Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, fue detenido el viernes en Florida por posesión de pornografía infantil. Tras una breve vista, la jueza decidió dejarle en libertad, bajo fianza y con un brazalete electrónico para controlar sus movimientos. Sin embargo, este martes se ha sabido que la pasada noche Markle se cortó dicha pulsera, lo que ha hecho que la Fiscalía exija que entre en prisión.
Markle, de 82 años, que tiene una pierna amputada, lo que le hace ir en silla de ruedas, y de quien la jueza del caso sospecha que tiene una cierta demencia o incapacidad mental, se quitó el brazalete a la 1.45 de la madrugada hora local, como se puede ver en documentos judiciales a los que han tenido acceso medios como el diario británico Daily Mail o el portal Page Six. De ahí que ahora el fiscal del distrito central de California, llamado Bill Eassayli, haya pedido en redes sociales que ingrese en prisión.
"Hace cuatro días, un juez federal autorizó que Markle permaneciera en libertad en espera del juicio", ha escrito el fiscal en su cuenta de X. "Se le ordenó llevar un dispositivo de localización. Al parecer, se quitó la pulsera a la 1.45 de la madrugada de anoche. Las condiciones de la libertad son órdenes judiciales, no sugerencias. Solicitamos al tribunal que revoque su libertad y lo mantenga detenido en espera del juicio, y seguiremos llevando este caso hasta el límite que permita la ley".
Markle vive en Florida desde hace unos meses, cerca de la segunda de sus tres hijos, Samantha Markle, la única con la que mantiene relación. Sin embargo, el material pornográfico que posee, según las acusaciones de las autoridades, está en California, en Los Ángeles. De ahí que pueda enfrentar un juicio en California, y que sea el fiscal de esa zona el que pida su ingreso en la cárcel.
Además, la jueza Lindsay Griffin, que lleva el caso de Markle, ha pedido que pase una exhaustiva batería de pruebas, tanto físicas como mentales, antes de su primera vista ante la corte, que tendrá lugar en 10 días. En esa petición médica, Griffin afirma que encuentra "causas razonables para creer que el acusado podría padecer una enfermedad mental o un trastorno que lo incapacita mentalmente". De hecho, la magistrada cree que esa enfermedad, que varios medios estadounidenses señalan como demencia, llegaría "hasta el punto de no poder comprender la naturaleza y las consecuencias de los procedimientos en su contra o prestar la debida asistencia en su defensa".
Así, el viernes 20 de noviembre, a más tardar, la jueza debe disponer de los antecedentes de Markle, de un listado de sus síntomas y de todas las pruebas psicológicas y psiquiátricas, así como de las conclusiones de una psiquiatra independiente.
Tras su detención el pasado viernes, dos semanas después de que su hijo mayor, Thomas Markle Jr., le acusara de posesión de pornografía desde Filipinas (donde residió durante unos años), el padre de la duquesa de Sussex se declaró no culpable. La jueza decidió imponerle el pago de una fianza (la cantidad se desconoce) y el uso de dicho brazalete, y le prohibió acceder a internet, tener contacto con menores de edad y también abandonar las zonas específicas tanto de Florida como de California donde puede llegar a ser juzgado.
El delito del que se acusa a Markle es el de posesión de pornografía, tras encontrar hasta 78 artículos —fotografías, diapositivas, negativos, vídeos— en dos trasteros de Los Ángeles cuyo alquiler llevaba pagando sin pausa desde 2008. Ese cargo podría suponerle hasta 20 años de prisión, aunque lo habitual es que sea de entre siete y ocho años.
La duquesa de Sussex, esposa del príncipe Enrique de Inglaterra (hijo a su vez del rey Carlos III, y quinto en la línea de sucesión al trono británico), no se ha pronunciado al respecto en esta ocasión. Este martes, la pareja ha acudido a Bruselas para pronunciar un discurso ante el Parlamento Europeo. Era la primera ocasión en la que se veía a la duquesa en público desde la detención de su padre. Sin embargo, ha decidido anular el discurso que iba a dar, centrado en la importancia de la seguridad digital de los niños, que ha pronunciado únicamente el príncipe.
Pero cuando se conoció la primera denuncia, a finales de octubre, realizada por Markle Junior, Meghan Markle sí que habló. Ella explicó en un largo comunicado que ya en 2018 la policía británica la informó de la existencia de una carta en la que se señalaba este comportamiento delictivo por parte de Thomas Markle.
"Contenía acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre y se me aseguró que se estaban investigando", escribió en un comunicado la exactriz, en el que afirmaba mostrarse "profundamente consternada" tras las acusaciones. "Espero que ahora se pueda comprender que, a pesar de la distorsión por parte de ciertas publicaciones de los medios a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos, fue por una razón: protegerlos".
