Sánchez ha gestionado cinco grandes crisis con un patrón institucional de ignorar avisos y sobreactuar

El Gobierno de Pedro Sánchez ha capeado cinco grandes crisis en sus ocho años de frenesí que conviene ordenar: la pandemia de covid en 2020 con más de 80.000 fallecimientos; la dana en 2024 con 237 víctimas; un apagón eléctrico en 2025; el accidente ferroviario en Adamuz, que se saldó con 46 fallecidos, y la más reciente, la crisis de Estado en Ceuta del pasado 30 y 31 de julio, que se saldó con el ahogamiento de 145 personas, según la ONG Caminando Fronteras. Ante esta retahíla de sobresaltos, es inevitable que surja la pregunta de si se podría haber evitado alguno y la respuesta apunta a un mismo patrón institucional en todas ellas: ignorar los avisos, dilatar la reacción y, posteriormente, sobreactuar activando un relato defensivo centrado en señalar a un enemigo exterior o político.

La crisis en Ceuta constituye el último y mayor escándalo político dentro del año electoral, al poner en evidencia una grave falla en la seguridad nacional y en la reacción política. El 27 de julio, aunque tardó tres días en llegar al Gobierno, la Inteligencia militar ya advirtió de que la «entrada masiva» el día 30 era «muy probable» tras detectar órdenes internas en la policía fronteriza marroquí. Varias agencias ya habían alertado de la creciente presión por vía marítima tras la sentencia del Supremo sobre devoluciones en caliente.

El 29 de julio el CNI notificó por WhatsApp y a través de un informe a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a las unidades de Inteligencia de Policía y Guardia Civil que dos grupos organizados en redes sociales con 180.000 seguidores coordinaban un asalto masivo aprovechando la festividad marroquí del Día del Trono. La respuesta del Gabinete de la Delegación ante semejante aviso fue un «sus rilas», al que siguieron siete horas de silencio institucional. La mañana del asalto, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) remitió una nota donde ratificaba la situación de «riesgo extremo» de colapso con «carácter inmediato». A pesar de esta cascada de informes, el despliegue fronterizo rozó la negligencia: solo nueve guardias civiles contenían el espigón cuando se desencadenó la avalancha.

Este mismo esquema de avisos desatendidos y posterior sobreactuación se estrenó en la primera gran prueba de la legislatura: la pandemia de covid, la crisis que mayor número de vidas ha costado y en la que España registró una de las tasas de mortalidad más severas del mundo. Durante tres meses se acumularon indicios contundentes que fueron desoídos. Ante las constantes alertas de la Organización Mundial de la Salud sobre la existencia de una «ventana de oportunidad» y la recomendación del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades de evitar eventos masivos, la respuesta del ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue asegurar: «No hay ninguna razón para tomar medidas adicionales». Al igual que con la presión migratoria en Ceuta, donde el discurso inicial minimizaba el riesgo, el virus fue tratado como una amenaza menor hasta que, tras la celebración del 8-M, se pasó drásticamente del desdén al estado de alarma y el confinamiento de toda la población.

La gestión de la dana que devastó Valencia en 2024 perfeccionó esta maquinaria de derivación de responsabilidades; en este caso, hacia el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Los datos exponen la inacción a nivel autonómico, pero también nacional. A las 18.43 horas del fatídico 29 de octubre, la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, remitió un correo electrónico alertando de un caudal de 1.686 metros cúbicos por segundo en la rambla del Poyo, que había comenzado a desbordarse a partir de las 17.00 horas. Además, durante la reunión crítica del Centro de Coordinación (Cecopi), a la que asistía el propio presidente de la Confederación, Miguel Polo, esta información vital fue silenciada. Polo confesó ante la jueza que no comunicó el desbordamiento en el Cecopi porque «no le llamó la atención» y porque «daba por hecho que Emergencias estaba haciendo lo que toca».

Mientras la Confederación practicaba lo que la Generalitat calificó como «apagón informativo» -tesis que no respalda la jueza que investiga la tragedia- entre las 16.15 y las 18.43 horas, excusándose en que esos datos «no eran relevantes», en el propio seno del Cecopi la confusión y la inoperancia fueron totales. Las actas revelan que a las 17.00 horas los bomberos ya informaban de «gente en los tejados» en Utiel. Un alto cargo de la Generalitat llegó a sugerir entonces mandar un mensaje a los móviles de la zona, pero la medida se desestimó. La inactividad de la consellera Salomé Pradas se unió a la de la Confederación: el representante del Ministerio no habló sobre el barranco del Poyo para centrarse en la presa de Forata, mientras la Generalitat se hundía en su propia incompetencia, tardando horas en enviar el ES-Alert. La posterior estrategia estatal fue aprovechar la evidente parálisis autonómica para lavar la propia inacción de la Confederación, dependiente del Gobierno.

En la crisis del colapso energético de 2025, el adversario designado por el relato oficial fueron las empresas energéticas. No obstante, las advertencias técnicas precedieron al apagón. Doce días antes, las compañías operadoras ya habían alertado a Red Eléctrica de España sobre severos picos de tensión, recibiendo como respuesta que la falta de generación nuclear en el sistema no era un hecho puntual. Tras las sobretensiones del 22 de abril -que motivaron un informe entregado al Ministerio la misma mañana del 28 de abril- y tras registrarse cinco oscilaciones atípicas durante la mañana del apagón, la red se mantuvo operando al límite. A las 12.30 horas solo quedaban 11 grupos térmicos acoplados con capacidad de regulación, la cifra más baja del año. Consumida la desconexión masiva, el Gobierno volvió a escenificar su sobreactuación reuniendo de urgencia a directivos de las eléctricas, comités de expertos y grandes empresas para mostrar una firmeza que no ejercieron en la supervisión preventiva del sistema. Una medida que no han tomado en la invasión de Ceuta.

Menos de un año más tarde, el dramático accidente de Adamuz, que se saldó con 46 fallecidos, vino precedido por los avisos directos del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios. En el verano de 2025, la organización remitió una carta formal a ADIF alertando del grave deterioro de la red de alta velocidad, haciendo hincapié específico en la línea 010, tramo exacto donde posteriormente se produjo el descarrilamiento. Tras la catástrofe, la estrategia defensiva del Ejecutivo no fue asumir el abandono de la infraestructura, sino arremeter contra los medios de comunicación acusándolos de propagar bulos. Cuando este diario informó en los días posteriores de que el origen del siniestro se encontraba en el mal estado de la vía, el ministro de Transportes, Óscar Puente, trató de desacreditar la información; sin embargo, las investigaciones terminaron confirmando que el fallo en la infraestructura era, efectivamente, la causa de la tragedia.

El recorrido por estos ocho años concluye en un escenario ya conocido: en la crisis de Ceuta, donde la ocultación institucional ha alcanzado su cota más grave. Frente a los intentos del Ministerio del Interior por desmentir la implicación de Rabat afirmando que no hubo planificación, los informes demuestran lo contrario. La Policía documenta un «guiado activo» de la Gendarmería marroquí orientando a las masas hacia el espigón, camiones de gran tonelaje trasladando inmigrantes y agitadores no uniformados dirigiendo sobre el terreno a las fuerzas marroquíes en una operación propia de guerra híbrida o «zona gris».

Para eludir su responsabilidad por su inacción pese a las alertas del CNI, del Cifas de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el Ejecutivo de Sánchez no solo ha tratado de tapar el papel de Rabat, sino que ha desatado una campaña contra sus propios servicios de Inteligencia, acusando al CNI de no prever la magnitud de la entrada de inmigrantes. Desde la ceguera ante las alertas epidemiológicas en 2020 hasta el cuestionamiento de las agencias de Inteligencia en 2026.