciones entorno al concepto "de riesgo vital" que deben observar para aplicar la medida, pues la norma recoge definiciones diferentes.

¿Qué es significa el concepto "riesgo vital" y cómo debe aplicarse?

No lo dicen solo los psiquiatras. "La propia Ley 4/2026 define la urgencia vital de dos formas distintas, volviendo a situar a los profesionales sanitarios en el umbral de la incertidumbre", apunta Carmen González Carrasco, catedrática de Derecho civil y consejera responsable de formación en MBE Legal. Esta situación genera, según la jurista, "una nueva fuente de inseguridad jurídica añadida para los psiquiatras".

En la Sepsm son conscientes de esta situación y así lo han destacado, al reiterar que existen dos definiciones de urgencia vital que no coinciden: "una protege la vida y la integridad de la persona; la otra, solo la vida". Añaden que, además, esta limitación en el uso de la medida de ingreso forzoso "choca con el artículo 9.2.b de la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, que permite actuar ante un riesgo grave para la integridad física o psíquica".

A esa inseguridad "se suman nuevas exigencias para unos servicios ya desbordados", según la Sepsm. La sociedad científica explica que "el psiquiatra de guardia deberá documentar los hechos concretos que suponen un riesgo para la vida, las alternativas voluntarias ofrecidas y agotadas, los apoyos y voluntades anticipadas consultados y la información de derechos dada al paciente. Cada contención pasará a ser un incidente de seguridad que habrá que notificar y analizar".

Tener que documentar todos estos aspectos por ley "implicará que los psiquiatras necesitarán un tiempo de atención destinado a estas actividades, lo que aumentará más aún las necesidades de personal". Adelantan que, en esta nueva situación, "los ingresos programados por deterioro progresivo quedan, en la práctica, prohibidos". Las sociedades de psiquiatría que acompañan a la Sepsm en la firma de la nota contra la reforma advierten "del riesgo de una medicina defensiva, de más altas desde urgencias y de más reingresos en peores condiciones".

Frente al panorama que describen los psiquiatras, la comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad defiende el nuevo modelo como "más garantista" en la protección de los pacientes y "da seguridad a quienes las atienden". Explica que "el artículo 13 bis [Ley 4/2026] concreta las garantías y condiciones sanitarias que deben acompañar estas intervenciones: comprobar que se han agotado las alternativas voluntarias, identificar los apoyos que necesita la persona para decidir conforme al marco de la Ley 8/2021 y consultar si existen instrucciones previas, planificación anticipada de decisiones o un plan de crisis". Y añade que "debe garantizarse que la persona reciba información accesible sobre sus derechos y las garantías del procedimiento".

Apunta que para hacer efectivo este cambio, "las administraciones deben dotar a los servicios de recursos, herramientas y procedimientos que mejoren la calidad asistencial y permitan favorecer las intervenciones voluntarias, no coercitivas y comunitarias.

Por otro lado, la Ley 4/2026 vuelve a insistir en la reforma de los internamientos al establece, en su disposición final decimonovena, la obligación del Gobierno de remitir a las Cortes Generales, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, un proyecto de Ley Orgánica para reformar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que recoge el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico.

Sin embargo, mientras esto ocurre (o no), los psiquiatras consideran que esta reforma se ha hecho sin debate y sin incluirlos a ellos ni a los pacientes. Y piden, entre otras cuestiones, "unas instrucciones claras desde la Fiscalía General del Estado y una coordinación con los juzgados de internamientos, antes del 23 de octubre, para garantizar un criterio homogéneo en todo el territorio", para la puesta en marcha de estas nuevas exigencias en los internamientos psiquiátricos.