Generales de la Guardia Civil acusan al exdirector Leonardo Marcos de ordenarles archivar informes sobre casos del PSOE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió el pasado 27 de mayo en la Dirección General del instituto armado para tomar declaración como testigos a tres generales en el marco de la investigación judicial de la Audiencia Nacional sobre una supuesta trama para “desestabilizar procedimientos judiciales” que afectan al PSOE y al Gobierno. Las actas de esas declaraciones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan que dos de los generales acusaron al ex director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, de ordenarles que un informe sobre el caso por el que se está juzgando a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, concluyera “que no había nada”; uno de esos altos mandos aseguró, además, que el director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, el teniente general Manuel Llamas, le instó a “ponerse de perfil” y no ser “proactivos” en las causas “que tuvieran afectación política”. Contactado por EL PAÍS, Marcos, actualmente destinado a la embajada española en Washington, declinó hacer comentarios.
Las actas de los testimonios de los tres generales a los que la UCO tomó declaración constatan que esa unidad investiga si cargos de la Guardia Civil han recibido presiones sobre las causas relacionadas con el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno y, si esas presiones, se plasmaron en la apertura de informaciones reservadas (investigaciones internas) sobre supuestas filtraciones a medios de comunicación. Los tres agentes que declararon son dos ex jefes de la UCO, Alfonso López Malo y Ángel Yuste, y el actual jefe de de Armas y Explosivos, Antonio Cortés. En sus declaraciones dieron cuenta de la apertura de tres investigaciones internas para investigar supuestas filtraciones a la prensa: una, en diciembre de 2024, relacionada con la causa del hermano del presidente del Gobierno; otra en mayo de 2025, sobre las causas en las que están implicados José Luis Ábalos y Koldo García; y la última, en septiembre de ese año, a raíz de una noticia de El Mundo sobre suspuestas tensiones en la UCO “por la constante intromisión del peón de Marlaska”.
En el marco de esta última, según la declaración del general Yuste, la UCO recibió un oficio del instructor de esa información reservada, el general jefe del Estado Mayor, en el que solicitaba que se le enviara un organigrama de esa unidad en el que constara la parte “que tenga relación directa con las investigaciones vinculadas al presidente del Gobierno, identificando en la misma nominativamente a sus integrantes”. El general contó que el 10 de septiembre la UCO envió un organigrama del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (Diecan), dirigido por Antonio Balas, el que se incluían los grupos que lo conformaban y los números de identificación profesional de sus agentes. Tres días después, Yuste recibió un oficio del instructor de la investigación interna en el que se le citaba como testigo junto a Balas y al jefe de la Policía Judicial.
Según explicó Yuste, el escrito del instructor de la investigación interna precisaba que esas citaciones eran “en cumplimiento de lo ordenado por la directora general”, Mercedes González. Fuentes de la Guardia Civil con conocimiento de estos procedimientos explican que una investigación reservada constituye el paso previo a investigar una posible comisión de una falta disciplinaria, informa Juana Viúdez. El director general puede abrirla, o instar para que se abra, pero a partir de ese momento se nombra a un instructor y a un secretario, que es quien se encarga de la redacción. El instructor tiene que obrar con imparcialidad y objetividad para ver a quién cita y a quién toma declaración, según ests fuentes.
Yuste, que fue jefe de la UCO entre julio de 2023 y diciembre de 2025, y actualmente ejerce el mando de la Jefatura de Servicios Técnicos, aludió también en su declaración a una reunión celebrada el 12 de julio de 2024 en el despacho del entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, a la que fueron convocados él; el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas; y el jefe de Policía Judicial y anterior responsable de la UCO, Alfonso López Malo. Ese encuentro se produjo después de que esa unidad hubiera solicitado a la jueza Beatriz Biedma, que entonces instruía la causa contra el hermano dle presidnete del Gobierno, que les autorizara a intervenir los teléfonos de varios d elos investigados en ese caso. Según Yuste, el director general afirmó que ese escrito era “totalmente prospectivo y malintencionado” y que “la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos”. Según el acta de la declaración, Leonardo Marcos les pidió, además, que el siguiente viernes (19 de julio), el informe sobre el caso de David Sánchez tenía que estar “analizado y que no haya nada”.
El testimonio de Yuste coincide con el de López Malo, el otro ex jefe de la UCO que declaró como testigo la semana pasada, y que contó a los a agentes que el entonces director de la Guardia Civil le emplazó el 12 de julio de 2024 a una reunión en su despacho, durante la que le manifestó “que estaba enfadado y contrariado” porque no le hubieran avisado de que iban a pedir la intervención de los correos de los investigados en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Horas después, Leonardo Marcos le convocó a otra reunión junto al DAO, el jefe de la UCO y el entonces jefe de la Policía Judicial. En ese encuentro, volvió a reprocharles haberse enterado por terceros de esa petició en la que, según el entonces director general de la Guardia Civil, “se hacían presunciones falsas”. “El Director General concluyó indicando que se elaborará cuanto antes el informe de los correos, en el que se concluyera “que no había nada” y, si había que dejar a personal de UCO sin vacaciones, que así se hiciera”, aseguró López Malo en su declaración.
Los dos ex responsables de la UCO aludieron a ese encuentro después de que sus antiguos compañeros le preguntaran si tenían conocimiento de episodios relacionados “con las causas en las que se investigan hechos vinculados al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno”, en los que se le hubieran “transmitido presiones políticas que provocaran algún tipo de actuación sobre los investigadores, ya sea para que hicieran o dejaran de hacer o, en su opinión, que pudieran transmitir algún tipo de presión sobre esos investigadores”. Las noticias sobre las supuestas presiones a los agentes de la UCO han llegado a la Audiencia Provincial de Badajoz, donde se celebra desde la semana pasado el juicio a David Sánchez, al exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas. En la sesión de la tarde, en la que tenían que declarar siete agentes de esta unidad que participaron en el rastreo de miles de correos electrónicos que impulsó las pesquisas -por la mañana lo habían hecho el propio teniente coronel Balas y un capitán a sus órdenes-, el abogado Javier María Pérez Roldán, que ejerce la acusación popular en nombre de Hazte Oír, pregunto a dos de los guardias civiles si habían recibido durante su trabajo “algún tipo de presión”. “No, ninguna”, fue la respuesta inmediata de ambos, informa Óscar López-Fonseca.
EL PAÍS se ha puesto en contacto con Leonardo Marcos, que actualmente ejerce en la embajada española en Washington, donde eerce como director de comunicación. “Declino hacer comentarios”, dijo el diplomático, informa Iker Seisdedos. “Desde septiembre de 2024, tengo otro cometido, y ese cometido está en la Embajada española en Washington”. Marcos fue director de la Guardia Civil entre el 13 de junio de 2023 y el 17 de septiembre de 2024. Un mes después de su cese, compareció en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde aseguró que nunca estuvo informado de esa investigación ni de ninguna otra: “Entre las funciones de director no está el seguimiento puntual y detallado de las muchas investigaciones de la Policía Judicial de la Guardia Civil” y que no leyó ningún informe del caso ―“no es mi costumbre leer informes que no van dirigidos a mí”―. También negó conocer a Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, y rechazó “total, absoluta y radicalmente” que él hubiera alertado a Koldo García de que estaba siendo investigado.
El general Yuste mencionó también una reunión acon el DAO de la Guardia otra reunión, mantenida el 16 de julio, a la que asistieron él, López Malo y Balas. Según el acta de su testimonio, el DAO les dijo que “en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo [...] bajo la indicación de “que nos pusiéramos de perfil”, debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa".
