El PSOE y el Ministerio de Igualdad denuncian la modificación del protocolo municipal impulsada por PP y Vox
El Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por PP y Vox, ha modificado los criterios para acceder a viviendas de alquiler social, sustituyendo la categoría específica para víctimas de violencia de género por la de violencia doméstica, lo que según el PSOE y el Ministerio de Igualdad excluye a las mujeres que no conviven con su agresor.
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El Ayuntamiento de Valladolid está gobernado por una coalición de Partido Popular y Vox. La ley de violencia de género en España distingue este concepto de la violencia doméstica.
El Gobierno municipal de Valladolid, formado por la coalición entre el Partido Popular y Vox, ha excluido a las víctimas de violencia de género como personas beneficiarias de viviendas de alquiler social.
La medida, que fue anunciada en mayo y que además incrementaba el mínimo de años de empadronamiento, busca extender el criterio reservado a víctimas de violencia machista a todos los que hayan sufrido violencia en el ámbito familiar.
El Partido Socialista de Castilla y León ha denunciado la decisión del ayuntamiento vallisoletano por afectar a los criterios de baremación, ya que en el concepto de violencia doméstica no están incluidas las mujeres maltratadas que no conviven con su agresor, y por lo tanto la medida excluye a las víctimas de la violencia machista.
El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha criticado duramente la justificación del Gobierno local, que asegura que las víctimas de violencia de género están incluidas en el concepto de violencia doméstica “porque la violencia doméstica es un concepto mucho más amplio”.
En este sentido, el socialista asegura que la ley acordada hace 22 años señala que la violencia de género es la violencia ejercida “por un hombre contra una mujer con independencia de su estado civil, parentesco o convivencia, y cuando esa violencia constituye una manifestación de discriminación, desigualdad o relaciones de poder”.
Sin embargo, la violencia doméstica, ha continuado, “pone el acento en la relación familiar o de convivencia”. “En definitiva, una mujer víctima de violencia de género no tiene por qué ser víctima de violencia doméstica”, han advertido, por lo que afirman que la modificación del protocolo “desprotege a las mujeres víctimas de esta lacra social”.
En este sentido, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su “honda preocupación” por el desmantelamiento de las políticas de igualdad en comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por PP y Vox, y ha calificado el cambio de “absolutamente intolerable”.
Redondo ha aprovechado para criticar la gestión de la Comunidad de Madrid, donde, según la ministra, “no necesita a Vox para desmantelar las políticas de igualdad”. En palabras de la socialista, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está tramitando muchas de las solicitudes de ayudas económicas destinadas a mujeres víctimas de violencia de género.
“Quiero recordar que son recursos que directamente entrega el Gobierno de España a la Comunidad Autónoma para que se hagan llegar a las víctimas unos recursos económicos absolutamente imprescindibles para el día a día de muchas mujeres que luchan por salir adelante”, ha indicado.
“Estamos muy preocupados por esta incoherencia del Partido Popular. Nos parece un insulto a las víctimas y una falta de lealtad al pacto de Estado desde el Gobierno y desde el Ministerio, que desde luego no vamos a consentir”, ha concluido.

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