Trump Administration Reverses Course on Fund for 'Victims' of Judicial Persecution

La Administración de Trump dio este lunes marcha atrás, dos semanas después, en su intención de crear un fondo para resarcir a quienes, según la Casa Blanca, fueron víctimas de una “persecución” judicial durante los años de Joe Biden en el poder. En la práctica, abría la puerta a que los participantes en el asalto al Capitolio, a los que Donald Trump indultó en su primer día de vuelta en el cargo, pudieran recibir dinero −tanto dinero, como 1.776 millones de dólares− del Estado.

El anuncio lo hizo el Departamento de Justicia mientras engordaba la lista de los republicanos que desde el Capitolio, muchos de los cuales estaban aquel 6 de enero de 2021 en el edificio y temieron por su vida, hacían públicas sus críticas por la decisión de Trump. En un comunicado, el departamento dijo que acata la decisión, , de una jueza hecha pública el viernes pasado. Esta suspendió temporalmente la puesta en marcha de un fondo diseñado “con el fin de reparar el tremendo abuso, daño y odio infligidos injustamente a tantas personas”.

“Estaba abierto a cualquier persona que hubiera sido objeto de dicha instrumentalización, persecución o acoso, independientemente de si era demócrata, republicana, conservadora, independiente o de cualquier otra afiliación”, dice el comunicado de este lunes. “El Departamento [de Justicia] acatará el fallo del tribunal”.

Horas después de la publicación de la primera sentencia, otra jueza, esta vez de Florida, emitió el viernes otro fallo que ordenaba reabrir el caso de una denuncia de Trump al Servicio de Impuestos Internos (IRS son sus siglas en inglés) que estaba en el origen de la creación del fondo. El presidente de Estados Unidos había demandado a Hacienda por valor de 10.000 millones de dólares por la filtración de datos financieros a la prensa, y aceptó no continuar con ese procedimiento a cambio de que el Gobierno reservara esos 1.776 millones para pagar a los suyos.

Era una aventura judicial a todas luces surrealista: el presidente exigía daños y perjuicios a Estados Unidos, por lo que los abogados de uno y otro lado estaban a sus órdenes. La magistrada de Florida consideró que el pacto mediante el cual desistió de su demanda, que incluye beneficios fiscales para él y para su familia, suscita sospechas de “manipulación del sistema judicial”.

Rebelión republicana

El comunicado del Departamento de Justicia no los cita, pero el coro de republicanos que se habían opuesto a la iniciativa creció en los últimos días. El último en sumarse fue el domingo Mike Pence, que fue vicepresidente de Trump durante su primer mandato y estuvo el 6 de enero en el punto de mira de los insurrectos, que marcharon hacia el Capitolio entre gritos que pedían colgarlo por su negativa a impedir la certificación del triunfo electoral de Biden.

Pence declaró en televisión que el fondo le pareció “una mala idea desde el principio”. “Me resulta profundamente ofensivo que pueda existir algo que, siquiera potencialmente, compense a personas que agredieron a agentes de policía o vandalizaron el Capitolio”, añadió. “Y creo que esta opinión es compartida ampliamente por la mayoría de los republicanos y de los estadounidenses”.

Los senadores Mitch McConnell (“una idea totalmente estúpida” y “moralmente incorrecta”), Thom Tillis (“es un fondo para pagar a canallas”) y Bill Cassidy (que lo crítico por carecer de “precedentes legales”) fueron, dentro de un grupo que también incluye a varios miembros de la Cámara de Representantes, los más duros en sus críticas. A los tres les une el hecho de que no se presentan a la reelección el próximo mes de noviembre, por lo que no se juegan que Trump la ponga en peligro con sus ataques.

El líder de la mayoría en el Senado (John Thune) dijo este lunes, por su parte, que la Casa Blanca haría mejor en “abandonar” la idea del fondo de compensación.

Antes de eso, la Cámara alta había celebrado un pleno para tratar el asunto. El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, recibió con escepticismo la noticia de la marcha atrás del Departamento de Justicia. “Si Trump y los republicanos realmente están desistiendo de ese plan corrupto, no deberían tener ningún problema en prohibirlo por ley”, declaró, al tiempo que anunció que los suyos impulsarán una iniciativa legislativa para impedirlo en el futuro, dado que la palabra del presidente, añadió, “está lejos de ser suficiente.