La economía catalana crece, pero la vivienda dispara las desigualdades

La economía catalana lleva cinco años creciendo por encima de la media de la zona euro. El año pasado lo hizo un 2,7%, impulsada por una demanda interna dinámica, unos servicios en auge y a pesar de una industria que avanzó arrastrando los pies, en parte por las guerras, según el Informe anual de la Economía catalana. Cataluña tiene, sin embargo, una mancha en su expediente: un mercado de la vivienda disparado que se ha convertido en un “amplificador” de las desigualdades. La Generalitat considera que los precios máximos han permitido contener las rentas, pero admite que el “segmento del alquiler habitual ha perdido dinamismo”, en especial en Barcelona y en los mercados tensionados. “La regulación de precios puede contribuir a moderar los síntomas de la crisis de asequibilidad, pero su eficacia a largo plazo depende del aumento de la oferta asequible”, apunta el documento.

Cataluña volvió a crecer de nuevo más de lo previsto en 2025. Lo hizo a pesar de las guerras arancelarias y las tensiones geopolíticas. Y con algunos sectores que empiezan a dar síntomas de agotamiento, como la industria o el turismo, que la Generalitat cree que empieza a tocar techo. Todos esos datos están recogidos en el informe elaborado por la dirección de Análisis y Prospectiva Económica, que también apunta a un aumento de la productividad que sigue contribuyendo al crecimiento. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defendió en la presentación del informe seguir apostando por una “economía abierta” en la que la inmigración a la que ha reconocido un papel “imprescindible” para que “el país funcione” y para su “prosperidad”.

El gran lastre de la economía catalana durante este siglo sigue siendo la vivienda. Lo fue a principios de los 2000, cuando se hinchó la burbuja inmobiliaria, dejando a miles de hogares sobreendeudados; después del estallido de la burbuja, que generó la crisis de los desahucios, y con la escalada de precios que se ha producido en esta nueva fase de expansión y que ha vuelto a privar de una casa digna a jóvenes e inmigrantes. Los precios han subido un 87,7% en 10 años. Y aun así se siguen batiendo récords de compraventas mientras que la construcción de casas nuevas sigue en mínimos. La consecuencia, según el informe del Gobierno catalán, es un “embudo” que drena la demanda de la compraventa al alquiler. Entre 2013 y 2025, el volumen de hogares en alquiler se ha incrementado en 250.000, mientras que las familias propietarias han caído en 90.000.

El estudio apunta que la fractura es doble. Primero, generacional, puesto que la mitad de los hogares de entre 18 y 29 años y el 41% de los que tienen 30 y 44 años viven de alquiler. Esta última franja, hace solo una década, tenía un mayor acceso a la propiedad. Y segundo, también es de origen. El 57% de las familias encabezadas por una persona nacida en el extranjero arrienda un piso. Pero más allá de esas diferencias, el informe vuelve a constatar que, si al coste de vida se añade el precio de la vivienda, las mejoras en el poder adquisitivo alcanzadas en la última década desaparecen por completo. Y otro dato más: el 33,3% de los inquilinos a precio de mercado vive bajo el umbral de la pobreza, el triple que entre los propietarios. “Los datos de IRPF revelan que el 7,3% de los declarantes con rentas superiores a 60.000 euros concentra una cuarta parte de las rentas del alquiler declaradas, lo cual ilustra el flujo de renta de los inquilinos a los caseros”, agrega el informe.

El informe no pasa de puntillas sobre las políticas desplegadas por el Ejecutivo de Salvador Illa y considera que los topes al alquiler están suponiendo un “efecto moderador” de los precios, aunque admite que la serie “todavía es corta y no permite una atribución causal definitiva”. “La comparación territorial apunta hacia esta dirección; entre 2024 y 2025 los precios han crecido un 2% en las zonas tensionadas y un 6,1% en el resto de Cataluña”, indica el documento. En línea con lo expuesto por el Banco de España, la Generalitat considera que la regulación puede haber mejorado el acceso a la vivienda en los contratos regulados, pero admite que “su efecto agregado depende de la evolución de la oferta efectiva, la movilidad residencial y los posibles desplazamientos hacia otras modalidades o territorios”.

Menos contratos nuevos

Sin embargo, sí observa el efecto secundario que viene denunciando el sector inmobiliario y minimizando la Generalitat. “En paralelo, el segmento del alquiler habitual ha perdido dinamismo”, sostiene el estudio. En concreto, señala que los nuevos contratos han pasado de 167.842 en 2021 a 108.057 en 2025, mientras que el saldo neto anual de contratos de arrendamiento habitual se ha reducido de 27.536 a 8.895. Los topes al alquiler entraron en vigor el 16 de marzo de 2024. “El saldo sigue siendo positivo, de manera que no se puede afirmar una reducción neta de los contratos vigentes registrados, pero sí una fuerte desaceleración del crecimiento del segmento, especialmente en Barcelona ciudad y los municipios declarados tensionados”, subraya.