Tras más de tres meses de silencio, el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero informó ayer al instructor del caso Plus Ultra de que las joyas que fueron halladas en la caja fuerte de su despacho por la Policía fueron un «regalo estrictamente personal» del rey de Arabia Saudí con motivo del viaje oficial que realizó a Madrid los días 18 y 19 de junio de 2007, cuando el hoy imputado era jefe del Ejecutivo.
Según la versión dada por Zapatero al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, las millonarias piedras preciosas (esmeraldas, brillantes o zafiros de Zambia y Tailandia valorados en 1,3 millones de euros) fueron aceptadas por el ex líder del PSOE por «deferencia».
Su abogado, Víctor Moreno Catena, explicaba en el escrito que, con estos argumentos, pretende «neutralizar los indicios que actualmente se pudieran desprender de la investigación»; en referencia a las imputaciones que pesan contra el ex presidente por los delitos de fraude fiscal y contrabando.
Sin embargo, la realidad es que Zapatero, tal y como desvela hoy EL MUNDO, no ha logrado que Arabia Saudí emita certificado alguno sobre el origen de las joyas ni tampoco ha conseguido desmontar los indicios que pesan en su contra. Fuentes de la investigación consultadas por EL MUNDO consideran que las explicaciones ofrecidas por el ex presidente, tras meses de silencio, son vagas, inverosímiles y que no se encuentran refrendadas por ningún soporte documental. Además, rebaten la tesis de que las joyas millonarias fuesen un «regalo personal» cuando, en realidad, fueron supuestamente recibidas en el Palacio de la Moncloa cuando ostentaba el cargo de presidente del Gobierno en el marco de un «viaje oficial».
«Esta coleccion procede del obsequio realizado como atencion personal por Su Alteza Real Saudi el Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Su Majestad el Rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, a D. Jose Luis Rodríguez Zapatero y se entrego en Madrid en su vivienda familiar ubicada en el llamado Palacio de la Moncloa, con motivo del viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí los días 18 y 19 de junio de 2007», argumentó el letrado de Zapatero. «Se trato de una atencion estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto de mi representado hacia el monarca saudí», agregó el ex presidente del Gobierno.
En contraposición, las fuentes consultadas apuntan a que el haber aceptado esas joyas podría constituir un delito de cohecho pasivo impropio que penaliza a la «autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función».
Asimismo, fuentes del caso recuerdan que corresponde a Zapatero desvirtuar los indicios -no al juez recabar la documentación sobre las joyas- y, añaden, que Arabia Saudí es un país donde la cooperación judicial brilla por su ausencia.
De igual manera, las fuentes consultadas recuerdan que, aunque fuese cierto que se tratase de un «regalo», en vez del pago de una comisión, tendría que haber sido declarado a la Agencia Tributaria por el ex líder del PSOE en su declaración correspondiente del año 2008.
En este punto, las fechas son importantes. El ex presidente Zapatero ha optado finalmente por decirle al juez que las joyas fueron un regalo recibido en 2007 para esgrimir la figura de la prescripción al estar ante un presunto delito contra la Hacienda Pública de carácter agravado (ya que es posible que la cuota defraudada supere los 600.000 euros). En estos supuestos, el plazo de prescripción es de diez años.
La realidad es que acudir a la figura de la prescripción era la única estrategia de defensa posible para el ex presidente ya que la rapidez con la que Calama incoó la pieza separada de las joyas, tras recibir la tasación realizada por la casa de subastas Ansorena, le impedía beneficiarse de una regularización exprés ante Hacienda y lograr una exención de la responsabilidad penal.
Por último, en el año 2005, el Consejo de Ministros que presidía Zapatero aprobó el Código de Buen Gobierno aplicable a los miembros del Ejecutivo, a los secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Aquel código, que claramente incumplió Zapatero, recogía que se debía rechazar «cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal».
También estipulaba que «en el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente».
