Los vicepresidentes de Extremadura, Castilla y León y Aragón, todos de Vox, enviaron ayer sendas cartas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para comunicarle que no asistirán a la comisión sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto, que abordará la situación de los menores migrantes en Ceuta, y que rechazan su traslado a otras comunidades.
Todo ello, a pesar de que el viernes la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, indicó a los fiscales delegados de las comunidades autónomas que intervengan si una autonomía se niega a acoger a los menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta que sean derivados a su sistema de protección. Una instrucción de la fiscal general que provocó la indignación inmediata del PP, que gobierna con Vox en varias comunidades autónomas y debe hacer equilibrios entre cumplir la ley y las exigencias de los de Santiago Abascal, que en el 2024 abandonaron los ejecutivos que mantenían con los populares por precisamente aceptar el reparto de menores no acompañados.
Los vicepresidentes, Óscar Fernández (Extremadura), Carlos Pollán (Castilla y León) y Alejandro Nolasco (Aragón) exigen que estos menores no sean trasladados a otros territorios mientras no hayan concluido los expedientes individualizados, “que son exigidos legalmente”, y, en cualquier caso, anuncian a la ministra que impugnarán todo expediente que no finalice con el retorno a Marruecos. Vox argumenta en los escritos que el rechazo a que estos menores vayan a otras comunidades lo sustentan en “el estricto” cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional y el principio del interés superior del menor.
Según dicen, la legalidad “impone” la reunificación familiar y la devolución al país de origen y reclama una valoración individualizada, excluyendo toda actuación automática o colectiva, como ya indicó el Tribunal Supremo. Además, argumentan que es precisamente el reparto lo que dificulta que sean localizados por sus padres, retrasa los expedientes de retorno y “perjudica” al niño. Recuerdan, en este sentido, que Marruecos ha sido calificado “como país seguro por el Consejo y el Parlamento Europeo” y su Gobierno ha expresado la voluntad de recuperar a los menores de su país que se encuentren actualmente en suelo español.
De momento hay registrados oficialmente 1.342 menores, aunque el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, admitió ayer desconocer cuántos más figuran entre las 8.000 y 11.000 personas que entraron irregularmente en los últimos días y que, según sus cálculos, permanecen en la ciudad. Al respecto indicó que habrá que hacer un nuevo recuento.
Precisamente Vivas pidió ayer el regreso a Marruecos de “todos los que entraron”. Tras reunirse con la ministra Rego, el presidente ceutí negó que la situación esté normalizada y pidió que el Gobierno deje claro que “no habrá papeles” ni “salidas hacia la Península” para evitar un efecto llamada. La ministra, por su parte, solicitó a Vivas “agilizar” la acogida familiar de los menores tras el interés mostrado por numerosas familias por acogerlos. Rego destacó que la reagrupación familiar es la prioridad siempre que sea posible y teniendo en cuenta el interés superior de los menores y recordó que esta dependerá de lugar en el que se halle la familia: el país de origen, otras comunidades autónomas españolas u otros países europeos.
