Esta semana las redes sociales elevaron a noticia internacional un enfrentamiento entre una multitud enfurecida y las fuerzas de seguridad ucranianas en una tranquila calle de Petropavlivska Borshchahivka, a las afueras de Kiev, el 2 de noviembre. Unas 200 personas atacaron a agentes del orden, militares y vehículos. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y disparos de advertencia al aire. El detonante fueron las denuncias sobre un supuesto centro de tortura donde se retenía a hombres movilizados para luchar contra la invasión rusa. La policía niega que hubiera una prisión clandestina y algunas de las personas que promovieron la protesta no tenían la condición profesional que aseguraban tener. Ucrania investiga lo que sus autoridades describen como una provocación preparada, amplificada por la propaganda rusa, y también las denuncias de malos tratos contra militares que se encontraban en el recinto.
En Ucrania rige la movilización obligatoria bajo la ley marcial, y su gestión es motivo de críticas y el traslado de hombres a centros de reclutamiento y las restricciones a su libertad de movimiento una vez incorporados generan tensiones. Pero la movilización no convierte en legales los abusos ni permite dar por justificada cualquier privación de libertad, y aun así en las primeras etapas del proceso se han denunciado casos de violencia, también en unidades de las Fuerzas de Asalto, sobre las que han publicado investigaciones los medios independientes ucranianos.
ECOSISTEMA DE PROPAGANDA
El escándalo de las supuestas cámaras de tortura de Kiev muestra cómo funciona el ecosistema internacional de propaganda rusa. Las primeras informaciones apuntaban a las denuncias de detención ilegal y abusos contra hombres movilizados por parte de una unidad de la Guardia Nacional como origen de la ira popular. Todo comienza con un incidente real: una protesta ante un edificio militar ucraniano, acompañada de acusaciones de malos tratos todavía pendientes de esclarecer. Los canales prorrusos convierten esas denuncias en una historia de prisiones clandestinas y torturas sistemáticas. Después, otras redes multiplican las acusaciones y añaden nuevas atrocidades. La operación Matryoshka, una red rusa de desinformación, llegó a fabricar vídeos que imitaban noticias de France 24 y Euronews e informes de organizaciones internacionales.
La historia también llegó rápidamente a España y logró incluso una breve mención en el Telediario de Televisión Española. Una investigación de Monitor Disinfo ha reconstruido cómo circuló por canales de Telegram, medios alternativos y comunicadores españoles. Entre sus primeros difusores aparece DDGeopolitics, una cuenta que los servicios franceses ya habían identificado como amplificadora de anteriores operaciones de la red rusa Storm-1516. La investigación no demuestra que todos estos canales trabajen coordinadamente ni que Moscú organizase los incidentes originales, pero sí dibuja un mecanismo en el que las acusaciones pasan de una plataforma a otra, se traducen, se repiten y adquieren apariencia de información contrastada, sin serlo. Cuando el lector encuentra la misma historia en diez sitios distintos, tiende a creer que 10 fuentes diferentes la han confirmado, aunque todas dependan, en última instancia, de un mismo relato sin verificar.
UN TEATRO ANTE LA POLICÍA
Cuantos más detalles se conocen sobre la cadena de acontecimientos y las personas implicadas en el desencadenamiento de la violencia, más indicios aparecen de una acción preparada. Las autoridades ucranianas investigan una operación para sacar irregularmente del edificio a un militar. Que el episodio haya servido a la propaganda rusa no demuestra, por sí solo, que Moscú lo organizase.
Todo ocurre en torno a una casa rodeada por un muro de ladrillos y sin distintivos, situada en Petropavlivska Borshchahivka. Según la Guardia Nacional, funciona como punto de tránsito para alojar a militares movilizados mientras se tramitan sus documentos y antes de enviarlos al entrenamiento básico. Cuatro de los hombres que se encontraban en el edificio habían sido localizados tras abandonar su puesto o unidad sin permiso y posteriormente fueron trasladados al hospital con lesiones. Según la Guardia Nacional, uno de ellos, Oleksandr Pavliuchenko, presentaba una fractura vertebral anterior, ya cicatrizada. Otro, Iván Yareshko, habría dado positivo en un análisis de drogas y se habría autolesionado. Estas explicaciones corresponden a la versión militar; las circunstancias de las lesiones deben esclarecerse en la investigación.
La policía recibió el aviso de un supuesto equipo de una ambulancia privada que había intentado entrar en el edificio. Aproximadamente una hora y media después de los primeros informes sobre los enfrentamientos, una multitud se había congregado frente a la casa. Gritaba a los policías y guardias nacionales que custodiaban los accesos y exigía la liberación de los hombres que seguían dentro.
En el centro de la escena estaban dos trabajadores de la supuesta ambulancia privada, que aparentemente intentaban negociar con la Guardia Nacional para acceder al edificio, al tiempo que se dirigían a la multitud. La mujer que se presentó ante los medios como la sanitaria Valentina Moloda trabajaba como cosmetóloga, según la información publicada por el medio independiente ucraniano Slidstvo.Info.
Moloda afirmó ante la multitud que cuatro personas que se encontraban dentro del recinto necesitaban ayuda y que una había fallecido. La policía negó que hubiera muertos. En las redes sociales circuló un vídeo en el que Moloda aparecía arrodillada frente a la casa y pedía que la dejaran entrar para atender a los hombres, a quienes describía como retenidos ilegalmente. Mientras suplicaba, transmitía el incidente en directo por las redes sociales.
El engaño empezó a quedar al descubierto el 3 de noviembre, cuando se conoció la detención de Moloda. Según las autoridades ucranianas, ella y su acompañante habían inspeccionado el edificio al menos tres días antes de los disturbios, en lo que describieron como "misiones de reconocimiento". La ambulancia llevaba los distintivos de una empresa sanitaria que había dejado de operar en 2023 y había vendido el vehículo en 2024. Además, los investigadores afirmaron haber hallado en el teléfono de Moloda fotografías del edificio y conversaciones relacionadas con la preparación de protestas. El SBU, el servicio de seguridad ucraniano, sostiene que la mujer actuaba a cambio de una remuneración y que se había hecho pasar por sanitaria. Todo apunta, según los investigadores, a una acción preparada de antemano, aunque sigue investigándose quién la organizó y con qué propósito.
EXTRAER A UN MILITAR
La Fiscalía sostiene que Moloda había sido contratada el 30 de octubre para sacar clandestinamente a Andrei Kuleshov, un militar que había abandonado su unidad sin autorización y había sido devuelto al servicio. La operación debía presentarse como una evacuación médica. El SBU afirma que recibió el encargo de otra persona residente en la región de Kiev. Según el comandante del primer cuerpo Azov, sus familiares habían intentado previamente conseguir su liberación y su madre llegó a ofrecer un soborno de unos 6.200 euros.
En ese escenario entra un adolescente con el pelo rubio hasta los hombros que se subió a un árbol, desde donde comenzó a filmar el patio y a gritar insultos a los soldados que estaban dentro. Después empezó a lanzar ladrillos, uno tras otro, que le pasaban algunos miembros de la multitud. Finalmente, se le vio caer de la cerca al patio. La indignación creció y un grupo derribó parte del muro. Por la entrada principal salieron entonces 17 hombres, caminando por su propio pie y portando sus pertenencias, que subieron a un autobús de la Guardia Nacional que los esperaba.
Después se vio —y se viralizó— la salida del mismo adolescente que había escalado el muro y lanzado ladrillos. Lo sacaron del patio envuelto en una manta y aparentemente en estado de shock. Su expresión sirvió para difundir la afirmación falsa de que incluso menores de edad estaban siendo retenidos y torturados en las instalaciones de la Guardia Nacional. Las imágenes anteriores muestran que el joven había llegado como manifestante y que entró en el recinto durante los disturbios: no era uno de los hombres que permanecían dentro antes de la protesta. El adolescente contó posteriormente en TikTok que, una vez en el patio, varios hombres encapuchados lo golpearon, incluso con palas. La Guardia Nacional niega que sus soldados lo agredieran, y en todo caso la verdad puede ya distinguirse del relato falso de que llevaba días encarcelado en el edificio.
La movilización obligatoria en Ucrania no incluye a los menores de 25 años, pero aun así propaganda rusa ha recurrido también a imágenes fabricadas y vídeos falsificados para difundir acusaciones sobre el reclutamiento y la tortura de menores.
Aclarar todo lo ocurrido llevará tiempo. Según un comunicado oficial de la policía ucraniana, cuando los agentes entraron en el lugar comprobaron que la información sobre la detención ilegal de personas era "falsa". La policía sostiene que se trataba de un alojamiento temporal de militares antes de su traslado para recibir entrenamiento. Esa versión no cierra la investigación sobre las lesiones: cuatro hombres necesitaron atención hospitalaria y las autoridades militares anunciaron una comprobación de lo sucedido.
Los mandos de la Guardia Nacional permitieron que varios civiles, entre ellos la madre de un militar movilizado, entraran y hablaran con quienes se encontraban dentro. Al salir, la mujer afirmó ante la multitud que las personas que había visto no estaban en peligro, aunque las condiciones de alojamiento eran muy malas.
Como resume Francis Farrell, periodista de The Kyiv Independent, "las decenas de teléfonos que retransmitían en directo los acontecimientos a través de las redes sociales superaban con creces el número de periodistas que trabajaban en la zona". Farrell presenció la escena y le quedó la impresión de que "había ciertos personajes principales en la historia, como si tuvieran roles bien definidos". Según la Guardia Nacional, 16 de sus miembros resultaron lesionados durante los disturbios. La Fiscalía ha comunicado la imputación de Iván Parshonkov, de 18 años, por golpear con un martillo un vehículo militar ocupado por miembros de la Guardia Nacional. Según Suspilne, habría comprado previamente el martillo para dañar vehículos. La acusación se refiere a ese ataque y no permite, por sí sola, identificarlo como el joven de las imágenes del árbol y la manta.
¿Quién llevó la delantera en la difusión? El turbio ecosistema de los canales ucranianos y rusos de Telegram, muchos de ellos administrados por usuarios anónimos que priman el espectáculo sobre el rigor. Así se pasó de un enfrentamiento de ciudadanos con la policía a una historia de "cámaras de tortura de Zelenski" asaltadas por supuestos patriotas ucranianos hartos de que sus compatriotas fueran utilizados como carne de cañón.
La narrativa fue aprovechada por sectores radicales europeos. Entre ellos destacó Alice Weidel, líder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). "Espero que el gobierno federal aborde este tema hoy en Berlín durante la visita de Zelenski", escribió Weidel, compartiendo fotografías del adolescente. El Telediario 2 de TVE también se hizo eco de las falsas denuncias. Posteriormente, verificaciones como la de Maldita.es explicaron que el joven había acudido como manifestante y recogieron la negativa de las autoridades ucranianas a que existiera una prisión ilegal.
"Ya se sabe con certeza que los sucesos de ayer en Petropavlivska Borshchahivka no se produjeron sin influencias", afirmó el 3 de noviembre Kirilo Budanov, jefe de la Oficina del presidente Volodimir Zelenski. No identificó públicamente en esa declaración quién había ejercido esa influencia. También advirtió de que el episodio había sacado a la luz tensiones sociales y problemas pendientes que las autoridades debían abordar.
La actuación de redes rusas de desinformación sobre el caso está documentada. Hasta el momento, en cambio, no se ha acreditado públicamente que Rusia contratara a Moloda o dirigiese la protesta. La hipótesis judicial más concreta es que se preparó una operación para sacar irregularmente a un militar del edificio. El SBU sostiene que esa operación estuvo acompañada de publicaciones destinadas a provocar una reacción pública y desencadenar disturbios. Su posible conexión con una dirección rusa sigue pendiente de esclarecer.
