El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acordado este lunes con los estudiantes y los rectores obligar a las universidades a facilitar alojamiento y ayuda psicológica a los alumnos que estudien en sus campus. Los centros universitarios tendrán que promover plazas para los jóvenes en colegios mayores, residencias u otras fórmulas de alojamiento estudiantil, propias o de terceros mediante convenios con entidades públicas o privadas.
Para ello, el Consejo de Ministros aprobará este martes una partida de 45 millones de euros para impulsar "siete proyectos concretos" de residencias universitarias que crearán "cerca de 2.000 nuevas plazas en las universidades públicas", según ha avanzado el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa. Actualmente España cuenta con unas 132.000 plazas repartidas por más de un millar de residencias y colegios mayores de toda España.
Por otro lado, las universidades tendrán que disponer de unidades de atención al estudiante con cargo a sus propios presupuestos o mediante convenios con instituciones o entidades externas. Estas unidades tendrán que dar al estudiantado asesoramiento psicológico y en materia de salud mental, así como orientarles en los estudios, métodos de trabajo y estrategias de aprendizaje, salidas profesionales, becas e información destallada sobre servicios de alojamiento.
Fuentes del Ministerio de Universidades explican que el texto "reconoce el derecho a recibir orientación y atención psicológica y de salud mental gratuita y accesible" y que, además, "se prevén unidades de apoyo y protocolos de prevención y actuación ante conductas suicidas".
Sánchez ha participado en La Moncloa en el acto de firma de la Declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario. Iba a estar también la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, pero no ha podido llegar por la dana que afecta la Comunidad Valenciana. Por parte de los campus han acudido representantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) y por parte de los estudiantes han acudido los jóvenes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) y del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (Ceune).
Casi dos millones de jóvenes estudian en las universidades españolas. El Ministerio tiene listo desde hace meses el Estatuto, que antes de verano se quedó listo para ser aprobado. Se trata de una norma que complementa a una anterior de 2010. Sánchez ha dicho que "el mundo de hoy no es el de 2010", porque "han cambiado las formas de aprender y de relacionarnos y la IA está transformando las aulas". "Hay estudiantes que trabajan, otros que cuidan de sus hijos, otros que sufren violencia o discriminación. Todos necesitan una universidad que les comprenda, acompañe y proteja. El talento está repartido, pero no las oportunidades de todas las personas que conforman el estudiantado", ha afirmado.
El Estatuto, otras cosas, desarrolla por primera vez el derecho a la huelga académica, que se incluyó de forma genérica en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu) de 2023. "El texto reconoce expresamente el derecho al paro académico, total o parcial, y prevé que las universidades regulen cómo ejercerlo con participación de la representación estudiantil, respetando también el derecho a la educación", apuntan las fuentes del Ministerio de Morant.
Por otro lado, reforzará a el poder de los estudiantes porque lo que los profesores enseñan cada curso tendrá que contar con el visto bueno de las asociaciones de alumnos. Tal y como avanzó este diario en mayo, el artículo 20.5 establece que la programación docente de cada curso deberá ser aprobada "asegurándose que lo sean por un órgano con representación del estudiantado".
Fuentes universitarias consideran que esta disposición "introduce a los estudiantes como actores con poder de veto o influencia determinante en decisiones que corresponden al profesorado y a los departamentos" y "supone una intromisión directa en la libertad de cátedra y en la organización académica, materias protegidas por la autonomía universitaria".
El equipo de Morant lo ve de otra manera: "Se refuerza el derecho a conocer los planes docentes antes de la matrícula, con información sobre contenidos, profesorado, idioma, prácticas y evaluación. También se establecen garantías frente a cambios injustificados en los criterios de evaluación y se refuerza la supervisión de las prácticas académicas", afirman las fuentes.
E insisten: "El alumnado deja de ser considerado únicamente receptor de formación para consolidarse como titular de derechos, protagonista de la vida universitaria y parte activa de las decisiones que le afectan".
El Ministerio explica que la norma "refuerza la protección" frente al acoso y el ciberacoso, incluidos los de carácter sexual, por razón de sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género, así como frente al acoso personal. Y da "más apoyo" a estudiantes con discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo o dificultades de aprendizaje.
También "impulsa medidas" para compatibilizar los estudios con el trabajo y la vida familiar, "incluyendo opciones como los estudios a tiempo parcial y la suspensión temporal de los estudios conforme a la normativa".
El nuevo marco incorpora, por último, "garantías sobre protección de datos, seguridad digital, desconexión digital y propiedad intelectual de los trabajos académicos". "Los derechos del estudiantado deben estar protegidos tanto en las aulas como en los entornos digitales", recalcan las fuentes. Sánchez, que en 2018 fue acusado de plagiar su tesis doctoral, ha dicho que el Estatuto "ahonda en la defensa de la integridad académica".
