Rumania pone fin a seis meses de bloqueo político con la investidura del diplomático Luca Niculescu

Rumania ha puesto fin a una crisis política que se prolongaba desde el pasado 5 de mayo cuando el Gobierno del liberal Ilie Bolojan cayó tras una moción de censura impulsada por el Partido Social Demócrata (PSD) y la ultraderecha de Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), al investir este martes a Luca Niculescu como nuevo primer ministro después de tres intentos fallidos. El diplomático logró articular una mayoría suficiente al sumar 280 votos a favor y 58 en contra en el Parlamento, gracias al respaldo de los socialdemócratas, el Partido Nacional Liberal (PNL) y la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (UDMR). Por el contrario, la Unión Salvar Rumanía (USR), de centro derecha, y las facciones ultranacionalistas se han opuesto.

Las propuestas anteriores no lograron resolver el bloqueo: el eurodiputado Eugen Tomac renunció a su encargo el 14 de junio antes de someterse a votación, mientras que el liberal Adrian Vestea no superó la confianza parlamentaria del 22 de junio, y el eurodiputado liberal Siegfried Mureșan vio rechazado su equipo de gobierno el 30 de septiembre. La investidura de Bolojan culmina así un periodo de incertidumbre que ha debilitado la estabilidad financiera del país, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, y ha complicado los esfuerzos para reducir uno de los mayores déficits públicos del bloque comunitario.

Niculescu fue designado el 5 de octubre, cuando Dan buscaba una fórmula capaz de superar el enfrentamiento entre los partidos que habían integrado la coalición europeísta. Su perfil diplomático y su experiencia como antiguo embajador en Francia y responsable de coordinar el proceso de adhesión de Rumania a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofrecían una alternativa a los dirigentes partidistas que habían protagonizado las negociaciones anteriores.

El nuevo Ejecutivo combinará representantes del PSD con ministros independientes, sin miembros de la formación liberal y de la minoría húngara. Los socialdemócratas, la principal fuerza parlamentaria, han asumido una parte sustancial de las carteras ministeriales, mientras que otros puestos relevantes, como Finanzas, Exteriores y Energía, quedan en manos de perfiles tecnócratas.

La fórmula de apoyo parlamentario deja a Niculescu ante el reto de mantener una mayoría suficiente para sacar adelante las principales reformas. La prioridad inmediata sigue pasando por contener el déficit público, que se situó en el 7,65 en en 2025 y cuya reducción constituye una exigencia central de los compromisos de Rumania con Bruselas. Las autoridades deberán avanzar hacia el objetivo europeo de reducirlo por debajo del 3% del PIB en 2030, al tiempo que preparan los presupuestos para 2027 y tratan de preservar la confianza de los mercados.

Además, la prolongada crisis política ha presionado la moneda nacional —que ha alcanzado el mínimo histórico con el euro— y los costes de financiación del Estado, y ha acercado al país al riesgo de perder su calificación crediticia de grado de inversión.

En cambio, la investidura no elimina la fragilidad política que ha caracterizado los últimos meses. El PSD ha respaldado a Niculescu para evitar que el bloqueo continúe, pero su líder, Sorin Grindeanu, ha dejado claro que ese apoyo no equivale a asumir sin condiciones toda la agenda del primer ministro. La capacidad del nuevo Gobierno para aprobar el presupuesto de 2027 y aplicar las medidas de consolidación fiscal será decisiva para determinar si el final de la crisis se traduce en una estabilidad duradera.

“Seriedad y previsibilidad”

El nuevo jefe del Ejecutivo se ha comprometido a acelerar las reformas pendientes. En su intervención ante los parlamentarios, pidió dejar atrás los enfrentamientos partidistas y centrarse en las necesidades de la población. “No puedo prometer milagros, pero sí seriedad en el uso del dinero público y previsibilidad para la economía”, afirmó al asumir el encargo presidencial.

Niculescu anunció que sus prioridades inmediatas serán la rectificación presupuestaria, la aprobación de las cuentas de 2027 y el cumplimiento de los compromisos europeos, incluida la reducción del déficit. También prometió que el Estado recortará primero sus propios gastos antes de pedir nuevos esfuerzos a los contribuyentes, y defendió mantener la orientación proeuropea y atlántica de Rumania, que está observando cómo los drones rusos penetran en su espacio aéreo con frecuencia.

“Aunque procedamos de diferentes medios y horizontes, algunos son políticos, otros independientes, del mundo académico, artístico, formaremos un equipo y trabajaremos juntos”, prometió Niculescu tras ser investido.

El ex primer ministro Ilie Bolojan defendió ante el hemiciclo el respaldo de los liberales como una decisión de responsabilidad para cerrar la crisis, aunque dejó claro que su partido no participará en el nuevo Gobierno. “El PNL dará un voto de necesidad para poner fin a esta crisis”, afirmó durante el debate, en el que también anunció que su formación pasará a la oposición.

Bolojan cargó contra sus antiguos socios socialdemócratas, a los que responsabilizó de haber derrocado su Ejecutivo junto con AUR, y advirtió de que el apoyo parlamentario no constituye un cheque en blanco para Niculescu. El dirigente liberal expresó además sus dudas sobre la capacidad del nuevo gabinete para afrontar los problemas estructurales del país y pidió que se mantenga el rumbo de consolidación fiscal iniciado por su Gobierno.

El líder del PSD, Sorin Grindeanu, defendió, por su parte, la necesidad de cambiar de etapa y presentó la investidura como una oportunidad para reorientar la política económica. ”El Gobierno de Bolojan se marcha, pero la factura de su gestión sigue sobre la mesa de los rumanos”, señaló en el Parlamento.

Además, prometió que su partido no se limitará a administrar los problemas heredados, sino que fiscalizará la actuación del nuevo Ejecutivo y evaluará sus resultados dentro de seis meses. El dirigente socialdemócrata planteó un programa basado en la estabilización de las finanzas públicas, la reactivación de la economía y la reforma de la Administración. También defendió la necesidad de reducir el déficit sin trasladar todo el coste a los ciudadanos y reclamó medidas de apoyo para las empresas y los sectores más vulnerables.