Sánchez se queda solo: oposición y socios coinciden en señalar a Marruecos por la crisis migratoria

Es difícil encontrar un asunto en el que Vox esté de acuerdo con Bildu; Sumar, con el PP; o Podemos, con Junts; pero el Gobierno ha conseguido que tanto sus socios como la oposición coincidan en que no es creíble pensar que Marruecos no está detrás de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes irregulares de los pasados 30 y 31 de julio, especialmente después de que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) apunte a que gendarmes y policías marroquíes "guiaron" el asalto en un informe sobre el que, sea como fuere, el Ejecutivo continúa diciendo que atribuir responsabilidad al país africano es un "bulo".

La soledad del Gobierno en su posición ya había quedado clara en las últimas semanas, pero se hizo evidente el pasado jueves, durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión de la crisis en Ceuta. El presidente continuó defendiendo que no existen "pruebas ni evidencias sólidas" que permitan acusar a Marruecos.

La relación entre ambos países ha sufrido severos vaivenes desde hace alrededor de cuatro años, cuando hubo otra entrada de unas 12.000 personas a territorio español por la frontera del Tarajal. Dicho asalto fue reivindicado por Rabat, en represalia por la decisión del Gobierno de acoger en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Meses después, el Ejecutivo español dio un giro histórico a la política exterior del país al anunciar que apoya que la antigua colonia española del Sáhara Occidental se convierta en una región autónoma dentro de Marruecos, la posición defendida por Rabat.

El régimen alauí no es un socio cualquiera para España: su control sobre los flujos migratorios, la cooperación antiterrorista y la estabilidad de las fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias le otorga una gran capacidad de influencia. Algunas formaciones políticas añaden además sospechas sobre la información personal que podría tener Mohamed VI sobre Pedro Sánchez para que el presidente del Gobierno se mueva en una compleja dicotomía en su relación.

Eso sí, a la vista de las últimas revelaciones y de que se encuentra cada vez más acorralado por todo el Parlamento, se apreció en sus palabras algo más de severidad con nuestro vecino mediterráneo que la mostrada en los últimos días. Sánchez señaló que aunque España deba "seguir cooperando con Marruecos" y mantener una "relación de buena vecindad", esa colaboración "debe ser diferente". Y avisó de que "si existieran esas pruebas sólidas" contra el régimen alauí, el Gobierno "actuaría con total transparencia y contundencia".

No específico en qué se traduciría dicha contundencia, pero la situación sitúa al presidente ante un delicado ejercicio de equilibrios: cualquier gesto destinado a contentar a Marruecos puede alimentar las críticas de sus socios, mientras que un endurecimiento de la posición española corre el riesgo de tensar una relación estratégica. Sánchez está en una encrucijada de la que es complicado salir. Por un lado, necesita preservar una sintonía fluida con Rabat para garantizar la estabilidad en la frontera sur así como la seguridad y la frontera sur. Pero, por otro, debe mantener la estabilidad de sua mayoría parlamentaria en un momento en que varios de sus socios cuestionan abiertamente algunas de las concesiones realizadas al reino alauí, especialmente el asunto del Sáhara Occidental.

La apertura que Sánchez hizo a la posibilidad de que Marruecos esté detrás sigue sin convencer. Tras su comparecencia, fuentes de Sumar, socio de Ejecutivo del PSOE, aseguran que el presidente no ha dado "las explicaciones ni las soluciones que la situación de Ceuta requiere" y reclaman una vez más una posición "mucho más firme" con respecto al país vecino. En la parte socialista del Gobierno restan importancia a las críticas de sus socios. Las califican de "diferencias" que respetan y apuntan a que esta elevación del tono es normal dada la coyuntura: "Estamos en curso de precampaña electoral", aseguran en Moncloa, ante la celebración de elecciones, en principio, en 2027.

Esas críticas o diferencias se manifestaron desde todas las direcciones. En ERC, su portavoz, Gabriel Rufián, aseguró que Marruecos ha cometido un "ataque" contra España utilizando a gente como "carne de cañón", con la colaboración de EEUU e Israel, y tildó al Gobierno de "pusilánime". Para el republicano, que este siga exculpando al régimen alauí tiene dos explicaciones: una, para él "conspiranoica", que estaría relacionada con que Marruecos dispusiera de alguna información comprometida; y otra, que se hubiese puesto sobre la mesa "una guerra que no pueden ganar".

Si bien rebajó un poco el tono con respecto a otras semanas (Jon Iñarritu llegó a decir que el Ejecutivo es un "pagafantas" de Marruecos), Bildu, que no acostumbra ser mordaz con Moncloa, aseguró en palabras de Mertxe Aizpurua que "no es aceptable" que "se exculpe a Marruecos y se tilde a su régimen de 'socio fiable'". La abertzale compartió la "prudencia" que reivindica Sánchez para no abrir "un conflicto diplomático de primer orden", pero rechazó que la respuesta de la Moncloa haya sido "sincera y creíble".

Por su parte, Miriam Nogueras, de Junts, pidió a Sánchez que diera "un paso al lado" porque no está "capacitado" para seguir siendo presidente del Gobierno; y Maribel Vaquero, del PNV, criticó que estuviera "casi cuatro semanas ausente [en La Mareta]" y apareciera en el Congreso ahora con "un relato autocomplaciente" y sin señalar a Marruecos. Asimismo, Podemos, el más duro de los socios, pidió directamente "romper relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos" y su secretaria general, Ione Belarra, preguntó al presidente "por qué protege" al país africano.

Y si estas son las posiciones de los socios, no va a ser diferente la del principal partido de la oposición, que a lo largo del último mes ha prodigado críticas a Sánchez en particular y al Gobierno en general. En primer lugar por la falta de gestión y, en segundo, por una actitud que consideran "pusilánime" con el reino de Marruecos.

Este jueves, Alberto Núñez Feijóo no tardó en sacar a la palestra el espionaje con Pegasus para sembrar la duda sobre el viraje en la política exterior con Marruecos. "¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene tanto miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?", lanzó el líder popular para prometer que si llega a la Moncloa dará a conocer toda la información sobre el caso.

Lo hizo Feijóo por primera vez desde que se produjo la entrada masiva, pero otras voces del partido como Alma Ezcurra o Ester Muñoz ya plantearon que la política de apaciguamiento con el país vecino tiene que ver con el 'hackeo' que sufrieron los dispositivos de algunos miembros del Gobierno y del propio presidente. Este viernes Muñoz volvió a pedir la desclasificación de los informes sobre el caso porque, según insistió, "hay algo" en ellos que explica la postura de Sánchez sobre Marruecos.

Para tratar de apaciguar los golpes que le llegaban de un lado y de otro, Sánchez anunció sorpresivamente que el Ejecutivo convocó el pasado 21 de agosto a la embajadora marroquí en España por declaraciones "inaceptables" de dos ministros de su país sobre Ceuta y Melilla. Una convocatoria que no se comunicó públicamente en su momento y que al PP le sirvió para reforzar la tesis de la laxitud del presidente del Gobierno con el reino alauita.

En Génova consideran que convocar a una embajadora es un mensaje político, pues es en sí una herramienta de protesta y presión diplomática. En cambio, el haberlo ocultado supone para los populares otra muestra más de "la debilidad" de Sánchez ante Marruecos: "Has renunciado a hacer política y defender públicamente tu posición", insisten.

El PP cree que el anuncio del presidente del Gobierno, lejos de sosegar a socios y oposición, "ha generado más preguntas" y "ha consolidado el mensaje de que tiene miedo a Marruecos" hasta el punto de que llamaron a la representante de Rabat y no lo hicieron público "porque puede sentar mal" al país vecino. Durante el mes de agosto, los populares cuestionaron que no se produjese ese movimiento después de que el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Uahbi, volviese a plantear la reivindicación de Marruecos sobre la soberanía de las dos ciudades autónomas españolas.

En Génova comparan la ausencia de reacción con la postura adoptada en otros conflictos diplomáticos, como por ejemplo, el ocurrido el 30 de julio con Italia. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, convocó —y sí lo anunció en su cuenta de X— al embajador de Italia tras un tuit publicado por su homólogo italiano, Antonio Tajani, en el que vinculaba la entrada masiva en Ceuta con la decisión del Gobierno de Sánchez de impulsar una regularización extraordinaria de inmigrantes.

Las formaciones políticas son conscientes de que las relaciones con el país vecino son una buena herramienta de desgaste sobre Sánchez y, así mismo, de movilización del electorado en un curso político preelectoral. De hecho, en el caso de los populares, el endurecimiento del discurso con Marruecos ha sido evidente. Al principio de la crisis evitaron centrar sus críticas en el reino alauita para poner el foco esencialmente en Pedro Sánchez. Feijóo reclamó "reciprocidad, transparencia y buena fe" en las relaciones.