Pedro Sánchez dará explicaciones la próxima semana sobre Ceuta después de un mes de silencio del presidente. El carrusel de ministros que le ha precedido ha aportado más confusión que otra cosa. No sabemos qué ocurrió para que casi 80.000 personas asaltaran la frontera de Ceuta en menos de dos días y, tras escuchar las comparecencias, solo cabe concluir que el Gobierno tampoco lo sabe a ciencia cierta.
Por parte del CNI se pone el acento en las mafias, que habrían aprovechado una sentencia del Tribunal Supremo para difundir vía redes sociales que la frontera estaba abierta, que nadie podía ser expulsado si llegaba a nado. Los servicios de inteligencia no están dispuestos a tragarse el sapo de ser los responsables de no haber detectado a tiempo la avalancha. De ahí la contundencia de su ministra, la titular de Defensa, al asegurar que se avisó de lo que iba a ocurrir. Para la reputación del CNI no es una cuestión menor.
Pero salvo Margarita Robles, el resto del Gobierno sostiene que solo se apreció un incremento de las llegadas de migrantes y, en ningún caso, una acometida semejante. No se trata simplemente de un rifirrafe más entre la ministra de Defensa y otros colegas del gabinete, algo ya habitual, sino de la credibilidad de los servicios secretos y de la confianza que en ellos tiene el Ejecutivo. Probablemente sólo una desclasificación del material emitido al respecto despejaría los interrogantes abiertos esta semana.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido la colaboración de Marruecos, con cuyo gobierno mantiene una relación fluida. Pero si es así, también a los servicios secretos de ese país se les habría pasado por alto tamaña movilización de personas en la frontera. Y, en caso de saberlo, significaría que entre el Ejecutivo marroquí y sus espías tampoco la relación es la que debería. Todo ello enmarcado en la inminencia de las elecciones legislativas de ese país y en la opacidad que caracteriza al régimen.
Al mismo tiempo, Albares ha señalado los intereses del trumpismo y sus aliados en las redes sociales, que buscarían instalar el marco de la “invasión” de los migrantes a través del móvil como agente movilizador del voto hacia la extrema derecha. Así, mientras los jóvenes magrebíes y subsaharianos recibían en sus teléfonos el mensaje de una frontera expedita al paraíso europeo, los ciudadanos de la UE veían en sus terminales las imágenes de una avalancha humana entrando en tromba en su territorio. Sin embargo, no sabemos si esos agentes políticos se limitaron a aprovechar la ocasión o fueron los instigadores.
Esta ha sido una de las pocas veces en las que Sánchez no ha calibrado desde el primer minuto el alcance de la crisis. O, al menos, no lo ha transmitido así. La escasa capacidad de reacción demostrada es inusual en un presidente acostumbrado a encabalgar situaciones de excepción. El Gobierno acusa zarpazos cada día en el frente judicial y llegó al final de curso exhausto. En Ceuta ha dado síntomas de fatiga y lo peor para Sánchez es que lo hace en una cuestión especialmente lesiva para el PSOE, puesto que la inmigración es un debate divisivo para sus votantes.
En efecto, la inmigración es y va a seguir siendo el marco de las próximas citas electorales europeas. Desde el debate sobre la viabilidad del Estado del bienestar al auge de partidos con fuerte componente identitario, todo va a pasar por el cedazo del rechazo a la inmigración. Material para azuzar ese flanco no va a faltar si tenemos en cuenta que la demografía indica una enorme brecha entre Europa y África, con un rápido envejecimiento de la población en el primer caso y un crecimiento acelerado y explosión de juventud en el segundo. El PP se ha sumado a manifestaciones en más de 260 municipios de toda España el próximo miércoles. Vox mantiene una llamativa discreción para la que está cayendo. Incluso aunque Sánchez consiga acelerar una buena parte de las devoluciones de los migrantes de Ceuta y un reparto por autonomías de muchos menores, la inmigración va a ser el gran argumento electoral y hasta ahora el PSOE se había empeñado en ponerle sordina.
Este año el Gobierno no ha tenido respiro ni siquiera en agosto y el curso comienza como acabó, con los numerosos casos judiciales pendientes por acusaciones de presunta corrupción. Sánchez mantiene su intención de agotar la legislatura y tiene asumidos tragos amargos, como el de ver a su mujer sentarse en el banquillo ante un jurado. Las causas abiertas van a caer inclementes sobre los intentos de gestión del Gobierno. De momento, uno de los pocos asideros sería la aprobación de los Presupuestos, aunque ahora mismo eso se antoja un milagro político.
