Tomoko Akane, presidenta del TPI, denuncia las sanciones de EE.UU. y defiende la independencia de la Corte

Tomoko Akane (Nagoya, Japón, 1956) fue elegida en 2024 por sus compañeros como presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI). Su mandato concluye en 2027, al tiempo que expira el periodo reglamentario de nueve años como jueza en la única institución permanente que juzga a los máximos responsables de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad. En agosto, Estados Unidos la ha sancionado junto al fiscal senegalés Abdoulaye Seye. En este momento, por ejemplo, esta magistrada no puede entrar en territorio estadounidense y su tarjeta de crédito ha sido cancelada. Son ya 13 los jueces, fiscales y un miembro del personal castigados así por el Gobierno del presidente Donald Trump, que considera al TPI un “organismo corrupto y politizado” que amenaza su soberanía y ataca a su principal aliado, Israel.

EE UU no es uno de sus 125 Estados miembro y Washington estima que ningún tribunal mundial puede prevalecer sobre los suyos y su Constitución. Marco Rubio, secretario de Estado, ha ido más lejos declarando que se propone “desmantelarlo”, y presiona además a los países con los que mantiene alianzas para que lo abandonen.

Además, Akane integró en 2023 la Sala de Cuestiones Preliminares que emitió la orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin y también fue condenada en ausencia por las cortes de Moscú. Su situación no tiene precedentes. La presidenta del TPI ha respondido a un cuestionario enviado por EL PAÍS, en su primera entrevista con un medio occidental desde el anuncio de las sanciones.

Pregunta. ¿Cómo encara el castigo que le ha impuesto Estados Unidos?

Respuesta. Siempre resulta impactante ver tu nombre en la misma lista que traficantes y terroristas cuando eres una jueza comprometida con la defensa del Estado de derecho. Muchos de sus efectos aún no se han materializado, pero es razonable esperar que afecten a algunos aspectos de mi vida personal. Mi tarjeta de crédito fue suspendida casi de inmediato. Otros jueces han sufrido trastornos prácticos en su día a día como consecuencia de que las empresas hayan dejado de prestar servicios a las personas sancionadas.

Desde mis años de secundaria me ha impulsado el compromiso con la justicia. En este momento crítico, como su presidenta, siento la responsabilidad personal de ayudar a proteger al Tribunal. Su independencia y capacidad para hacer justicia a las víctimas. Seguiré desempeñando mis funciones y cumpliré mi mandato. Presté juramento para hacerlo y me mantengo firme en ese compromiso.

P. ¿Afronta el TPI su mayor desafío desde que fue creado en 2002?

R. Nueve de los 18 magistrados, los dos fiscales adjuntos, el exfiscal y un miembro del personal han sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. Además, nueve jueces actuales y antiguos, incluida toda la presidencia del TPI, han sido condenados en ausencia por Rusia, [tras emitir una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación forzosa de menores ucranios], lo que tiene evidentes implicaciones para su seguridad personal. En total, dos tercios de los jueces del Tribunal están sujetos a medidas coercitivas por parte de algunos de los Estados más poderosos del mundo. Es una situación sin precedentes en la historia del TPI. Estos ataques dan fe de la importancia de la imparcialidad de la labor de esta Corte. Los esfuerzos por investigar y enjuiciar los delitos más graves en virtud del Derecho internacional suscitan la resistencia de quienes prefieren la impunidad a la rendición de cuentas.

P. ¿Asistimos al principio del fin del Estado de Derecho internacional?

R. Son tiempos profundamente preocupantes para la justicia internacional y para el orden internacional basado en normas. Al mismo tiempo, resulta alentador ver cómo los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos alzan la voz en defensa del Derecho Internacional. Estas muestras de solidaridad son más importantes que nunca.

El Tribunal no se creó por casualidad ni se estableció de la noche a la mañana. Roma no se construyó en un día, y tampoco el Estatuto de Roma [texto que vertebra la labor del TPI]. El Tribunal surgió de las lecciones de la guerra, la persecución y las atrocidades masivas, y de la convicción de los Estados de que el derecho y la justicia deben prevalecer sobre la fuerza. Esos valores son tan importantes como siempre. Sigue siendo una institución joven si se compara con los sistemas jurídicos construidos a lo largo de siglos. Pero se asienta sobre una idea cuyo momento ha llegado: nadie está por encima de la ley.

P. Los crímenes juzgados por el TPI parecen lejanos pero podrían ocurrir en cualquier lugar. ¿Puede seguir siendo la piedra angular de la lucha mundial contra la impunidad?

R. Una corte permanente está en funcionamiento antes de que se cometen los crímenes. Su jurisdicción se conoce de antemano y aplica la misma ley a todos los que están bajo su alcance. Esta permanencia es lo que permite a una corte disuadir y no limitarse a reaccionar, y es lo que hace que la promesa resulte creíble para personas que no tendrían motivos para esperar que alguna vez se creara un tribunal para ellas.

Una vez me encontraba en la sala del tribunal cuando se le preguntó a una víctima de violencia sexual que por qué había decidido testificar. Ella respondió: “Sé que nadie más puede defenderme, solo la justicia, los jueces (…) porque lo que me pasó no querría que le pasara a nadie más”. Esas víctimas nos recuerdan por qué esta labor es importante y por qué debe continuar. Para hacer realidad la promesa de “nunca más”. Tarde o temprano, la Historia nos pedirá cuentas a todos. “¿Dónde estabas?”, nos preguntarán. Hago un llamamiento a los Estados para que defiendan y fomenten estos principios fundamentales del Derecho Internacional, que son imperativos morales, y promuevan la búsqueda de justicia.

P. ¿Qué tipo de acción colectiva externa precisa el TPI para hacer frente a las penalizaciones de Washington?

R. Hemos recibido firmes muestras de apoyo por parte de los Estados y seguiremos en estrecho contacto con ellos para afrontar los retos de estas medidas, incluidas las cuestiones políticas, jurídicas, financieras y operativas. Existe otra forma de acción colectiva: la cooperación. Las decisiones del TPI solo pueden hacerse cumplir cuando los Estados les dan efecto, sobre todo mediante la ejecución de las órdenes de detención. La búsqueda de la justicia es una responsabilidad compartida.

P. ¿Cómo afectan las sanciones a las víctimas?

R. Puedo asegurarle que siguen ocupando un lugar central en nuestros procedimientos. Participan en los juicios a través de sus representantes legales, lo que garantiza que sus opiniones y preocupaciones sean escuchadas a lo largo del proceso. Tras una condena, pueden tener derecho a recibir compensaciones.

Está previsto que en noviembre comience el juicio contra el exjefe de Estado de Filipinas [Rodrigo Duterte], y para el año que viene se espera la apertura de otro caso relativo a graves delitos presuntamente cometidos en un centro de detención de Libia [contra el excomandante miliciano Khaled Mohamed Ali El Hisri]. Hasta la fecha, el Tribunal ha abierto 18 investigaciones y contribuido a que se rindan cuentas por delitos graves como el reclutamiento y uso de niños soldado, la destrucción del patrimonio cultural, la violencia sexual o los ataques contra civiles.

P. Estados Unidos afirma que el Tribunal está politizado y que tiene a Israel en el punto de mira. ¿Vulnera el TPI la soberanía nacional de sus 125 Estados parte?

R. El mandato consiste en investigar y enjuiciar cuando los Estados no estén dispuestos o sean incapaces de hacerlo. El Tribunal complementa los sistemas nacionales en lugar de sustituirlos. Eso no constituye una violación de la soberanía. Es el ejercicio de la soberanía. La propia creación del TPI resulta del ejercicio de la soberanía por parte de los Estados en un tratado multilateral. Se basa en la convicción compartida de que el Estado de derecho es la mayor protección contra el abuso de poder, y de que la rendición de cuentas es esencial. Los jueces no eligen las situaciones que se les presentan ni tampoco a los acusados. Simplemente aplicamos la ley a las pruebas de los casos que recibimos. Eso es lo que exige la imparcialidad.

P. Durante sus primeros años, el TPI fue criticado por centrarse en África. Ahora hay órdenes de detención contra el presidente ruso, Putin, y contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu por la guerra en Gaza. ¿Qué ha ocurrido?

R. Al inicio, varias investigaciones surgieron de remisiones por iniciativa propia de los Estados africanos o por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a conflictos en África. Con el tiempo, la labor se ha ampliado hasta abarcar todas las regiones del mundo. Pero nuestra responsabilidad no es responder a debates políticos, sino aplicar la ley sin tener en cuenta la geografía, nacionalidad ni consideraciones políticas.

P. El Tribunal carece de policía propia y depende de la cooperación internacional para ejecutar sus órdenes de detención. ¿No socava esto la rendición de cuentas?