Un informe jurídico del Congreso califica el espray de pimienta como arma y abre la vía a sancionar a una diputada

Un informe jurídico del Congreso al que ha tenido acceso EL PAÍS sostiene que el espray de pimienta que la diputada popular Ana Belén Vázquez exhibió en el hemiciclo el pasado miércoles debe considerarse un arma y abre la puerta a que la Mesa tramite su suspensión temporal. El informe incorpora datos de las grabaciones de seguridad de la Cámara, que muestran a Vázquez entregando un objeto a un trabajador del grupo popular quien, inmediatamente después, entra en dos de los baños donde minutos más tarde se detectan gases irritantes. Como resultado, más de 20 personas sufrieron síntomas de intoxicación y al menos tres presentaron denuncias. El documento de los letrados no establece quién liberó la sustancia ni acredita que el objeto entregado por la diputada popular a su colaborador fuera el espray, pero se abre a sancionar a la diputada.

La principal conclusión del informe es que el espray de gas pimienta debe ser considerado un arma, que están explícitamente prohibidas de portar en la Cámara. “Los espráis, incluyendo los homologados, no pueden sino ser considerados como un arma a los efectos del Reglamento del Congreso”, estiman los letrados, que concluyen que por más que el aerosol estuviera en concreto estuviera homologado y pudiera ser legalmente adquirido por un adulto no cambia, según el informe, su naturaleza de arma a efectos de la disciplina parlamentaria.

El informe cita una sentencia del Tribunal Supremo (1112/2024) que estipula que “el concepto de arma no depende exclusivamente de la regulación contenida en el Reglamento de Armas” y se hace eco de una doctrina por la que cualquier instrumento apto para “ofender y para defenderse” y capaz de lesionar la vida, salud o integridad física. El Supremo, además, había considerado “instrumento peligroso a efectos penales” un aerosol que arroja gases irritantes capaces de anular, aunque sea temporalmente, la visión de quien los recibe.

El artículo 101 del Reglamento de la Cámara establece el cauce para poder suspender temporalmente la condición de diputado como consecuencia de varias conductas, entre ellas las de “portar armas dentro del recinto parlamentario”. Pero la Mesa, de mayoría progresista, no podrá suspender por sí misma a la diputada, sino que tiene que abrirse un procedimiento por el cual Vázquez contará con un plazo de tiempo para formular sus alegaciones y acceder a las documentación del expediente. Pasado ese plazo, la Mesa tiene la potestad de decidir si propone la suspensión o no. En el primer caso, se eleva al Pleno la propuesta, que deberá votarla. La diputada afectada no podrá emitir su voto.

Los letrados aseguran que “la Secretaría General no tiene constancia de que nunca, desde la aprobación del presente Reglamento en 1982, se haya tenido que aplicar el procedimiento establecido en este precepto”.

Además, los letrados entienden que la presidencia de la Cámara “estaba plenamente legitimada para ordenar su depósito”, en ejercicio de las facultades de policía que le reconoce la Constitución.